La política económica importa
El aumento del gasto público, la presión fiscal elevada y el deterioro institucional son claves para entender la brecha de inversión con la UE
Con un nivel de partida muy similar hace poco más de dos décadas, la inversión en bienes y servicios en España – medida como formación bruta de capital fijo (FBCF) por persona en edad de trabajar – se situó en 2.217 euros en 2023, un 5,3% menos que en 2001. Por el contrario, en el conjunto de la Unión Europea la cifra fue de 3.282 euros, un 35,6% más que en 2001 y un 48,0% más que en España. Así lo constata el último informe La “Inversión productiva en España” de BBVA Research.
Frente a la convergencia económica de los países del centro y del este de Europa como Polonia, Estonia, Lituania o República Checa, el pobre desempeño de la inversión productiva es, sin duda, uno de los factores que explican que la renta per cápita relativa se encuentre hoy por debajo del promedio de la UE, cuando hace tan solo dos décadas nos situábamos por encima. También explica la pobre evolución relativa de la productividad del trabajo, el motor de crecimiento que se apoya en la inversión y cuya diferencia con Europa se ha ampliado desde el inicio de la recuperación, siendo 8,2 puntos inferiores a la media europea (Eurostat, 2023).
La inversión en bienes y servicios en España se situó en 2.217 euros en 2023, un 5,3% menos que en 2001
Esto es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que la FBCF se encuentra muy lejos de los niveles anteriores a la recesión financiera, así como de la tendencia creciente que se observa en el conjunto de la UE. Descontada la inflación y excluida la inversión en vivienda, en los últimos veinte años la inversión productiva por persona en edad de trabajar ha aumentado en España un 1,5% frente al 45,3% en la UE. En otras palabras, la brecha relativa de nuestra economía respecto al resto de Europa se mantiene también en inversión en maquinaria, transporte, construcciones no residenciales y activos inmateriales.
Las restricciones de financiación y los aumentos de su coste fueron importantes durante la crisis de deuda soberana (2008-2016), con un aumento de la prima de riesgo de España superior al de otros países. Pero las condiciones de financiación en los mercados de capitales y bancarios son, desde hace tiempo, similares a las de países con menores primas de riesgo como Alemania, y los tipos de interés vienen determinados por una política monetaria europea común del Banco Central Europeo.
Por lo tanto, una vez descartadas la caída en la inversión inmobiliaria y las restricciones en el acceso a financiación, ¿cuáles son los factores que explican el diferencial entre la evolución de la inversión en España y el resto de los países europeos? Por un lado, el informe apunta al aumento del gasto público y la presión fiscal. A diferencia de los factores anteriores, el comportamiento del sector público sí que ha tenido un comportamiento diferencial y estructural durante estas dos décadas. Entre 2008 y 2023, el PIB per cápita de España aumentó un 3,8% acumulado, mientras el gasto público corriente (gasto total sin inversión pública) lo ha hecho en un 24,6%. Esta divergencia es menor en la UE, donde el PIB per cápita ha crecido un 13,1% y el gasto corriente per cápita un 19%.
Para hacer frente a este mayor gasto público, España ha sido uno de los países que más ha aumentado la presión fiscal, hasta el punto de que ya se encuentra por encima del promedio de países de la UE, sin que lo haya hecho la eficiencia de su sector público. Los recursos drenados del sector privado pueden haber tenido un uso menos productivo en manos del sector público, con un menor impacto en la productividad e inversión total de la economía. Además, el rejonazo fiscal ha estado sesgado hacia las cotizaciones sociales y rentas del capital, con una menor presión fiscal indirecta sobre el consumo. En otras palabras, sale más barato fiscalmente consumir que ahorrar e invertir.
Otro factor subyacente a la caída de la inversión es la evolución negativa de la calidad institucional, y la incertidumbre regulatoria. Desde 1996 hasta 2022 España es el segundo país de la UE, detrás de Chipre y por delante de Hungría, donde más ha disminuido la calidad institucional, medida con el indicador del World Governance Indicators del Banco Mundial, y que se construye como el promedio de cuatro categorías: imperio de la ley, calidad regulatoria, efectividad del sector público y control de la corrupción (Masuch et al., 2023).
De acuerdo con las estimaciones de Andrés y Doménech (2015), si España mejorara la calidad de las instituciones y el control de la corrupción al nivel de los países mejor situados (Finlandia, Dinamarca o Nueva Zelanda) podría llegar a aumentar su tasa de crecimiento del PIB real per cápita en 0,5 puntos porcentuales anuales.
La inversión empresarial desempeña un papel esencial en el comportamiento de los ciclos económicos
La certidumbre y eficiencia regulatorias contribuyen a generar y atraer más capital físico, humano y tecnológico, alcanzando mayores niveles de productividad y PIB per cápita, a través de una mejor asignación de recursos privados y públicos hacia las empresas más competitivas. La creación de impuestos sectoriales (como los impuestos a la banca o las eléctricas) y la incertidumbre en otros sectores productivos, como el inmobiliario y el del alquiler, así como la expectativa de subida de cotizaciones sociales para sufragar el desequilibrio del sistema de pensiones, son solamente algunos ejemplos que no ayudan a potenciar la inversión y reducir la brecha que se ha abierto con la UE.
La inversión empresarial desempeña un papel esencial en el comportamiento de los ciclos económicos, configurándose como un determinante fundamental del empleo y la capacidad de crecimiento futura. Todo apunta a que entre los factores explicativos del pobre desempeño relativo de la inversión en España se encuentran principalmente el aumento del gasto público y de la presión fiscal, así como el deterioro de la calidad institucional del sector público. Aspectos como la fiscalidad sobre la inversión, la calidad regulatoria y la gobernanza importan. Urge revertir la senda de malas políticas económicas que desincentivan la inversión empresarial, y con ella el crecimiento y la creación de empleo. No es tiempo para la complacencia.