Los problemas de subir el SMI sin considerar la edad o la región
La nueva subida del salario mínimo es, como de costumbre, una medida de brocha gorda
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La ministra de Trabajo Yolanda Díaz presentaba la semana pasada un aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) firmado con los agentes sociales. Un aumento del 5% en el 2024, hasta situarlo en 1.134 euros mensuales por catorce pagas.
Tras este incremento, el SMI habrá subido un 54% desde el 2018 cuando estaba situado en 735,9 euros. Así, España se convierte en el segundo país de la OCDE donde más ha aumentado el SMI en términos reales, tan sólo superado por Lituania. En este mismo periodo, sin embargo, España ha sido el país de la OCDE donde peor ha evolucionado la productividad, con una caída del 3,8%.
La evidencia económica sobre los efectos del SMI en el mercado de trabajo es mixta. Cuando se ubica por encima de la productividad marginal del trabajador, la consecuencia puede ser la destrucción de empleo (o la menor contratación). También cabe la posibilidad de que se intensifique la jornada laboral, que se recorten otros componentes de su remuneración presente o futura (supresión de beneficios, congelación salarial) o que aumenten los precios.
Sin embargo, en los denominados mercados laborales monopsónicos − caracterizados por la concentración de la demanda de trabajo por parte de pocas empresas −, un incremento del salario mínimo no solo no destruye empleo, sino que puede incluso crearlo (Azar et al, 2019 y Ahlfeldt et al, 2019).
El problema es que no todos los mercados laborales exhiben el mismo nivel de concentración y, por consiguiente, implantar un mismo salario mínimo homogéneo provocará que, en aquellos sectores más competitivos, este sí genere desempleo. Existen alternativas a los aumentos del salario mínimo para mitigar estos efectos como reforzar la intensidad competitiva de los mercados o fortalecer la negociación sindical.
Para el caso de España, el último estudio independiente encargado por el Ministerio de Trabajo al equipo de Iseak, liderado por la catedrática Sara de la Rica, estima que se dejaron de crear cerca de 29.000 puestos de trabajo, el equivalente al 1,9% de los trabajadores. El departamento dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz se había negado a publicar el estudio, pero gracias a una petición al Consejo de Transparencia del Instituto Ostrom, se vio obligado a difundirlo.
La ministra Díaz afirmó que “subir el SMI es la mejor herramienta para reducir la desigualdad”. Sin embargo, lo cierto es que la proporción de trabajadores que reciben el SMI por deciles de ingresos ha ido desplazándose desde 2016 hacia los deciles intermedios. En otras palabras, y como es de esperar, el efecto distributivo de las subidas del salario mínimo se irá diluyendo a medida que aumente su tasa de cobertura.
Cabe recordar que un aumento sustancial del salario mínimo no es garantía de reducción del riesgo de pobreza. La pobreza laboral en España se explica más bien por el bajo número de horas trabajadas y no tanto por el bajo salario por hora trabajada. De hecho, cerca de 6,5 millones de trabajadores perciben rentas inferiores al salario mínimo anual. Además, el salario mínimo tampoco incluye a los autónomos, un grupo sobrerrepresentado entre las personas con ingresos bajos, y entre los que perciben una retribución inferior al salario mínimo a tiempo completo.
Por otro lado, según el informe de Iseak, el aumento del SMI supuso un ligero aumento en la participación en rentas para mujeres y extranjeros, mientras que la participación de las personas jóvenes descendió en salarios levemente. Este último dato contrasta con las palabras del secretario general de UGT, que afirmaba la semana pasada que “la subida del SMI tiene cara de joven”. Aumentar el salario mínimo sin considerar la edad puede ser perjudicial para los trabajadores jóvenes menos cualificados, reduciendo el empleo y retrasando la entrada en el mercado laboral de los jóvenes que no pueden conseguir un empleo con un salario mínimo más elevado.
El efecto distributivo de las subidas del salario mínimo se irá diluyendo a medida que aumente su tasa de cobertura
Una propuesta razonable sería establecer diferentes SMI según la edad, como ya ocurría en España hasta mediados de los años noventa. El primer SMI, aprobado en 1963, ofrecía 1.800 pesetas al mes para los mayores de 18 y 1.200 para los mayores de 14, así como otro de 720 para aprendices, pinches y botones.
En España el salario mínimo hoy no distingue entre franjas de edad, lo que supone que, para menores de 18 años, en su gran mayoría no cualificados, el SMI es casi 400 euros más alto que en Holanda. Se podría introducir un SMI reducido para aquellos jóvenes que no tienen títulos posobligatorios, que son aprendices o que no han terminado aún los estudios, con el objetivo de fomentar su empleabilidad. En Reino Unido, por ejemplo, existe un SMI diferenciado: de las 4,35 libras por hora de 16 a 18 años a las 8,21 libras de los mayores de 25.
Lo mismo aplica a las diferencias interregionales en cuanto al impacto del SMI en el empleo y la masa salarial. Tiene poco sentido que se aplique un SMI homogéneo de 1.134 euros en Cataluña y Extremadura. En España, el criterio del Ministerio para definir el SMI es que alcance el 60% de la renta media bruta a nivel nacional, sin tener en cuenta las variaciones regionales.
La literatura indica que cuando el salario mínimo supera más del 60% del salario mediano – que representa mejor la dispersión salarial que el salario medio – (el llamado Índice de Kaitz) aparecen efectos no lineales en la destrucción de ocupación (Manning, 2019). Todas las comunidades excepto Madrid, Cataluña y Cantabria superan ya este umbral. La diferenciación del SMI permitiría fijar el SMI a niveles superiores en las comunidades con los salarios y los precios más altos, sin producir efectos indeseados en aquellas con salarios más bajos.
La nueva subida del salario mínimo es, como de costumbre, una medida de brocha gorda. Para evitar efectos indeseables, convendría considerar las diferencias por edad y por regiones; las consecuencias sobre el empleo, especialmente el empleo juvenil; y la importancia de aumentar la productividad antes de impulsar subidas salariales por decreto.
