Una nueva agenda para la izquierda: del NIMBY a la abundancia 

“La historia del siglo XXI puede trazarse como una historia de inaccesibilidad y escasez. Después de años de negarnos a construir suficientes viviendas, estamos experimentando una crisis nacional en el mercado inmobiliario. A pesar de décadas de advertencias sobre las consecuencias del cambio climático, no hemos construido nada que se acerque a la infraestructura de energía limpia que necesitamos. Los proyectos públicos más ambiciosos terminan con retraso y superan el presupuesto previsto, cuando terminan. La crisis que se perfila actualmente se ha fraguado durante décadas, porque no hemos construido lo suficiente”. 

Este es un extracto del nuevo libro “Abundancia”, escrito por Ezra Klein, uno de los principales columnistas del New York Times, y Derek Thompson, redactor en The Atlantic y presentador del podcast de éxito “Plain English”. En su nuevo libro, a la venta desde la semana pasada, ambos narran cómo las soluciones de una generación se han convertido en los problemas de la siguiente.

Las normas y regulaciones diseñadas para resolver los problemas de la década de 1970 a menudo impiden los proyectos de densidad urbana y energía verde que ayudarían a resolver los problemas de la década de 2020. Las leyes que se suponía que garantizaban que el gobierno tuviera en cuenta las consecuencias de sus acciones han hecho que sea demasiado difícil actuar de manera eficiente y efectiva. En las últimas décadas, nuestra capacidad para ver los problemas se ha agudizado, mientras que nuestra capacidad para resolverlos ha disminuido. 

El libro explora cómo podemos pasar de un progresismo que se limita a preservar y redistribuir a un progresismo que construye. Klein y Thompson trazan los obstáculos políticos, económicos y culturales al progreso y proponen un camino hacia una política de la abundancia. Los autores son especialmente críticos con el Partido Demócrata norteamericano, que durante años ha priorizado lo que ellos denominan “el fetichismo del procedimiento” a los resultados de sus políticas.

Texas, Florida, Georgia u Oklahoma, todos en manos de los republicanos, construyen mucha más vivienda e instalan muchos más paneles solares que California con una administración demócrata. Y lo hacen porque la burocracia y las barreras regulatorias a la construcción son considerablemente menores. 

Después de leer “Abundancia” son sorprendentes los paralelismos que podemos trazar con la izquierda española. La paradoja del problema de la vivienda en nuestro país es que las administraciones, especialmente las de izquierdas, han dificultado y encarecido con un sinfín de ordenanzas y trabas burocráticas la liberación de suelo y construcción rápida de viviendas mientras promovían políticas (erráticas) destinadas a combatir los síntomas del problema (el alza de los precios que ellas mismas provocan). 

Se da la paradoja de que cuando la derecha madrileña intentó cambiar la Ley del Suelo para poder densificar los nuevos desarrollos y aumentar la edificabilidad, la izquierda se opuso, convirtiéndose de facto en los principales defensores de lo que se ha venido a llamar “La España de las piscinas”, apostando por densidades bajas que encarecen el precio del metro cuadrado.

De hecho, en Getafe, la normativa que redactó el PSOE en 2004 todavía establece la creación de un enorme mar de chalés al sur de Madrid. Los Gobiernos municipales socialistas y sus aliados no solo no están trabajando en impulsar centros alternativos con mezcla de usos que destensionen el mercado residencial, sino que, además, están obstaculizando y retrasando las propuestas existentes. 

Hablamos de “la izquierda NIMBY”. Los propietarios de viviendas situadas estratégicamente (la isla de Manhattan o los vecindarios de San Francisco, por ejemplo) vieron cómo sus viviendas se convertían en vehículos de acumulación de riqueza, y entendieron bien que esta revalorización dependía en gran medida de la preservación de su escasez artificial.

De este modo, el movimiento NIMBY utilizó las potentes herramientas políticas y legales disponibles para las clases medias con recursos para crear un marco legal en el que la construcción de viviendas resultaba poco menos que legalmente imposible, precisamente en aquellas ciudades donde más necesaria era. 

