¿Qué necesidad, Cándido?

El choque frontal entre la Justicia ordinaria y un tribunal superior como el Constitucional, por el empeño de Cándido Conde Pumpido en presionar a la Audiencia sevillana para que no ejerza su derecho de plantear una cuestión prejudicial en Europa, es inédito en el mundo de la judicatura de nuestro país. Pero es el santo y seña de las legislaturas de Pedro Sánchez en donde la mayoría de despropósitos se suceden por primera vez.

Nunca antes el enfrentamiento judicial había llegado tan lejos. No existe precedente de que el Tribunal Constitucional haya intentado alguna vez frenar una consulta de jueces españoles ante Europa. También es verdad que nunca antes una Audiencia provincial se había atrevido a plantarse ante un tribunal de garantías que últimamente se ha enfundado en el papel de un tribunal de casación, pasando por encima del Supremo.  

Si los cinco magistrados de la Audiencia de Sevilla han decidido acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para saber si el Constitucional se extralimitó con su interpretación alternativa a las sentencias de la justicia provincial y del Supremo que condenaron a Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán, entre otros ex cargos socialistas de la Junta de Andalucía, por el uso fraudulento de los ERE (un desvío de casi 700 millones de euros), es porque saben que el derecho comunitario prevalece respecto de cualquier disposición de los derechos nacionales de los Estados miembros. 

Conde Pumpido no puede impedir que un tribunal inferior le cuestione

Lo que está pretendiendo el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, es acallar a los jueces sevillanos para que no dejen en evidencia sus últimas sentencias que han echado por tierra las condenas sobre uno de los escándalos mayores de corrupción de la democracia española.

Pero los magistrados andaluces no se arredran y la duda que quieren trasladar, en su cuestión prejudicial ante el tribunal de Luxemburgo, es si el hecho de que un Tribunal Constitucional suplante a los ordinarios es conforme a la normativa europea.

Si las sentencias del tribunal que preside Conde Pumpido vulneran las normas europeas sobre la protección del patrimonio público y si son contrarias a las exigencias europeas en la lucha contra la corrupción. Si una resolución del Constitucional  fuera considerada contraria al derecho comunitario no puede obligar al tribunal inferior a aplicarla. Por eso se han plantado los jueces de Sevilla. 

Porque consideran que el Constitucional, lejos de limitarse a valorar si se vulneró algún derecho fundamental de los condenados por corrupción, reescribió los hechos, reinterpretó las pruebas y suplantó a los tribunales ordinarios y, de paso, al Supremo. En realidad, la jurisprudencia del tribunal de Luxemburgo no ofrece dudas.

«No existe precedente de que el Tribunal Constitucional haya intentado alguna vez frenar una consulta de jueces españoles ante Europa»

Se opone a que las normas de un Estado miembro obliguen a los jueces nacionales a respetar resoluciones de un Tribunal Constitucional si éstas son contrarias al derecho de la Unión. 

Que nadie perturbe la paz de Sánchez en La Moncloa

Así están las espadas en alto porque a Conde Pumpido no le ha salido bien, de momento, su intento de acallar a los jueces sevillanos. El primer informe interno del TC asegura que impedir la cuestión prejudicial de la Audiencia de Sevilla por la sentencia de los ERE “podría suponer una infracción del principio de independencia judicial”. Más claro, agua. Conde Pumpido no puede impedir que un tribunal inferior cuestiona su sentencia.  

Pero el pulso va a seguir hasta las últimas consecuencias. El presidente del Constitucional no está dispuesto a que se cuestione su procedimiento y mucho menos que nadie le acuse de haberse extralimitado en sus funciones por haber usurpado al Supremo sus funciones casacionales con el único objetivo de favorecer los intereses de los socialistas y que nadie perturbe la paz de Sánchez en la Moncloa. Veremos hasta donde llega el fuego cruzado.

Conde Pumpido no puede salir muy bien parado. Pero si los magistrados persisten en la defensa de sus sentencias, el Presidente del Constitucional no va a desfallecer porque está al mando de una operación de mayor calado que no persigue otro objetivo que el de sentar  un precedente para la amnistía que no le acaba de llegar a Puigdemont porque el Supremo impidió su aplicación al delito de malversación. Conde Pumpido se seguirá metiendo en todos los charcos con tal de blindar sus decisiones sobre los Ere y la amnistía frente a Europa.  

¿Qué necesidad tiene Cándido de arrastrar su toga, a dos años de su jubilación, exponiéndose a terminar su carrera con el deterioro progresivo de su credibilidad, quedando como un servidor sin escrúpulos al servicio del presidente del Gobierno? Pero Sánchez no le permitirá dar marcha atrás. Lo necesita para que siga con sus maniobras, más propias de un comisario político, para defenderle, entre otras cosas, del cerco judicial al que su entorno está sometido ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso.