¿De quién depende RTVE? Pues eso

La emisión del documental «7291» en TVE ha dejado claro que ya no valen disimulos a la hora de utilizar los medios públicos con fines partidistas. Se ha hecho siempre, es verdad, unos gobiernos más que otros, con más estilo o de forma más chusca, generando malestar y protestas entre los profesionales de la “casa”, o con su silencio cómplice. Y este último, su silencio, es quizá lo que más llama la atención, porque posiblemente marcará el devenir de la radiotelevisión pública en los próximos años:

A nadie se le escapa, ya que la existencia del ente solo tendrá sentido si sirve a los intereses del señorito que ocupe la Moncloa en cada momento, sea quien sea. Lo contrario, querer reivindicar la vuelta al servicio público cuando gobierna la derecha, será una reivindicación tan falsa como la que se hizo durante los famosos “viernes negros”.

Lo que se ha evidenciado con “7291” es la doble vara de medir que se emplea en la esfera pública y mediática. Aquellos que, en su momento, se vistieron de negro los viernes para protestar contra la manipulación de RTVE por parte del PP, aceptan ahora, e incluso promueven, la campaña de acoso del PSOE contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Quienes han protestado siempre contra la instrumentalización política de las tragedias no pueden permanecer ahora callados como si la cosa no fuera con ellos. Porque quien calla ahora, deberá hacerlo para siempre.

El documental se centra exclusivamente en la gestión de la pandemia en las residencias de Madrid, destacando los llamados «protocolos de la vergüenza» que, según se denuncia, impedían la derivación hospitalaria de ancianos con discapacidades físicas o mentales. No obstante, es esencial recordar que la pandemia afectó a todas las comunidades autónomas de España, y que muchas de ellas enfrentaron situaciones igualmente trágicas en sus residencias de mayores.​ Porque a fin de cuentas, si se quiere que Isabel Díaz Ayuso asuma la responsabilidad de lo ocurrido en Madrid, deberíamos exigir lo mismo a Pedro Sánchez por las muertes de toda España.

Pero en el documental se huye de algo que es fundamental en el buen periodismo: la contextualización de la noticia. Aquí no parece interesar nada situar las cosas en su contexto, no vaya a ser que se diluya la figura de Díaz Ayuso en el alto número de fallecidos que hubo en todas las comunidades autónomas.

Aquí no parece interesar nada situar las cosas en su contexto

Por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad de Madrid registró aproximadamente 21.360 fallecidos por COVID-19 hasta junio de 2023. Sin embargo, otras comunidades también sufrieron pérdidas significativas: Cataluña contabilizó alrededor de 15.700 fallecidos, y Castilla-La Mancha, con una población mucho menor, registró aproximadamente 6.000 muertes. Estas cifras evidencian que la tragedia no fue exclusiva de Madrid, sino que se extendió por todo el territorio nacional.

Además, la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes en algunas comunidades autónomas fue incluso superior a la de Madrid. Por ejemplo, a fecha de 23 de julio de 2020, Castilla-La Mancha presentaba una tasa de 149 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, mientras que Madrid registraba 127. Este dato sugiere que otras regiones también enfrentaron desafíos significativos en la gestión de la pandemia en sus residencias.​

La focalización exclusiva en Madrid por parte de «7291» y la omisión de contextos similares en otras comunidades autónomas no es más que una burda estrategia para centrar la responsabilidad política en una sola figura, en este caso, Isabel Díaz Ayuso. Esta narrativa selectiva se ha puesto al servicio de intereses partidistas que buscan erosionar la imagen de la presidenta madrileña, obviando que la crisis sanitaria fue un desafío global que afectó a todas las regiones por igual.​

La utilización de las víctimas de la pandemia como herramienta política es una práctica que debería ser rechazada por todas las fuerzas políticas y sociales, y especialmente por los profesionales de RTVE. Al igual que se criticó en su momento la instrumentalización de las víctimas del terrorismo con fines partidistas, resulta igualmente reprobable utilizar el dolor de las familias afectadas por la COVID-19 para atacar a adversarios políticos. Esta actitud no solo desvirtúa el debate público, sino que también falta al respeto a quienes han sufrido pérdidas irreparables.​

RTVE tiene la obligación de abordar una cuestión tan importante como las muertes por la COVID con responsabilidad, rigor y empatía. Prestarse a la instrumentalización política solo genera tensión social y política. Y para eso sobra una radiotelevisión pública.