La reforma de la administración catalana: tres promesas de impacto
Cataluña ocupa el lugar 137 de las 210 regiones europeas en cuanto a la calidad institucional, con un valor muy por debajo de la media
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En las últimas décadas, la Generalitat de Catalunya no ha llevado a cabo ninguna iniciativa de calado para reformar su administración pública. Así lo constata el hecho de que el Gobierno no ha definido ni proyectado ningún modelo propio de dirección y función pública. Esto comporta sufrir graves dificultades para impulsar el modelo organizativo eficiente que los ciudadanos y las empresas necesitan.
Ya en las últimas legislaturas del Gobierno Pujol hubo diversos intentos de poner al día la estructura y el funcionamiento de la Generalitat. También lo intentó el Gobierno Tripartito y luego el de Artur Mas. Lo cierto es que el sector público apenas ha cambiado, mientras que la sociedad sí lo ha hecho.
El PSC se presentó a las elecciones del 12 de mayo con un programa en el que se comprometía a “transformar el conjunto del sector público de Catalunya”. Si bien en los acuerdos para la investidura firmados con ERC y Comuns, este asunto quedó orillado por el nuevo modelo de financiación, en su discurso de investidura, Illa sostuvo que “Catalunya necesita una reforma de la administración pública para ofrecer unos servicios que nos permitan competir en condiciones de igualdad”. En campaña, se refirió a un potencial Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública y Transformación Digital, que debería elaborarse a partir de “consensos amplios y mirada larga” y con la implicación de todos los agentes sociales.
Según los datos Worldwide Governance Indicators (WGI) del Banco Mundial, se puede afirmar que España ha sufrido un importante descenso en su calidad institucional desde 2003: ha pasado de la octava a la 18 posición y es el país con el retroceso en calidad institucional más grande de Europa. A este hecho, hay que añadir los resultados del estudio anual del Instituto de Calidad del Gobierno de la Universidad de Göteborg, publicado en abril de 2021.
Los resultados en cuanto a Catalunya son demoledores. En el ranking, Catalunya ocupa el lugar 137 de las 210 regiones europeas, con un valor muy por debajo de la media. Si limitamos el contraste a España, obtiene el peor resultado de las 17 comunidades autónomas.
Concretamente, en su programa electoral, los socialistas centraban la reforma de la administración en tres pilares clave: una reducción sustantiva de la burocracia, la profesionalización de la dirección pública y la introducción de sistemas de evaluación de los servicios prestados.
Reducir la burocracia
Empecemos con la primera propuesta, la lucha contra el frenesí burocrático. El número medio (anual) de normas aprobadas en Catalunya es de 772. El resultado de la desconfianza ciudadana hacia las administraciones públicas, fruto de los múltiples casos de corrupción de la última década, ha sido la expansión de la regulación defensiva: procedimientos cada vez más complejos que, al paralizar la administración, hacen necesarias dispensas discrecionales, dando aún más poder organizativo a quien otorga la dispensa, en un contexto de creciente rigidez e ineficacia de la administración. Esto a su vez degrada aún más la confianza de los ciudadanos en las instituciones, generando un ciclo vicioso.
La hiperregulación crea inseguridad jurídica, lastra la actividad económica, destruye ocupación (especialmente de pymes), erosiona la competitividad empresarial y reduce la competencia, la productividad y la innovación. Veremos en qué se concreta el plan del gobierno, pero la reducción de la carga burocrática es una reforma ciertamente relevante.
Profesionalizar la dirección pública
La profesionalización de la dirección pública es la segunda gran reforma de calado del plan de transformación del sector público. El Ejecutivo catalán cuenta hoy con más de 500 altos cargos, eventuales, directivos del sector público y otros cargos de confianza que dependen directamente del nombramiento discrecional por parte del gobierno de turno. En el Reino Unido serían 50.
Solo la cultura patrimonial y la visión estrecha de una política de corto plazo pueden justificar que con cada cambio de gobierno o de consejeros se renueven los equipos directivos que comienzan, así, a aprender sobre una hoja en blanco. Costes elevadísimos en tiempo, en políticas y en dinero. También en (peores) servicios a la ciudadanía. La profesionalización de la alta dirección pública (directores generales, subdirectores generales o directores de entes y empresas públicos), según los principios de capacidad, mérito y concurrencia, mejoraría significativamente la calidad institucional a largo plazo.
Evaluar los servicios prestados
El tercer elemento imprescindible para mejorar la calidad institucional es la evaluación independiente de políticas públicas, es decir, el establecimiento de mecanismos e instancias permanentes que se comprometen con la rendición de cuentas. ¿Cuánta gente tiene el problema? ¿Cuánta gente se prevé que lo tenga en el futuro? ¿La intervención pública mitigará el problema? ¿Conseguirá sus objetivos? ¿En qué magnitud? ¿Qué indicadores de medida se usarán? ¿Dispondremos de datos de calidad abiertos a grupos de investigación? ¿Cuáles son los principales beneficios, costes y riesgos de las medidas? ¿Existen políticas o soluciones alternativas que puedan tener resultados similares con un coste más bajo?
El Ejecutivo catalán cuenta hoy con más de 500 altos cargos, eventuales, directivos del sector público y otros cargos de confianza
Toda política pública tiene que ser evaluada antes (ex ante), durante (in itinere) y después (ex post) de su introducción. En la actualidad, recordemos que ni las proposiciones de ley ni las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) ni las mociones y resoluciones parlamentarias requieren de un análisis del impacto normativo (AIN), lo que deteriora la predictibilidad y la razonabilidad de los cambios legislativos.
Las tres promesas del Gobierno Illa – el plan de choque contra la burocracia, la profesionalización de la dirección pública y la introducción de sistemas de evaluación – son reformas sustantivas que mejorarían la calidad institucional a largo plazo. ¿Se aplicarán o quedarán en meras promesas?