En España, donde el pensamiento económico aún está en gran medida anclado en torno a los justiprecios y el que hay de lo mío la narrativa NIMBY ha sido aún más sencilla: los alquileres son caros porque hay caseros malvados que los suben, y la solución es prohibirles que lo hagan. Sus intuiciones económicas los llevan a desconfiar del desarrollo económico. Centran sus políticas a ayudar la demanda, pero no consiguen entender lo relevante que es generalizar la abundancia de la oferta.  

En términos generales, muchas ciudades españolas cuentan con suelo para desarrollar viviendas. Sin embargo, la proporción de suelo finalista, listo para construir, se encuentra severamente limitada. En España sigue pendiente la construcción de un número de viviendas equivalente al 26% del parque residencial actual, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, falta por construir una cuarta parte del parque de viviendas.  

«Muchas ciudades españolas cuentan con suelo para desarrollar viviendas, sin embargo, la proporción de suelo finalista, listo para construir, se encuentra severamente limitada»

Si se hubiera movilizado el stock de la Sareb y gran parte del suelo dotacional disponible, hoy se estarían entregando miles de viviendas que todavía están sobre el papel o empezando a dibujarse. Los procesos de desarrollo urbanístico son largos y muy complejos jurídicamente.

De nuevo, “el fetichismo del procedimiento” impide aumentar la oferta de vivienda a gran escala, lo que desencadenaría una reducción de precios. A modo, de ejemplo, la reciente liberalización de la normativa urbanística en Nueva Zelanda ha triplicado la oferta residencial y ha reducido un 21% el precio medio del alquiler. Los cambios normativos permiten densificar las ciudades con nuevas construcciones sujetas a menos limitaciones y elevar la altura de los inmuebles existentes. 

En el ámbito de la energía, ocurre algo similar. España necesita instalar casi 6.000 MW anuales de energía eólica y solar fotovoltaica para poder cumplir los planes del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), de acuerdo con las exigencias de la Unión a los estados miembros. Esto le permitiría alcanzar un 74% de generación de electricidad de origen renovable – en 2021 esta cifra fue del 46,7%.  

A pesar de la reducción de costes y el aumento de la eficiencia de la tecnología renovable, el retraso en nuestro país es considerable. Es flagrante el caso de Cataluña en particular, donde durante más de diez años no se levantó ningún nuevo parque eólico (a excepción del molino Viure de l’Aire del Cel, de iniciativa ciudadana), principalmente por el bloqueo de las regulaciones urbanísticas y medioambientales impulsadas por la izquierda NIMBY.  

Descarbonizar la economía en treinta años es una transformación de magnitudes colosales que requiere velocidad de crucero. Como toda transformación, genera resistencias, tensiones y también, decisiones inconvenientes. Es compatible compaginar el desarrollo de proyectos renovables con mayores garantías para los territorios. Pero no queda tiempo para el inmovilismo. 

Decimos que queremos salvar el planeta del cambio climático. Pero en la práctica, muchos están firmemente en contra de la revolución de la energía limpia, con gobiernos y movimientos progresistas cerrando plantas nucleares y protestando contra proyectos de energía solar. Decimos que la vivienda es un derecho humano. Pero nuestras ciudades más ricas han hecho que construir nuevas viviendas sea sumamente difícil.

Decimos que queremos mejor atención médica y mejores medicamentos, pero toleramos unos niveles de burocracia en el sistema de investigación y de universidades que alejan a los científicos de su trabajo más prometedor, frenando los descubrimientos que podrían extender y mejorar nuestras vidas. 

En la última década, la abundancia de bienes de consumo nos ha distraído de la escasez de vivienda, energía, tecnología e infraestructura. Sin embargo, una fuerza contraria está emergiendo. La izquierda debe abandonar las políticas NIMBY y abanderar la agenda de la abundancia y el progreso material. Solo así podremos enfrentarnos a los desafíos del siglo XXI y garantizar un futuro más próspero para todos.