Las pymes y autónomos tenemos que movilizarnos para defender nuestros derechos

Ha llegado la hora de que las pymes y autónomos de nuestro país salgamos a la calle a defender nuestros derechos ante las políticas antiempresa que están lastrando nuestro futuro y viabilidad.

Estamos viendo cómo la ministra de Trabajo está destruyendo el Diálogo Social, que es el pilar fundamental de la democracia y un componente esencial del modelo social europeo.

Asistimos a una imposición por ley de la reducción de la jornada de trabajo dejando de lado a los que pagan la fiesta, que son los empresarios. Pero realmente, lo que está pasando, es que nos enfrentamos a una notable subida salarial sin contrapartida, tanto en los empleados fijos y a tiempo completo, como en los empleados a tiempo parcial. 

Es necesario recordar que la reducción de jornada viene aplicándose en la negociación colectiva desde hace muchos años. Convenio a convenio, negociación a negociación y adaptándose según las particularidades de cada sector y el tamaño de empresa, para que no tenga efectos negativos. Pero eso no tiene rentabilidad política. 

La subida del SMI

Se trata de la misma imposición que en la indexación del salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio. Cada vez que sube el SMI, sube el salario medio y, por lo tanto, debe volver a subir el SMI para situarse en ese 60%. Un juego de magia.  

El salario mínimo ha pasado de 736 euros en 2019 a 1.184 en 2025, un 61% más. El impacto de estas subidas ha afectado a los contratos públicos que suelen prolongarse durante varios años.

Las adjudicatarias, por ejemplo, de contratos de servicios, en muchos casos pymes y autónomos, han visto disparados sus costes de personal sin poder repercutir el incremento a los organismos adjudicadores. Es perverso que mientras el Gobierno impone a las empresas estas subidas del SMI, luego él mismo no las cumple en los contratos públicos.

«La reducción de jornada viene aplicándose en la negociación colectiva desde hace muchos años»

Las empresas se ven obligadas a ejecutar sus compromisos con las administraciones con pérdidas o con mínimos márgenes, ya que los precios se pactan al inicio de la relación contractual, no es posible repercutir las variaciones salariales en los acuerdos y no puedes salirte de ese contrato mientras no haya un nuevo concurso público. Esto provoca que miles de pymes estén cautivas de la administración trabajando a pérdidas, y socaba la calidad de los servicios. 

Condiciones dignas

Es evidente que la subida del Salario Mínimo Profesional (SMI) y la reducción de la jornada laboral, tal como lo impulsa el Gobierno, tendrán efectos muy negativos para nuestra economía. 

Los empresarios no nos oponemos a ninguna de las dos medidas, pero cuando se toman decisiones de tanto calado sin consenso, sin medir las consecuencias, sin procesos adaptativos y abocando a muchas pymes al cierre, no podemos mantenernos de brazos cruzados. 

«Mientras el Gobierno impone a las empresas estas subidas del SMI, luego él mismo no las cumple»

Para justificar lo injustificable de no contar con las opiniones empresariales, anuncian que admitirán enmiendas, sobre ayudas a empresas de pocos trabajadores y sobre plazos de aplicación de la ley. Los empresarios no queremos limosna, queremos simplemente trabajar con las condiciones adecuadas que nos permitan crecer y generar empleo. 

No queremos que la ministra de Trabajo se meta dentro de las propias empresas y decida por ellas cómo organizar su trabajo, con la excusa del supuesto bien común, pero que solo obedece a sus necesidades políticas. 

Registro de jornada

Para más control, todas las compañías, sin importar su tamaño, estarán obligadas a adoptar un sistema digital de registro horario accesible tanto para los empleados como para la Inspección de Trabajo y los sindicatos, permitiendo así una supervisión remota y en tiempo real.  

El acceso automático y remoto al registro de jornada supone una vulneración del derecho a la libertad de empresa, a la privacidad y, al mismo tiempo, conlleva una presunción implícita de incumplimiento empresarial en materia de jornada que es inadmisible.

Esta es otra imposición que tampoco establece ayudas o subvenciones a las PYMES para promover la implantación de los nuevos sistemas de registro digital. Y tampoco se ha previsto que la desconexión digital sea negociable en perfiles de alta responsabilidad.

Se está incurriendo en una flagrante inconstitucionalidad, por intromisión en la vida de las personas con el acceso directo de funcionarios del Gobierno, sin garantías, al obligatorio registro horario en todas las empresas. Conocido el mal uso que en España se da a la información privada que atañe a personas, el que un cualquiera pueda conocer estos datos sin limitaciones es, simplemente, una injerencia insoportable en los derechos individuales. 

«El acceso automático y remoto al registro de jornada supone una vulneración del derecho a la libertad de empresa»

Si sumamos todo esto a la inseguridad jurídica a nivel laboral y a un contexto regulatorio y fiscal poco favorable a la creación y crecimiento de empresas, el futuro que nos espera no es nada positivo. 

Si queremos recuperar el orgullo y el prestigio de ser empresarios promoviendo el compromiso de los trabajadores con nuestros proyectos, no podemos permitir que nos enfrenten, que nos criminalicen, y que nos engañen diciéndonos que trabajando menos tendremos mayor prosperidad.

Cuando se cambia la cultura del esfuerzo por la de las ayudas públicas, cuando alentamos más el subsidio que el emprendimiento, y desde el poder se nos dice que trabajando menos seremos más felices, entramos en una dinámica que tendrá un horizonte muy oscuro.