Fórmula 1 y Juegos Olímpicos, despilfarrando el dinero del contribuyente  

Madrid anunciaba recientemente que acogerá la celebración de un gran circuito de Fórmula 1 entre 2026 y 2035. Además, tras tres intentos recientes fallidos en los últimos quince años, la llegada de la competición de automovilismo ha reavivado también el interés de la Comunidad por acoger unos Juegos Olímpicos. El Gobierno presidido por Díaz Ayuso ha dejado caer la posibilidad de una candidatura con la vista puesta en la edición de 2036, tras las olimpiadas de París, Los Ángeles y Brisbane.  

La institución ferial Ifema, participada al 31% por Comunidad, Ayuntamiento y Cámara de Comercio a partes iguales y por la Fundación Montemadrid en un 7%, es la entidad que organiza la prueba y parte del circuito de Fórmula 1 proyectado transcurre por sus terrenos.  

El monitor de la industria del negocio de la F1, Fórmula Money, ha cifrado en unos 60 millones anuales el coste operativo de una carrera urbana. Un contrato de diez años supondría un desembolso entre cánon e instalaciones de alrededor de unos 1.100 millones. La consultora Deloitte sostiene, por su parte, que la capital ingresará alrededor de 450 millones anuales y se generarán 8.200 empleos. 

Sin embargo, estas estimaciones están muy probablemente infladas y la literatura económica apunta más bien a un impacto neto negativo de un proyecto de este calibre. Un estudio realizado por investigadores del Instituto Danés de Estudios Deportivos y la Escuela de Negocios NTNU en Trondheim, Noruega, sostiene que albergar una carrera de Fórmula 1 no produce efectos positivos sobre el PIB, el empleo o el turismo en la región que alberga el campeonato. Por el contrario, se observan efectos negativos en la economía, como el uso ineficiente del dinero público (Storm, Jakobsen & Nielsen, 2020). 

A la vista están los precedentes de Valencia entre 2008 y 2012, así como las pérdidas anuales de alrededor de dos millones que genera el Circuito de Montmeló (Barcelona) desde 2009, a pesar de la aportación pública de la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de la ciudad.  

Las pérdidas anuales de alrededor de dos millones que genera el Circuito de Montmeló (Barcelona) desde 2009

Los contribuyentes valencianos acabaron asumiendo una deuda de cerca de 60 millones, que se terminó de pagar en 2023. El principal impulsor del proyecto fue el hoy expresidente del Consell de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, que poco antes de las elecciones de 2007 anunció el acuerdo para la organización del gran premio, asegurando que no costaría ni un euro a los valencianos. Sin embargo, los últimos datos oficiales sitúan el coste de los cinco grandes premios en 308 millones. En ese dinero se incluye la construcción del circuito urbano, actualmente abandonado, por valor de 89 millones, y el pago del canon por 155 millones por las cinco carreras. También se incluyen los 26 millones que abonó la antigua radiotelevisión valenciana por los derechos de emisión. 

En cuanto a los Juegos Olímpicos, también existe una marcada tendencia a sobreestimar su impacto económico. Según diversos análisis económicos independientes, los ingresos directos (derechos televisivos, patrocinios y venta de entradas) apenas han cubierto recientemente un 30% de los costes totales y el estímulo económico a corto plazo también suele estar ampliamente exagerado (Preuß, Andreff & Weitzmann, 2019).  

Todas las ciudades olímpicas incurren sistemáticamente en sobrecostes, tanto en términos reales como nominales. En ciudades como Atenas, Montreal, Nagano, Lake Placid y Albertville, los Juegos han dejado enormes deudas para sus anfitriones. Otro ejemplo notable es el de Montreal, en 1976, donde los juegos sobrepasaron el presupuesto en un 720% (Flyvbjerg, Stewart & Budzier, 2016). 

Todas las ciudades olímpicas incurren sistemáticamente en sobrecostes, tanto en términos reales como nominales

Si bien los Juegos pueden atraer turistas, también repelen a otros visitantes que habrían acudido a la ciudad en su ausencia. Así, el número de turistas en Londres cayó en verano de 2012 frente al año anterior; y en Pekín 2008 llegó a reducirse hasta en un 30%. En el caso de Sídney 2000, de hecho, se estima que los Juegos redujeron el consumo en 2.100 millones de dólares (Matheson & Baade, 2016). 

La evidencia ni siquiera respalda la idea que unos Juegos podrían comportar una transformación urbana o una mejoría de la imagen o reputación global de una ciudad, exceptuando algunas ediciones, como los Juegos de Barcelona del 92. Un porcentaje creciente de todo el gasto va a parar a infraestructuras deportivas que posteriormente tienen un aprovechamiento muy escaso. Asimismo, la campaña publicitaria solo impacta positivamente en ciudades desconocidas para el gran público, pero no en destinos populares como Londres, Tokio o, previsiblemente, Madrid. 

Recientemente, Cataluña ha abandonado la idea de que organizar unos Juegos Olímpicos de Invierno en 2030. El gobierno ha manifestado que el cambio climático y la sequía hacen difícil que un evento de estas características pueda celebrarse en unas latitudes como las de los Pirineos catalanes. El Comité Olímpico Internacional (COI) apuesta por los Alpes franceses para 2030 y Salt Lake City es la única aspirante que se ha presentado formalmente para el año 2034.  

Lo cierto es que en ninguno de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en las últimas décadas los beneficios han compensado la inversión pública (Baade & Matheson 2016). En el caso de Vancouver, por ejemplo, el coste superó a las ganancias en 5000 millones de dólares. Los Juegos de 2014 en la ciudad rusa de Sochi costaron 21.890 millones de dólares, un 289% más de lo planeado. Una auténtica ruina. 

Como afirmaba recientemente en la televisión pública catalana el Catedrático de Economía de la Universidad de Columbia Xavier Sala i Martín, las administraciones deben dedicarse a invertir en la provisión de bienes públicos como la seguridad, la defensa, la justicia o los servicios municipales. No en la organización de un circuito de Fórmula 1 o en unos Juegos Olímpicos. Dejemos de despilfarrar el dinero del contribuyente en grandes eventos deportivos y que sea el sector privado quien aporte la inversión.