Regulación eficiente y energía barata, las palancas de la IA 

La semana pasada describía cómo la inteligencia artificial (IA) es una de las últimas promesas para mitigar los efectos de la reducción de la natalidad y el colapso demográfico que lastrarán el crecimiento económico en lo que queda de siglo, a través de un incremento notable de la productividad.  

Estamos asistiendo a una adopción masiva de IA generativa por parte de todo tipo de empresas y sectores. Las herramientas de IA ya se están utilizando para reducir los costes de la producción de energía, agilizar el análisis legal, acelerar en el desarrollo de fármacos, mejorar las condiciones de seguridad en las fábricas e identificar eficiencias logísticas, entre otros. Esto se suma a la aparición de sectores completamente nuevos como los vehículos autónomos, los sistemas de entrega con drones y la traducción instantánea de idiomas. 

La mayor parte de proyectos se enmarcan en alianzas estratégicas con grandes proveedores de IA como Microsoft, Google o Amazon. Pero si bien muchos de los usos más llamativos de la IA probablemente seguirán siendo exclusivos de las grandes plataformas, la tecnología también es prometedora para las pymes. La adopción de sistemas de IA permitirá a las pequeñas y medianas empresas agilizar tareas mundanas (pero a menudo costosas) como el marketing. 

Sin embargo, la velocidad a la que las innovaciones se difunden y adoptan en la sociedad depende no sólo de sus beneficios intrínsecos, sino también del entorno institucional y económico más amplio: barreras de entrada y salida, restricciones comerciales, capacidad para financiar las innovaciones, existencia de la infraestructura, incentivos fiscales, trabas burocráticas, etc.  

En movimiento

En la UE, la arquitectura de gobernanza de protección de datos es muy compleja, dando lugar a interpretaciones contradictorias en función del Estado. La reciente oleada de normativas comunitarias, encabezada por el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), el Digital Services Act (DSA) y el Digital Markets Act (DMA), ha puesto de manifiesto un escenario de hiperregulación en el sector.

Las dificultades en la aplicación de la normativa, unidas a la profusa actividad regulatoria de la UE, hacen que resulte muy complicado innovar sobre un terreno que parece estarse moviendo continuamente. Esta situación está llevando a empresas a detener el despliegue de proyectos en Europa. 

«La velocidad a la que las innovaciones se difunden y adoptan en la sociedad depende no sólo de sus beneficios intrínsecos, sino también del entorno institucional y económico más amplio»

El caso de Meta es paradigmático: tanto el Reino Unido como la UE cuentan con la misma normativa, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Sin embargo, los primeros han considerado que Meta puede entrenar su modelo IA generativa empleando datos compartidos en Instagram y Facebook sobre la base jurídica del interés legítimo y un sistema de opt-out.

Un marco adecuado de la UE

La UE, sin embargo, sigue sin llegar a una posición clara, lo que ha llevado a Meta a paralizar el avance de su proyecto en la UE. La base jurídica era exactamente la misma, pero claramente, la implementación de la normativa, derivada de una gobernanza muy diferente, es otra. 

Apple, por su parte, anunció su iPhone 16 con capacidad de IA el verano pasado, pero la tecnología no llegará a Europa. El gigante ha dicho específicamente que esto se debe a las complicaciones que la empresa enfrentaría bajo el DMA de la UE.  

Open AI también ha informado que Sora, su modelo avanzado para generar vídeos realistas a partir de texto, no estará disponible por el momento en el Espacio Económico Europeo. Sora estará en manos de los talibanes en Afganistán antes que de las empresas españolas y alemanas. Parece un chiste, pero no lo es.  

Es importante que los gobiernos europeos garanticen que sus regulaciones no impidan el surgimiento de mercados de datos. En la medida en que la regulación sea necesaria, debería proporcionar un marco para evaluar adecuadamente los riesgos y centrarse en el daño real, en lugar de meramente hipotético, al consumidor.  

Mejores políticas

Al mismo tiempo, hay una serie de medidas que la UE puede adoptar para proporcionar de manera proactiva la infraestructura digital y de datos subyacente que facilitará a las pymes dar el salto a la adopción de herramientas de IA. El conjunto de datos existentes en la UE está siendo infrautilizado, por lo que la compra de datos de entidades privadas y su transferencia a plataformas abiertas sería una mejor política que la imposición de obligaciones de intercambio de datos, que podrían socavar el incentivo de las empresas para producirlos en primera instancia. Es una idea similar a la idea de las compras de patentes de algunas vacunas por parte de las instituciones comunitarias.  

Otro de los principales obstáculos para la adopción de la IA es el alto grado de intensidad energética de los modelos generativos de IA. Según datos de Google, su IA consume alrededor de 2,3 teravatios/hora al año, o aproximadamente tanta electricidad como todos los hogares de una ciudad del tamaño de Málaga. Se prevé que para el año 2026 los ‘data centers’ alcanzarían un consumo eléctrico equivalente a la demanda eléctrica total de Japón, la cuarta mayor economía del planeta.    

«Es importante que los gobiernos europeos garanticen que sus regulaciones no impidan el surgimiento de mercados de datos»

Incluso ciudades como Ámsterdam y Dublín han impuesto moratorias a la construcción de nuevos centros de datos en los últimos años, principalmente debido a la falta de infraestructura eléctrica para respaldarlos. 

España tiene todos los factores clave para la ubicación de centros de datos. El suministro eléctrico y el acceso a fuentes de energía solar fotovoltaica y eólica, junto con las grandes parcelas de suelo disponible, podrían convertir a España en el nuevo enclave tecnológico para el desarrollo de ‘data hubs’.   

A largo plazo, la IA podría beneficiar enormemente a los países en los que se prevé una reducción de la población activa, a través de un aumento de la productividad. Pero para ello, Europa y España necesitan dos piezas clave: regulación eficiente y energía barata.