El silencio y la querella contra el juez Peinado no son propios de una democracia

Hasta hace bien poco, cuando se daba a conocer una sentencia contraria a los intereses de un partido político, los integrantes o representantes del mismo repetían siempre la misma frase: “No la compartimos pero la acatamos, como no puede ser de otra forma”. Se trataba de una fórmula básica que servía para dejar claro el malestar por la decisión judicial y, a la vez, mostrar respeto por la independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones. Lo contrario, poner en duda la neutralidad en el arbitraje de ese poder, era abrir un melón de peligrosas consecuencias,  tal y como podemos constatar de un tiempo a esta parte. 

La decisión de Pedro Sánchez de querellarse contra el juez Peinado, que instruye la causa contra su mujer, Begoña Gómez, transmite a la opinión pública española la incredulidad en el funcionamiento del estado de Derecho. Si estas cosas ocurren con el Presidente del Gobierno, ¿qué no le puede pasar al ciudadano de a pie cada vez que tiene que vérselas con  una toga? Sánchez no puede decir un día, de manera campanuda, que él y su mujer no tienen nada que ocultar y que colaborarán con la justicia para aclarar que “no hay nada de nada” y, al siguiente, guardar silencio para dejar claro que él y su pareja son víctimas de una persecución. 

Con su denuncia Sánchez ataca a la figura de un juez puesto ya en entredicho por los medios afines al Gobierno. Se le acusa poco menos que de ser un fascista que practica el “lawfare” para, acto seguido, justificar todas las acciones que se lancen contra él. La denuncia por prevaricación ha sido firmada nada menos que por la Abogacía del Estado. Una institución pagada con los impuestos de todos y puesta al servicio particular del Presidente y su señora. Se trata de la puesta en escena de la destrucción, en vivo y en directo, de un juez por parte del Gobierno. No es de extrañar que la Asociación Profesional de la Magistratura haya salido en su defensa, instando al CGPJ y también a la UE, al considera «inadmisibles» los «ataques» de ministros del Gobierno y dirigentes del PSOE. 

En esta canícula informativa donde las noticias “arden”, como si de manera deliberada se hubiera pegado fuego a España en cinco focos a la vez, no se puede transmitir a la sociedad el mensaje de que solo el Gobierno puede mantenerse seguro, porque controla todos los estamentos y mecanismos del Estado, y el resto es un “sálvese quien pueda”. Sánchez no puede ser un Maduro que se autoproclama inocente sin dejar que la justicia actúe, igual que el venezolano se dice ganador de unas elecciones ocultando datos y manipulando vergonzosamente.  

Sálvese quien pueda

España es un país que se ha dado una Constitución que marca la diferencia entre ser una república bananera y una democracia de la UE. Controlar a los jueces para que no sean ellos los que apliquen el control de la Ley es acercarnos de manera peligrosa a la forma de hacer política en Caracas. Y más si el Presidente del Gobierno de España aplaude la vergonzosa presencia de uno de sus más estrechos colaboradores y referente del actual PSOE, Rodríguez Zapatero, empleado por Maduro para su propio blanqueo y saqueo del país.  

Más allá de las cantidades que se fijen, el espíritu del acuerdo rompe el marco constitucional y la financiación común y aborda la relación fiscal con Cataluña como un nuevo sistema foral.

Otro de los incendios de la canícula política de este sofocante mes se localiza en Cataluña. Hace unos días en estas mismas páginas se  explicaba cómo el acuerdo de investidura de Salvador Illa no deja lugar a dudas de que el PSOE y el PSC han aceptado entregar a los independentistas catalanes el ansiado concierto económico al estilo del que poseen el País Vasco o Navarra.  

Independientemente de las cantidades en cuestión, el documento fija un principio de negociación bilateral donde Cataluña aportará a España en función de los gastos del Estado en su territorio y una cantidad en concepto de solidaridad. Más allá de las cantidades que se fijen, el espíritu del acuerdo rompe el marco constitucional y la financiación común y aborda la relación fiscal con Cataluña como un nuevo sistema foral. 

En definitiva, tenemos un Gobierno que utiliza sin miramientos todas las instituciones del Estado para garantiza a los suyos una vida mejor. ¿El mensaje para el resto? Pues sálvese quien pueda.