El modelo de inmigración que necesita España ante la regularización de un millón de extranjeros

El Consejo de Ministros anunció el pasado mes de noviembre la aprobación por Real Decreto del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, «sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social».

El Gobierno estima que la medida supondrá la regularización de cerca de un millón de personas, 300.000 anualmente en los próximos tres años.

Nuestra baja natalidad y el rechazo de muchos nativos a desempeñar determinados empleos sitúa a España en la necesidad de atraer inmigración. Pero el actual modelo no es sostenible, desborda los servicios públicos y no actúa en beneficio de los inmigrantes.

Según el INE, en el tercer trimestre de 2024 el número de extranjeros en España creció en 101.568 personas, más del triple del aumento de la española (33.322). Actualmente viven en España 6,7 millones de extranjeros residentes y 9,1 millones nacidos en el extranjero. Representan un 13,7% y 18,7%, respectivamente, de nuestra población total de 48,9 millones de personas.

A finales de 2023 la economía sumergida suponía en España el 24% del PIB, la tercera mayor de la UE

Según Funcas, el número de personas en España sin residencia legal es de 700.000. Los que están en una situación irregular tienen acceso a la sanidad pública, servicios sociales y otras prestaciones. Los que tienen hijos menores de edad reciben 600 euros mensuales. Pueden abrir cuenta bancaria sólo con su pasaporte y numero de móvil.

Según el estudio del National Bureau of Economic Research de finales de 2023, la economía sumergida en España equivale al 24% del PIB, porcentaje muy superior al de estudios anteriores.

Es la tercera más alta de la UE, detrás sólo de Grecia (36%) e Italia (30%). Estamos casi más cerca de las tasas de países emergentes (32%) que de la media de la UE y países ricos (17%).

El trabajo sin contrato no aporta a nuestra Hacienda los impuestos necesarios para financiar los servicios públicos: sanidad, servicios sociales, transporte, escuelas, universidades, redes de energía y otras.

Las personas sin documentación utilizan dichos servicios. Los médicos y enfermeras cobran poco y deben atender a demasiadas personas, lo cual disminuye la calidad y aumenta las listas de espera. Muchos profesionales españoles han emigrado y nuestro desempleo del 12% es el más alto de la OCDE.

Las personas que están en la economía informal, además de los inmigrantes con residencia, mandan una parte de lo que ingresan a sus países de origen.

La lacra de la economía sumergida no se limita a sectores como la atención a personas mayores, limpieza, hostelería, agricultura y construcción.

Esta situación también perjudica a los inmigrantes sin papeles. No pueden alquilar una vivienda. Muchos se hacinan en apartamentos en ocasiones en compañías indeseables. Su precariedad es extrema.

Dicha realidad se combina con la de los squátters y okupas. Los primeros acceden a una vivienda de forma legal, pero dejan de pagar el alquiler. Un inquilino que no paga y causa destrozos es muy difícil de desalojar. Se necesita un año o más para lograr que los tribunales les echen.

Viviendas okupadas en Barcelona, en una imagen de archivo.

Los okupas son personas que entran en una vivienda desocupada y se instalan en ella. Al cabo de 48 horas es imposible desalojarlos. Si tienen hijos menores de edad aún están más protegidos por la ley. Si el propietario es un banco o empresa debe ofrecer un muy bajo “alquiler social” al okupa.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 40.000 personas en 2023 emplearon la vía marítima en pateras para llegar a España, un aumento del 25% respecto a 2022.

Muchos inmigrantes son víctimas de grupos criminales. Se les cobra 1.000 o 2.000 euros por persona para zarpar en embarcaciones desde Mauritania y Libia.

El número de migrantes que han llegado a Canarias este año asciende a 41.425, superior al récord absoluto de 2023. Un 13% son menores no acompañados. Frontex certifica que es el destino preferido de los traficantes de personas. Su director general criticó en septiembre que el Gobierno no solicite el despliegue de 3.000 miembros de su agencia en Canarias.

Nuestra legislación concede a los ciudadanos de estados de América Latina el derecho a solicitar la ciudadanía española dos años después de haber obtenido la residencia.

Sin embargo, los ciudadanos de nuestros socios de la UE u otros países deben esperar diez años. Este perjuicio comparativo ahuyenta a profesionales de alta calificación de estados europeos y del resto del mundo.

Los países de mayor procedencia de residentes extranjeros son Marruecos (1.026.371), Colombia (715.655), Rumanía 538.699, Venezuela (518.918), Ecuador (430.837), Argentina (373.064) y Perú (293.696). El primer país de Europa occidental se sitúa en noveno lugar (Francia, 215.283).

Barajas se ha convertido en el aeropuerto de Europa que más peticiones de asilo recibe

Los convenios bilaterales entre España y los estados de América central y del sur además permiten la doble ciudadanía. Entre 1985 y 2005 se produjeron seis regularizaciones.

La reforma de la normativa de extranjería de José Luis Rodríguez Zapatero a finales de 2004 provocó 691.655 solicitudes. Se otorgaron 565.121 (81,7%), aproximadamente la mitad de todas las del periodo 1985-2005.

La reforma de la ley de extranjería ha reforzado el deseo de los llevan menos de dos años de conseguir la residencia en un plazo no lejano. Se produce asimismo un efecto llamada.

Más de siete millones de venezolanos han abandonado su país. Muchos, junto a bandas criminales, han desestabilizado Ecuador y complicado la situación socioeconómica de Colombia, Perú y Bolivia. En el tercer trimestre de 2024, los países con más emigrantes a España fueron Colombia (34.600), Marruecos (25.500), Venezuela (21.200) y Perú (15.800).

Debido a nuestra pertenencia al Tratado de Schengen, se debe denegar el acceso a personas sin visado de Schengen para turismo o estudios, sin oferta laboral, sin billete de vuelta y que atesoran muy pocos recursos.

Pero la policía en los aeropuertos españoles a menudo les permite la entrada. Familiares que les ofrecen dónde vivir o incluso reservas en un hotel durante pocos días son suficientes.

Según Frontex, Barajas se ha convertido en el aeropuerto europeo con más solicitudes de asilo, por delante de Ámsterdam, Frankfurt y Barcelona. La mayoría son de Mauritania, Venezuela, Sudán, Marruecos y Siria.

Es necesario realizar estudios sectoriales de necesidad de empleados que afinen el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que publica el Servicio Público de Empleo Estatal; incrementar la contratación en origen; otorgar a las aerolíneas con vuelos desde América Latina, África y Asia la facultad de rechazar la embarcación.

Y la oposición debe aprobar en el Senado el proyecto de ley que acelerará los juicios para expulsar a okupas.