Seis buenas propuestas electorales

Solo un 1,8% de los electores considera que lo más importante para decidir su voto es el programa, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en relación con la convocatoria electoral catalana del próximo domingo, en la que están llamados a votar casi seis millones de electores.

En esta misma columna hemos detallado, en comicios anteriores, algunas de las propuestas económicas más descabelladas de las distintas formaciones políticas. En esta ocasión, sin embargo, señalaré seis propuestas que, de ser implementadas, contribuirían notablemente a la competitividad, al dinamismo y a la prosperidad de la sociedad catalana.

Evaluación sistemática de las políticas públicas

El Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC) plantea reforzar Ivàlua, el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas, como una verdadera agencia de evaluación que contenga unidades de evaluación independientes en cada uno de los departamentos del Ejecutivo.

Propone el desarrollo de evaluaciones de impacto ex ante, antes de la implementación de cualquier servicio o programa, y no sólo la realización de evaluaciones ex post o finales. También propone establecer estándares de obligación de la rendición de cuentas de las administraciones catalanas, detallando los objetivos alcanzados y los no alcanzados y, en este caso, justificando claramente las motivaciones.

En la actualidad, recordemos que ni las proposiciones de ley ni las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) ni las mociones y resoluciones parlamentarias requieren de un análisis del impacto normativo (AIN), lo que deteriora la predictibilidad y la razonabilidad de los cambios legislativos.

Profesionalización de la dirección pública

‘Junts + Puigdemont per Catalunya’ incluye en su programa la implementación de la figura del directivo público profesional, una figura intermedia que actúe de cortafuegos entre el personal electo de carácter político y los servidores públicos. Con un régimen jurídico propio, esta figura supone el nexo capaz de aplicar las políticas públicas que nacen del poder político y transformarlas en algo técnica, jurídica y económicamente viable a través de los instrumentos de la Administración y su personal.

El Ejecutivo catalán cuenta hoy con más de 500 altos cargos, eventuales, directivos del sector público y otros cargos de confianza que dependen directamente del nombramiento discrecional por parte del gobierno de turno. En el Reino Unido serían 50. La profesionalización de la alta dirección pública (directores generales, subdirectores generales, o directores de entes públicos y empresas públicas) según los principios de capacidad, mérito y concurrencia mejoraría significativamente la calidad institucional a largo plazo.

Rebajar y deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

El Partido Popular (PP) propone una rebaja generalizada de los tipos del IRPF, reducir el tipo marginal máximo del 52 al 40% y deflactar la cuota autonómica según el aumento del IPC, adaptando también reducciones, mínimos personales y familiares y deducciones.

La inflación incrementa la factura fiscal de los contribuyentes sin que haya que subir los tipos impositivos. Ante aumentos nominales de la renta, los contribuyentes se ven empujados a tramos superiores de la escala de tipos aplicados en el impuesto, por lo que aumenta la carga fiscal sin que la capacidad económica haya aumentado.

«El Ejecutivo catalán cuenta hoy con más de 500 altos cargos, eventuales, directivos del sector público y otros cargos de confianza que dependen directamente del nombramiento discrecional por parte del gobierno de turno»

La Generalitat, a diferencia de los gobiernos de Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia, y las Haciendas forales vascas y navarras, no ha indexado las tarifas del tramo central del IRPF a la inflación. Es decir, estamos ante una subida de impuestos encubierta que ha proporcionado suculentos ingresos para el fisco desde la pandemia.

Reforma de las políticas activas de ocupación

Ciudadanos (Cs) propugna una reforma del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), potenciando la atención individualizada a las personas en situación de desempleo, con el diseño de itinerarios para la búsqueda de empleo personalizados.

Para reducir el paro estructural, es imprescindible iniciar una reforma integral de las políticas de ocupación que integren un servicio de orientación laboral y perfilado estadístico de los demandantes de empleo, con la participación de un mercado de agencias privadas de intermediación en competencia y en estrecha colaboración con empresas y entidades del tercer sector, que posibilite desarrollar trayectorias profesionales consistentes a lo largo de la vida laboral.

Facilitar la integración de las personas inmigrantes en el mercado laboral

Comuns-Sumar plantea impulsar, junto con el gobierno del Estado, las homologaciones y convalidaciones de títulos y estudios de las personas inmigrantes, así como el desarrollo de nuevas iniciativas para la inserción formativa y laboral, con especial énfasis en los más jóvenes.

Las barreras administrativas y regulatorias al reconocimiento de las calificaciones profesionales o académicas de los inmigrantes y a su inclusión laboral son barreras a la integración social y a la contribución económica.

Compatibilizar la Renta Garantizada de Ciudadanía con los ingresos laborales

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) plantea incrementar la dotación económica de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), y hacerla compatible con las ayudas a la vivienda y con las rentas del trabajo; y al mismo tiempo avanzar en la integración con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), con una ventanilla única para tramitar las dos prestaciones a la vez.

Este cambio es importante porque se orienta precisamente a que el beneficiario que se incorpore al mercado de trabajo vea garantizada que su renta disponible sea superior a la que habría tenido sin la ayuda, con un incremento que se va atenuando a medida que los rendimientos del trabajo aumentan, evitando así la “trampa de la pobreza” de la prestación.