Eso, ahora, sí importa

Los testigos de primera línea han desmontado, en sus declaraciones ante el Tribunal Supremo con tanta contundencia, las coartadas del Fiscal General del Estado sobre la filtración de datos confidenciales contra el novio de Isabel Diaz Ayuso, que la abogacía del Estado ha pasado al contraataque.

Se trata de amortiguar el golpe que puede suponer que la justicia acabe por condenar al Fiscal General, el primer imputado de la democracia.

Si las declaraciones del ex líder socialista madrileño, Juan Lobato, ya habían marcado el sendero de los múltiples indicios delictivos (esos que no ven los ministros de Pedro Sánchez) que le empujan hasta el borde del banquillo, el testimonio incriminatorio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, le ha puesto contra la pared.  

Los torpes movimientos del Fiscal General

Unas declaraciones que junto con las del fiscal Julián Salto le han dejado en una situación muy comprometida. Quien, por razón de cargo, debería estar promocionando la acción de la Justicia (en vez de obstruirla destruyendo pruebas una semana después de ser encausado) tendría que asegurar su imparcialidad (en vez de ponerse de parte en una causa con consecuencias políticas) y proteger los derechos de los ciudadanos (en vez de dejarlos indefensos con sus datos confidenciales expuestos en el circo romano) se ha metido en un buen lío por dedicarse a ser la voz de su amo, el fiscal de los recados gubernamentales.  

Desde aquellos ‘idus de marzo’ en que las prisas por publicar un desmentido con datos reservados del ciudadano González Amador (pareja de la presidenta madrileña) le condujo a la sucesión de torpes movimientos de los que dos de sus subordinados se han desmarcado ante el Tribunal Supremo. Y García Ortiz se ha quedado con el agua al cuello. 

Porque lo que está investigando el juez es un posible delito de revelación de secretos por parte de la cabeza visible de la Fiscalía general del Estado cuya misión principal es hacer respetar la Constitución y defender la legalidad. Lo que ha demostrado la Fiscal Almudena Lastra, contando cómo se desmarcó de la publicación de una nota que asumía su superior, es que se podía desmentir un presunto bulo sin tener que revelar datos confidenciales de un contribuyente. Sin añadir cianuro, de paso.

«Se trata de amortiguar el golpe que puede suponer que la justicia acabe por condenar al Fiscal General, el primer imputado de la democracia»

También es falso que existiera un protocolo de borrado de mensajes en los móviles de la institución, como alegó García Ortiz para justificar que su teléfono, rastreado por la UCO, estuviera vacío de mensajes en los días en que se produjeron los hechos investigados. Palabra del fiscal Julián Salto ante el Supremo.  

Conviene no perderse en la madeja de datos sobre los investigados e imputados, testigos y acusados para que la opinión pública no desconecte de la gravedad del momento por el que está atravesando este país con un gobierno, a la deriva, dispuesto a aferrarse al poder a cualquier precio. Y dispuesto a cortar las alas de la Justicia y la prensa para blindarse ante denuncias y críticas.

Y lo esencial de lo que está ocurriendo es que el Fiscal General está imputado por haber utilizado, presuntamente, la institución clave del Estado en coordinación con la presidencia del gobierno para destruir a una rival política como Isabel Diaz Ayuso. Tan cegado estaba por su misión que, al ser interpelado por su subordinada si había sido él quién había filtrado la nota con los datos confidenciales respondió “Eso, ahora, no importa”. 

El Gobierno intimida a los jueces

Los ataques del gobierno contra los jueces van subiendo de intensidad y están arrastrando la imagen de la institución de la Fiscalía a la altura del fango mientras siguen cambiando las leyes a su imagen y conveniencia.  

Que el ministro de Justicia, Felix Bolaños, que además es licenciado en Derecho, haya dicho que el auto del juez instructor no presenta base probatoria, es una injerencia en toda regla del gobierno en el poder legislativo con el único fin de intimidar a la justicia.

O fue ignorancia, como la que mostró la portavoz Pilar Alegría o maledicencia, el caso es que Bolaños debería saber que, en una fase de instrucción, lo que se hace es investigar. Que los indicios y las pruebas se aportan en la fase del juicio oral. Por eso importa, y mucho, conocer si el Fiscal General del Estado vulneró los derechos de un ciudadano.  

Tezanos no quiere que Pedro se enfade

En una democracia plena como la nuestra resulta inconcebible que el gobierno esté desautorizando a los jueces erigiéndose en tribunales paralelos, propios de otros regímenes autoritarios. Se entiende los nervios en la Moncloa pero no justifica su obsesión por controlar a los jueces.

El empecinamiento de Alvaro García Ortiz por seguir en el cargo solo se explica por el flotador que le ha lanzado Pedro Sánchez que, mientras le sea útil, no le dejará moverse. El CIS ha aportado su guinda en plena convulsión gubernamental. Con la que está cayendo, mantiene al PSOE como partido ganador. Será que Tezanos tiene miedo de que Pedro se enfade.