Prohibir lo innecesario, permitir lo inaceptable 

Un ayuntamiento que primero es incompetente por carecer de política de vivienda y luego reacciona atacando al sector privado, sin responsabilidad alguna sobre el fracaso de los gobernantes, es un peligro para la ciudadanía y para sí mismo.    

Barcelona cuenta a día de hoy con 10.000 pisos turísticos, 27.000 inmuebles okupados y otros 9.000 deshabitados.

Solo el 1% del parque de viviendas de la Ciudad Condal se dedica a alojamiento turístico, pero las autoridades locales han decidido maquillar su fracaso en política de vivienda señalando al sector privado y prohibiendo su actividad.  

Varios turistas con maletas en el centro de Barcelona. Foto: David Zorrakino / Europa Press

Decretar que la culpa es de otros y castigarlos cerrando su negocio no es gratis. 40.000 empleos se verán cuanto menos cuestionados cuando no eliminados y la propia administración municipal perderá 58 millones de euros, algo más de un tercio de lo que destina anualmente a vivienda.  

Es más, dado que los pisos turísticos suponen cerca del 40% de la oferta de alojamiento en Barcelona, en gran medida debido a las restricciones para construir hoteles dictadas durante el mandato Colau, el cierre de los apartamentos supondrá una caída de visitantes que impactará sobre el comercio de proximidad, con el que tanto se llena la boca el ayuntamiento, y la hostelería. 

Los expertos señalan que cuando se prohíbe una actividad lo que florece es el mercado negro. El cierre de las empresas gestoras de apartamentos supondrá, en consecuencia, más problemas para los vecinos y mayor dificultad para resolver dichos problemas.       

Un ayuntamiento que primero es incompetente por carecer de política de vivienda y luego reacciona atacando al sector privado, sin responsabilidad alguna sobre el fracaso de los gobernantes, es un peligro para la ciudadanía y para sí mismo.    

En los últimos diez años el precio de la vivienda en Barcelona ha crecido un 43%, mientras el número de pisos turísticos se ha mantenido estable en 10.000. Con estas cifras en la mano, acusar a un sector económico de un problema de planificación pública es obsceno.    

En realidad, hoy hay muchos menos pisos turísticos que en el pasado porque las diversas regulaciones y los cierres han reducido en miles el número de inmuebles destinado a esta actividad.

La Barcelona de Colau

Si la justificación del gobierno Collboni para cerrarlos fuera cierta y el cierre llevara a una caída del precio del alquiler eso ya se habría producido en la última década y la realidad es que el proceso ha sido el inverso.  

Con el anuncio del cese de actividad de los pisos turísticos el ayuntamiento señala a un chivo expiatorio para quitarse la responsabilidad de encima. Mientras se prohíben los apartamentos turísticos y las terrazas se tolera la ocupación, el vandalismo y la inseguridad.

¿Qué tipo de administración es aquella que prohíbe lo legal y es tolerante con la delincuencia? Un ayuntamiento incapaz y perjudicial. La Barcelona de Colau no ha desaparecido, su teniente de alcalde hoy es alcalde y aplica sus mismas políticas.