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Y el presidente del gobierno se puso la toga. Para decidir él, sin encomendarse a ningún otro poder, qué es delito y, sobre todo, qué no lo es. Con su sentencia “el independentismo catalán no es terrorismo” ha querido enviar un doble mensaje: Calmar a Junts para asegurarles que quienes cometieron delito de terrorismo se librarán de la pena de cárcel (‘tranquil, Carles, tranquil’) y, de paso, coaccionar a los jueces como nunca se había visto en este país.
“Y así lo van a concluir los tribunales” se atrevió a decir dejando entrever los tics chavistas con los que tan cómodo se siente Rodríguez Zapatero y que tanto preocupan al mundo de la judicatura. Con la coletilla “lo sabe todo el mundo” como nueva fuente de Derecho, Sánchez se ha permitido adelantarse a la labor de los jueces que están instruyendo las causas de terrorismo, sustituyéndolos.
Claro que el independentismo no es terrorismo ¿Quién penaliza la ideología en España? Pero quienes están siendo investigados por haber cometido actos de terrorismo son independentistas. El orden de factores sí altera el producto, en este caso, Presidente. Seguro que los jueces están de acuerdo con este axioma. Pero no están instruyendo causas por razones ideológicas, sino por delitos. Individuales. No por haberse declarado independentistas, sino por haber vulnerado las leyes y haber violentado la convivencia en Cataluña.
Los jueces están instruyendo diligencias. Déjenlos en paz, desde el gobierno y sus aliados. Que bastante tienen ya con aguantar los ataques ‘ad hominem’ de los diputados secesionistas, en sede parlamentaria, ante la impasibilidad de la presidenta del Congreso y la inhibición del gobierno.
A Pedro Sánchez le sobran los jueces
El laberinto en el que nos ha metido Pedro Sánchez, en su negociación con el prófugo de la justicia, está lleno de maleza que él piensa desbrozar a golpe de legislación a la carta. Desde que Junts le dejó plantado con su proposición sobre la amnistía, sigue intentando retorcer la ley para favorecer a quienes presuntamente cometieron, entre otros, delitos de terrorismo. Es lo que tiene legislar a gusto del delincuente de Waterloo. Que los límites no existen y las exigencias no tienen fin.
Y que la tentación de seguir satisfaciendo al insaciable independentismo, le acerca más al Derecho penal de autor, basado en la clasificación de los tipos que investigan (la clase de delincuentes, el grupo a que pertenecen), que al tipo de delito cometido. Un concepto autoritario que se aplicó en la Alemania nazi y que se sitúa en las antípodas del derecho penal en un Estado democrático.
¿Qué es terrorismo? ¿Lo que diga el presidente del gobierno? ¿El Parlamento? ¿O los jueces? Las instrucciones judiciales están viendo indicios más que suficientes para acusar de terrorismo a los actos de sabotaje, saqueo de negocios, destrucción de mobiliario urbano y los brutales ataques a la policía en Barcelona. No fueron escenas de simples desórdenes callejeros. Si a la ‘kale borroka’ se le llamó terrorismo de baja intensidad, fue para diferenciarla de los tiros y las bombas lapa, pero fueron actos “terrorismo” al fin y al cabo.
¿Otra reforma del código penal?
Sigue el pulso entre Sánchez y Puigdemont mientras los dos ganan tiempo. La intención de reformar la ley, una vez se haya aprobado el actual redactado rechazado la pasada semana en el Congreso, está sobre la mesa de la Moncloa y Waterloo. ¿Otra reforma del Código Penal para que los delitos de terrorismo acaben en la misma papelera donde terminó el de sedición?
Lo peor de todo: que el hartazgo de los ciudadanos ante este juego de tahúres acabe provocando una animadversión hacia la política
Puigdemont no se fía de promesas planteadas con improvisación y nocturnidad. Que luego quedan los textos redactados “de aquella manera”, que diría Patxi López.
Pero en la Moncloa confían en que Puigdemont no vaya más allá. Que no vaya a dar la ‘espantada’ porque no es momento para romper la legislatura. Al prófugo le interesa, además de garantizarse su impunidad a través de la amnistía para volver a Cataluña y poder enfrentarse a ERC, el referéndum. Y volver al punto de partida de donde surgió todo el embrollo del ‘procés’.
La consulta la utilizará como almoneda de su apoyo a los presupuestos de Sánchez. Van a ser semanas de infarto, con la campaña electoral gallega de por medio. Puigdemont tiene miedo a los jueces. Sánchez tiene miedo al filtro de la Unión. Lo peor de todo: que el hartazgo de los ciudadanos ante este juego de tahúres acabe provocando una animadversión hacia la política.
