¿Quién debe reducir la jornada laboral? 

El Ministerio de Trabajo se reúne esta semana con los agentes sociales para acabar de consensuar una reducción de la jornada laboral. La medida estrella de Yolanda Díaz para la legislatura vigente encara las horas decisivas tras recibir el primer ‘no’ de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

El 22 de febrero de 2024, el Pleno del Congreso aprobaba una proposición no de ley de Sumar para impulsar la reducción de la jornada máxima legal de trabajo con el único voto en contra de Vox y la abstención de PP y Junts per Catalunya. La proposición instaba al Gobierno a modificar el Estatuto de los Trabajadores y las disposiciones pertinentes, para incorporar una reducción de la jornada de aplicación progresiva, empezando por fijar un tope de 38,5 horas efectivas en 2024 y culminando con una jornada máxima semanal de 37,5 horas. 

Sin embargo, la propuesta más reciente del Ministerio de Trabajo incluye un mayor margen para distribuir irregularmente la jornada laboral en 2025, con el objetivo de facilitar que las empresas de sectores como la hostelería o la agricultura puedan concentrar más horas de trabajo en determinados momentos del año. La CEOE también ha presentado diversas peticiones como dotar de mayor flexibilidad a las micropymes o ampliar el plazo de entrada en vigor de la reducción a la vigencia de los convenios colectivos, lo que situaría el cambio alrededor de 2028.  

Mayor productividad, menos horas trabajadas

Según cálculos de Fedea, la puesta en marcha de la medida cambiará las condiciones de trabajo del 67% de los trabajadores, algo más de 14,2 millones de ocupados, o al 74% de los trabajadores protegidos por convenio, todos ellos con jornadas superiores actualmente a las 37,5 horas semanales. 

La disminución de la jornada laboral no ha sucedido históricamente de forma brusca a partir de los cambios normativos, sino gracias a los aumentos de productividad empresarial. Conforme las economías se han ido haciendo más productivas a lo largo de los últimos doscientos años, el número de horas trabajadas ha disminuido progresivamente.  

La evidencia de los países de la OCDE en las últimas seis décadas es clara: cada 10% de aumento de la productividad está asociado a una reducción de un 3% de las horas trabajadas. De acuerdo con este resultado, si España cerrase la brecha de productividad con las economías más avanzadas, las horas trabajadas descenderían un 12%. A finales del siglo XIX, en España el número de horas trabajadas al año por trabajador eran 3.000 de media, mientras en el primer trimestre de 2024 fueron 1.713.  

La relación de causalidad se invierte: la productividad aumenta como respuesta al incremento del coste laboral, pero disminuye el empleo y la actividad

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre de 2024 las horas trabajadas habituales en España para el total de ocupados fue de 37,6 horas semanales de media, casi 4 horas menos que en el segundo trimestre de 1987. En el caso de las mujeres, la rebaja en este periodo ha sido de casi 3,7 horas, hasta las 35,2 horas semanales, y la de los hombres, de 2,9 horas, hasta las 39,7 horas. A nivel sectorial, la agricultura es aún el sector con jornadas más extensas, por encima de las 42 horas, mientras que los servicios son los que presentan jornadas más cortas, alrededor de las 36. 

Las ganancias de productividad por ocupado permiten que trabajadores y empresas puedan negociar la distribución de estas mejoras entre aumentos de los salarios o reducciones de la jornada laboral, sin que se produzca un repunte del desempleo. De hecho, en las empresas españolas más productivas la negociación colectiva ya ha llevado a jornadas laborales de 37,5 horas semanales o incluso menos.   

Efectos indeseados

Sin embargo, cuando el recorte de la jornada laboral viene causado por un cambio regulatorio como el que plantea el gobierno, sin una mejora previa de la productividad, se produce un incremento del coste laboral, que incentiva la sustitución de trabajo por capital. La relación de causalidad se invierte: la productividad aumenta como respuesta al incremento del coste laboral, pero disminuye el empleo y la actividad. En un estudio reciente, BBVA Research estima que el impacto de la medida impulsada por el gobierno implicaría un aumento de los costes laborales unitarios del 1,5%, y restaría en torno a 7 décimas al crecimiento medio anual del PIB. La  tasa de paro aumentaría unas 8 décimas. 

Además, la medida podría conllevar efectos indeseados como el probable aumento en el uso de las horas extraordinarias; la compensación de la reducción con más días de vacaciones sin un cambio real de las jornadas laborales; la expulsión del tiempo de trabajo efectivo de pausas o permisos o el aumento de contratos a tiempo parcial de pocas horas. 

España se encuentra todavía lejos del promedio del resto de países de la Unión Europea en tasa de ocupación y productividad laboral, que ha ido incluso divergiendo en las dos últimas décadas. La diferencia con Europa se ha ampliado desde el inicio de la recuperación hasta rozar el 22% en 2018. Reducir estas brechas requiere políticas que permitan reducir la segmentación del mercado laboral; la alta incidencia del subempleo o del empleo a tiempo parcial no voluntario; y la demografía empresarial de la economía española, caracterizada por la prevalencia de organizaciones de dimensión reducida y poco intensivas en capital tecnológico.  

En definitiva, España necesita mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, favorecer la competencia de los mercados y la inversión en capital tecnológico, y dotar de la flexibilidad necesaria para que el empleo y el capital vaya a las empresas más productivas. Esta vía, si bien no permitiría a la Ministra salir en la foto, es la mejor manera de asegurar que la jornada de trabajo se reduzca gradualmente, con mayores aumentos salariales y creación de empleo.