Propiedad y libertad

La libertad desaparece si no se respeta la propiedad privada. Nos los demostró Richard Pipes en su magnífica obra Propiedad y libertad. Dos conceptos inseparables de la historia (editorial Turner, 2002). Tras estudiar la evolución de diferentes sistemas políticos, este catedrático de Harvard, que fue toda una autoridad sobre la URSS, concluyó que “existe una conexión íntima entre las garantías públicas de la propiedad y la libertad individual: que mientras que la propiedad en ciertas formas es posible sin la libertad, lo contrario es inconcebible”.  

Es importante recordarlo en estos momentos en los que la libertad individual se ve atacada en España desde diferentes frentes. Ya hemos destacado en diferentes ocasiones cómo el sanchismo supone una amenaza para las instituciones de la democracia liberal. En su masa electoral se ha generado una cultura populista que cree legítimo gobernar “sin el concurso de un poder legislativo” o usar la televisión pública y la Fiscalía General del Estado para atacar a la oposición democrática. 

No se esconden. Presumen de la eliminación de los límites y los contrapoderes. Ahora el PSOE premia a presentadores de TVE por su “independencia” periodística como antes premiaron con indultos y amnistía a los sediciosos de la independencia catalana. Se equivoca quien crea que el populismo es solo demagogia y confrontación retórica. El populismo es también un programa político que pretende poner todas las instituciones al servicio del poder ejecutivo. El líder (aka “puto amo” o “número 1”) debe ser omnipotente.  

Así pues, más allá de socavar las instituciones democráticas, el populismo también pretende una sociedad débil y dócil. Para ello, estimula la discordia con sus muros y sus artificiales batallas culturales, pero también ataca la propiedad privada, porque esta es baluarte de la libertad. “El derecho de propiedad no garantiza en sí y de por sí los derechos y libertades civiles. Pero, históricamente, ha sido el mecanismo más efectivo para asegurar ambas cosas, porque crea una esfera autónoma en la que, de mutuo acuerdo, ni el Estado ni la sociedad pueden incurrir en usurpación”, escribió Pipes. 

«La vivienda es hoy uno de los grandes problemas de los españoles, porque así lo ha querido la izquierda»

El historiador también sabía que “la agresión sobre los derechos de propiedad no siempre es evidente, porque se lleva a cabo en nombre del “bien común”, un concepto elástico, definido por aquellos a cuyos intereses sirve”. Es el maldito relato. El marxismo ha cambiado de vocabulario, pero sus intenciones se mantienen intactas. La antigua lucha de clases es, en este siglo, la política de la identidad o el conflicto, políticamente incentivado, entre diferentes colectivos.  

Para muestra un botón. La vivienda es hoy uno de los grandes problemas de los españoles, porque así lo ha querido la izquierda. Han estimulado una guerra entre inquilinos y propietarios que perjudica a todos -menos al gobierno- y agrava la escasez de vivienda asequible.

No ofrece soluciones. Simplemente busca chivos expiatorios para perpetrar más regulaciones: los grandes tenedores, los fondos de inversión, los extranjeros, los turistas… Es esta, en realidad, una guerra contra la propiedad y, por lo tanto, contra la libertad y la prosperidad. 

Reducir la oferta de vivienda es un proyecto político de la izquierda para generar dependencia. Esta quiere una generación perdida de jóvenes sin capacidad de compra y de ahorro. Quiere una masa mendicante que ofrezca su voto a cambio de un pisito. Y todas sus políticas van en esa dirección. Sin ir más lejos, Barcelona es el epítome de esta política de la dependencia. Envueltos en un discurso de apariencia social, pero de fondo puramente socialista, pretenden dificultar el acceso de los jóvenes a la propiedad de una vivienda. 

«Los recursos públicos derrochados en contentar a los lobbies colauistas podrían haberse destinado a ayudar a decenas de familias vulnerables de verdad»

No se trata de políticas mal ejecutadas. Se trata de políticas con malas intenciones. Un ejemplo es la famosa reserva del 30 % que supone una barrera insalvable para la construcción y la reforma. Elimina la oferta y empeora la calidad. El gobierno municipal conoce y reconoce las consecuencias de esta norma, pero la mantiene. La compra de la Casa Orsola es otro ejemplo. El gobierno de Jaume Collboni sabe perfectamente que esta política genera incentivos perversos. Incentiva la estafa de la inquiokupación.  

Los recursos públicos derrochados en contentar a los lobbies colauistas podrían haberse destinado a ayudar a decenas de familias vulnerables de verdad. Sin embargo, se prefiere el uso arbitrario del poder para generar inseguridad jurídica, penalizar a los propietarios y reducir la oferta de vivienda en la ciudad.

Ese es también el objetivo del control de los precios de alquiler. Una vez más, eliminan la oferta y empeoran la calidad. Ante las políticas de confiscación encubierta, las viviendas con mejor relación calidad-precio desparecen del mercado. 

Pipes remata su obra de la manera más sabia, es decir, con algunas citas extraídas de La democracia en América de Alexis de Tocqueville que bien parecen vaticinios sobre los actuales gobiernos. Estos estarían cubriendo “la superficie de la sociedad con una red de regulaciones pequeñas y complicadas, diminutas y uniformes, que ni las mentes más originales ni los individuos más enérgicos pueden desentrañar”.

Así, escribía el genio francés, “la voluntad del hombre no se quiebra, sino que se reblandece, se somete y guía; apenas se obliga a los hombres a actuar por su voluntad, pero constantemente se les restringe su actuación: un poder semejante no destruye, sino que impide la existencia; no tiraniza, pero comprime, exaspera, extingue y atonta al pueblo, hasta que cada nación queda reducida a tan sólo un rebaño de tímidos e industriosos animales, cuyo pastor es el gobierno”. Y Pipes se pregunta: “¿Es lo que queremos?”