Politizar el dolor
El verdadero interés de esta causa no debería ser otro que garantizar la defensa de las víctimas frente a sus depredadores
La prisión permanente revisable está en vigor en nuestro Código Penal. Desde que se introdujo la reforma, hace tres años, se ha aplicado en cinco ocasiones. Pero no ha evitado, desgraciadamente, este cruel asesinato.
Esta fue la respuesta de Pedro Sánchez a Pablo Casado en el Congreso de los Diputados cuando el líder de la oposición, al calor del asesinato de Laura Luelmo, pidió que no se derogara la máxima pena privativa de libertad. La contrarréplica del presidente del gobierno no pasó desapercibida.
Pretendía justificar la oposición de su partido a esta medida pero indignó a quienes sostienen que si los asesinos están en la calle hay muchas más probabilidades de que el porcentaje de este tipo de crímenes se incremente. Se lo dijo entre otros, vía tuit, el padre de Marta del Castillo. Pero el debate se volvió a abrir en sede parlamentaria con el foco desviado.
Los políticos deberían entender que esto no va de ideologías, sino de prevención del dolor
El caso del asesinato de la joven profesora, como el de otros en los que los criminales reincidieron en el delito, ha vuelto a enfrentar a los representantes políticos. En la sesión del Congreso dieron un espectáculo lamentable. Con cruces de reproches.
Los defensores de la prisión permanente se presentaban como los más humanistas. Los que reclamaban que la pena más dura no se derogue, calificados como los enemigos de las mujeres. Un despropósito. Sin darse cuenta de que esto no va de ideologías sino de prevención del delito.
Más allá de la medida que tanto divide ahora a los diputados, hay que preguntarse qué se debe hacer con los delincuentes incapaces de reinsertarse. Porque ya hemos visto que se han dado casos de reclusos a los que la prisión no les ha rehabilitado.
La primera ley contra la violencia de género se aprobó por unanimidad
Pero la tentación de politizar el dolor ha prevalecido sobre el verdadero interés de esta causa que no debería ser otro que garantizar la defensa de las víctimas frente a sus depredadores. La competencia partidista se exhibió con obscenidad en el hemiciclo.
Y se terminó por generalizar el enfoque. Siguiendo la estela de la consideración tan extendida en el feminismo mal entendido -«Los hombres nos matan»- Jone Belarra, de Podemos, le voceaba a Pablo Casado: «!Déjenos en paz a las mujeres! «.
Como si el PP no tuviera mujeres. O como si esta diputada pudiera arrogarse la representación de todo nuestro género. «La derecha nunca ha hecho nada en favor de las mujeres», clamaba la vicepresidenta Carmen Calvo.
Olvidándose de que la primera ley contra la violencia de género se aprobó por unanimidad. Es decir, con el consentimiento de todos. Y que el Pacto de Estado contra la violencia de género se firmó en 2017, con Dolors Montserrat como ministra impulsora.
La expresión talismán de polémicas tan vidriosas suele hacer referencia al momento en que se plantean. «No legislar en caliente». Pero puede ser un arma dialéctica de doble filo. La suelen repetir los progresistas para frenar cualquier endurecimiento del Código Penal.
Dado que la prisión permanente revisable está en vigor, derogarla ahora, pues, sería una medida ‘en caliente’. Utilizó ese recurso el padre de Diana Quer, asesinada en 2016, cuando se entrevistó con la ministra de Justicia para pedirle que la prisión permanente revisable «no se aboliera en caliente».
Si Pedro Sánchez, en su polémica intervención parlamentaria, se reservó cualquier acción del ejecutivo hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie, es porque conoce el estado de opinión.
Una opinión pública favorable
Sabe que existe una mayoría considerable y transversal a favor del endurecimiento de las penas. Ahí están las encuestas. Por mucho que se nos intente uniformar, las mujeres no tenemos un pensamiento único. Y ante crímenes como el de Laura Luelmo la opinión favorable al endurecimiento de las penas supera en porcentaje al de los hombres.
Si la prisión permanente revisable se está aplicando en tantos países de nuestro entorno europeo es para abordar casos en los que la rehabilitación no ha sido posible. Un asesino como el de Laura recién excarcelado después de haber cumplido una larga condena por asesinato y con antecedentes de violencia sexual.
¿Debió de haber sido sometido a vigilancia o no debió salir de la cárcel? Esa es la cuestión.