Paisaje tormentoso después de la batalla 

Paso el debate de investidura y en circunstancias normales un nuevo gobierno debería ser momento de expectativa, impulso reformista y esperanza de cambio, pero en esta ocasión no es así.  

Una vez se han conocido los pactos firmados por Sumar, Junts y ERC con el PSOE, las medidas intervencionistas desincentivadoras y la inseguridad jurídica son dos grandes nubarrones que suponen una amenaza inmediata para la marcha de nuestra economía. Juan Roig lo dejo claro durante el acto de reivindicación del Corredor Mediterráneo al afirmar que “si esta situación -en referencia a la evolución de la política española- se diera en Portugal congelaríamos nuestras inversiones”. 

Partidos de tradición burguesa como el PNV y Junts han entregado el poder al partido comunista, disfrazado de Sumar, y a un PSOE más cercano al colombiano Petro y al extremista francés Melenchon que a la socialdemocracia alemana de Scholz o la portuguesa del recientemente caído Costa.  

Los partidos tradicionalmente representativos de las clases dirigentes de los antaño motores económicos de España: Cataluña y el País han votado una investidura que lleva como trampa bomba un programa económico con la reducción de la jornada laboral, la reforma del impuesto de sociedades, un nuevo incremento del SMI y una catarata de impuestos y normas regulatorias que perjudican, sin duda ninguna, a los intereses de sus votantes.  

El frenazo de la economía catalana, que se aceleró, a partir del referéndum de 2014 y no ha recuperado el pulso, y el schock en el que puede caer el empresariado vasco cuando sus antaño extorsionadores, o sea, Bildu entre por la puerta de Ajuria Enea como resultado de las próximas elecciones autonómicas no es solo una pésima noticia para el empresariado vasco y catalán, lo es para toda España.  

El frenazo de la economía catalana y el schock en el que puede caer el empresariado vasco Bildu entre por la puerta de Ajuria Enea como resultado de las próximas elecciones autonómicas

Ahí no termina la tormenta que se ciñe sobre nuestras cabezas. Al seguro programa económico estatalizante del PSOE y Sumar hay que añadir la inestabilidad que los propios independentistas generaran con sus peticiones pasadas de frenada y de más que cuestionable constitucionalidad. Tensar el marco legal hasta meter una presión difícilmente soportable, cuestionar la judicatura y exculpar a delincuentes condenados es un síntoma de decadencia que los más optimistas podrán decir que es de efectos discutibles sobre la economía, pero pedir la entrega del 100% de los ingresos del Estado para una CC. AA, condonar decenas de miles de millones de deuda o permitir que un territorio actúe, en la práctica, como un estado libre asociado con barra libre para la deslealtad constante provoca, de forma consciente e inconsciente, salida de capitales y frena la llegada de inversiones.  

Las empresas utilizan cada vez con mayor frecuencia la inteligencia económica y los informes de seguridad jurídica para determinar la conveniencia y destino de sus inversiones. Les obliga el compliance y el sentido de la responsabilidad. Estos análisis tuvieron, sin duda, un peso definitivo para que, por ejemplo, la agencia europea del medicamento optará por Ámsterdam y no por Barcelona, a pesar de que la capital de los Países Bajos no tenía previsto ni un edificio donde albergar a los funcionarios. Lo que sucedió entonces tenemos el riesgo de que se repita con frecuencia ahora.  

Quizás, aunque tengo muy serias dudas, España de la mano de Sánchez y Díaz se convierta en un paraíso funcionarial y de gente con muchísimo tiempo libre para divertirse gastándose todo tipo de subsidios, pero no parece que esta arcadia feliz pueda durar mucho tiempo si no hay un contexto empresarial que sustente todo esto.