La guerra del gobierno contra las universidades privadas 

El reciente embate del Gobierno contra las universidades privadas, liderado por la vicepresidenta María Jesús Montero y ratificado por el presidente Pedro Sánchez, plantea un serio dilema para el futuro de la educación en España. Con el pretexto de garantizar la «excelencia» y «prestigio» de nuestras instituciones educativas, el Ejecutivo ha anunciado una serie de medidas restrictivas que buscan aumentar el control sobre las universidades privadas.  

El lugar elegido para lanzar esta ofensiva no es baladí: Málaga prevé abrir este año hasta tres universidades privadas, lo que generará un impacto económico considerable. Antes de finales de año, empezarán a operar allí la primera universidad 100% online de Andalucía, la UTAMED; la Alfonso X el Sabio, y la Universidad Europea de Andalucía.

Montero y Sánchez catalogaron la semana pasada varias universidades privadas como «chiringuitos educativos», sugiriendo que, al enfocarse en la obtención de beneficios a través de la emisión de títulos, fallan en cumplir con las exigencias de calidad e investigación.

Sin embargo, la realidad es que, a lo largo de las últimas dos décadas, la matrícula en universidades públicas ha disminuido en un 18%, mientras que la matrícula en universidades privadas ha crecido un asombroso 368%.

Este contraste revela que muchos estudiantes están eligiendo las universidades privadas no por capricho, sino porque buscan opciones que, en su experiencia, cumplen con una demanda real y creciente de educación superior. 

Las clases medias han aumentado significativamente su gasto en educación. Hace dos décadas, la mitad del gasto en educación lo realizaba el 20% de la población con más ingresos. Hoy las clases medias (del 40 al 60% de la distribución) han aumentado su peso del 15% al 19% del total del gasto educativo privado.  

Cabe señalar que los propios datos del Gobierno destacan una tendencia interesante: los graduados de universidades privadas obtienen empleos más rápidamente y con salarios significativamente superiores a aquellos que egresan de instituciones públicas.

Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que, cinco años después de graduarse, el 91% de los alumnos de universidades privadas estaban empleados, frente al 95% de los de universidades públicas. La brecha es mayor en humanidades y menor en ingenierías y ciencias de la salud. 

«Si el objetivo del Gobierno es mejorar la calidad educativa, entonces desincentivar a las universidades privadas, que ofrecen resultados tangibles, parece un enfoque erróneo y contraproducente»

Además, según los datos, los egresados privados no solo consiguen contratos fijos con mayor facilidad, sino que también perciben salarios más altos, alcanzando una diferencia media de 3.545 euros. Entre quienes cursan un máster, la brecha es aún más acusada: pasados cuatro años, mantienen una ventaja salarial media de 7.000 euros por encima de quienes alcanzan este nivel de estudios en un centro de titularidad pública.

Si el objetivo del Gobierno es mejorar la calidad educativa, entonces desincentivar a las universidades privadas, que ofrecen resultados tangibles, parece un enfoque erróneo y contraproducente. 

La reciente propuesta del Gobierno incluye condiciones más estrictas para la creación de universidades, como un número mínimo de 4.500 estudiantes (¿por qué 4.500?) y requisitos como el compromiso de disponer al menos de un 10% de plazas de alojamiento universitario (¿por qué trasladar esta responsabilidad a todos los centros de manera arbitraria?).

En lugar de garantizar la calidad, se percibe como un intento de controlar la oferta educativa a modo de cártel y desincentivar la apertura de nuevas instituciones, limitando así la competencia en un sector que debería estar abierto a la innovación. 

En el contexto global, muchos países han optado por modelos de educación superior que fomentan la competencia y la flexibilidad. Sin embargo, en España persiste un enfoque burocrático que estrangula la capacidad de las universidades para responder a las demandas del mercado y adaptarse a nuevas realidades sociales. La normativa del Gobierno parece estar más centrada en la censura y el control que en la mejora real de la calidad educativa. 

Las instituciones educativas, al enfrentar demandas interdependientes de estudiantes, profesores, empleadores y entidades financiadoras, tienen incentivos naturales para mantener altos estándares de calidad, incluso mediante la autorregulación de los centros a través de sellos de calidad validados por las instituciones públicas. Restringir su capacidad para hacerlo solo puede perjudicar la calidad de la educación que ofrecen. 

La propuesta actual llega en un momento en que las instituciones educativas, lejos de necesitar más restricciones, requieren una mayor autonomía para autogestionarse y mantener estándares de calidad. La educación debe ser un espacio de diversidad, donde diferentes modelos convivan y compitan, siempre con el objetivo de servir mejor a los estudiantes y a la sociedad en su conjunto.