Ley del Suelo o huelga de inquilinas

En las últimas semanas, los Sindicatos de Inquilinas de Barcelona y Madrid han iniciado su particular turné televisiva. “Los gobiernos son responsables, pero los propietarios son culpables”, repiten sus portavoces, Valeria Racu, Carme Arcarazo y Jaime Palomera. 

El precio del alquiler aumenta como consecuencia del estrangulamiento de la oferta de nueva vivienda en grandes ciudades en un contexto de demanda creciente. El aumento de la demanda se explica por la concentración de la población en las grandes ciudades, la reducción del tamaño medio de los hogares y el incremento del número de inmigrantes, y, por tanto, de demandantes de vivienda. 

El activismo instrumentaliza la desesperación ciudadana para impulsar propuestas tan desnortadas como una “huelga de inquilinas”. Llaman al impago generalizado hasta que los propietarios acepten rebajar la renta del alquiler hasta el equivalente al 30% de los ingresos del inquilino. 

Muchos de esos inquilinos serían desahuciados y perderían la vivienda que estaban arrendando. Pero lo más grave serían los efectos dinámicos de la propuesta: si se generaliza en España la práctica política de dejar de pagar el alquiler cuando uno no está de acuerdo con el precio previamente pactado, el riesgo de alquilar se incrementará. Esto tendrá tres consecuencias: aumentará todavía más la renta del alquiler para con ese sobreprecio compensar el mayor riesgo, se exigirán mayores garantías al futuro inquilino (mayores meses de fianza y avales bancarios) y los propietarios serán mucho más selectivos, filtrando a los inquilinos en función de su nivel de ingresos o incluso de su ideología. 

No deja de ser curioso que todas las propuestas del Sindicato pongan el foco en la responsabilidad de propietarios y promotores

Controles de precios, contratos indefinidos y huelga de inquilinas. No deja de ser curioso que todas las propuestas del Sindicato pongan el foco en la responsabilidad de propietarios y promotores. No se plantea ni una sola demanda al Gobierno. Es más: la tradicional reclamación de aumentar la dotación de alquiler social ya ha desaparecido del núcleo central de propuestas del movimiento de la vivienda.  

Mientras tanto, las propuestas de la izquierda están destruyendo el mercado privado de alquiler. Hace tiempo que los grandes tenedores de parque de alquiler en Cataluña, donde ya se aplica la regulación de rentas, anuncian ventas de paquetes de viviendas. Por su parte, promociones que se preveían para alquiler (build-to-rent) se están transformando en venta. En el caso de los particulares, la relación rentabilidad-riesgo también es cada vez más desfavorable para el alquiler.  

El parque total de viviendas en España es de 13 millones. De esos 13 millones, 2,4 están en alquiler y la vivienda social en España, la real, no la que asegura el Gobierno que se va a habilitar en actos electorales, son 325.000. El problema que ignora el Sindicato es la escasez de oferta: se necesitan 600.000 inmuebles este año para suplir el déficit de inmuebles en el país. En este tiempo ha quedado claro el fracaso de los socialistas en materia de vivienda.  

Para evitar que el precio de la vivienda se dispare, es imprescindible liberar suelo edificable. La proporción de suelo finalista, listo para construir, se encuentra severamente limitada. En España sigue pendiente la construcción de un número de viviendas equivalente al 26% del parque residencial actual, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, falta por construir una cuarta parte del parque de viviendas.   

La proposición de ley para reformar la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, a proposición del PNV, era un buen punto de partida. Pretendía acabar con algunas de las principales causas de los retrasos en los procesos de desarrollo urbanístico y dar mayor estabilidad al urbanismo, evitando que defectos de forma, fácilmente reparables, echen atrás trabajos de varios años y paralicen los procesos. Pero el Congreso de los Diputados rechazó la propuesta, con los votos en contra de PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu y Podemos. 

Vivimos en un extraño escenario donde son los gobiernos quienes nos hacen lobby a los ciudadanos. Construyen institutos y sacan a sus portavoces a pasear por los medios para reforzar una narrativa que les exime de responsabilidades. Canalizan la comprensible preocupación ciudadana hacia particulares, propietarios o promotores, y aluden al “rentismo” como problema a batir. Mientras tanto, el problema se agrava, la Ley del Suelo permanece estancada y Racu, Arcarazo y Palomera llaman a la huelga de inquilinas.