La política de brocha gorda: el gobierno bonificará a las empresas menos productivas  

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha anunciado recientemente la bonificación de los contratos indefinidos que realicen las pequeñas y medianas empresas de menos de diez trabajadores y con un volumen de negocio que no supere los dos millones de euros anuales.

También ha propuesto bonificar la conversión de contratos a tiempo parcial a tiempo completo. Ambas reformas se incluyen en el llamado ‘Plan Pyme 375’, una serie de medidas de acompañamiento propuestas por el Gobierno para facilitar la aplicación de la reducción de jornada en estas pymes, siempre y cuando no tengan ya una jornada efectiva inferior a las 37,5 horas semanales de promedio en su cómputo anual. 

En un mercado competitivo, las ganancias de productividad por ocupado permiten que trabajadores y empresas puedan negociar la distribución de estas mejoras entre aumentos de los salarios o reducciones de la jornada laboral, sin que se produzca un repunte del desempleo.

De hecho, en las empresas españolas más productivas la negociación colectiva ya ha llevado a jornadas laborales de 37,5 horas semanales o incluso menos. Primero aumenta la productividad, luego caen las horas por ocupado, no a la inversa. 

La evidencia de los países de la OCDE en las últimas seis décadas es clara: cada 10% de aumento de la productividad está asociado a una reducción de un 3% de las horas trabajadas. De acuerdo con este resultado, si España cerrase la brecha de productividad con las economías más avanzadas, las horas trabajadas descenderían un 12%. 

Cuando el recorte de la jornada laboral viene causado por un cambio regulatorio como el que plantea el gobierno, sin una mejora previa de la productividad, se produce un incremento del coste laboral, que incentiva la sustitución de trabajo por capital. La relación de causalidad se invierte: la productividad aumenta como respuesta al incremento del coste laboral, pero disminuye el empleo y la actividad.  

Lo que está planteando el ministerio de Yolanda Díaz es justamente bonificar fiscalmente a estas mismas pymes que no son lo suficientemente productivas como para haber reducido ya su jornada laboral y compensar el coste que supone reducírsela por ley. Es decir, propone transferencias a los segmentos menos productivos y competitivos de nuestra economía.

Según cálculos de Trabajo, la reforma tendrá una mayor implantación en la hostelería y el comercio, donde se encontraría más de un tercio de las potenciales beneficiarias de estas ayudas 

Demografía empresarial

España se encuentra todavía lejos del promedio del resto de países de la Unión Europea en tasa de ocupación y productividad laboral, que ha ido incluso divergiendo en las dos últimas décadas. La diferencia con Europa se ha ampliado desde el inicio de la recuperación hasta rozar el 22% en 2018.

Una de las causas subyacentes a este problema, además de la composición sectorial, es nuestra demografía empresarial, es decir, la prevalencia de organizaciones de dimensión reducida y poco intensivas en capital tecnológico. Y ésta se debe, en parte, a la suma de regulaciones absurdas.

Por ejemplo, las empresas con más de 50 empleados que exceden los 2,85 millones de activos o los 4,7 millones de facturación no pueden formular cuentas abreviadas, y han de someterse a auditoría anual, establecer canales de denuncia interna y organizar una compliance office independiente.

«Si España cerrase la brecha de productividad con las economías más avanzadas, las horas trabajadas descenderían un 12%» 

Asimismo, las que rebasan los 6 millones han de liquidar el IVA mensualmente, ven aumentar sus pagos fraccionados y son vigiladas por unidades de Hacienda especializadas en grandes empresas. Estas regulaciones desincentivan el crecimiento de las pymes. 

El Gobierno, una vez más, mira el dedo y no la luna. La mejor manera de asegurar que la jornada de trabajo se reduzca gradualmente, con mayores aumentos salariales y creación de empleo, es aumentar la productividad. Esto requiere incentivos a la inversión en capital tecnológico, favorecer el crecimiento empresarial y dotar de la flexibilidad necesaria para que el empleo y el capital vaya a las empresas más productivas, no a las menos productivas.  

El ciclo virtuoso es el siguiente: ahorro – capital – inversión – productividad – crecimiento empresarial – empleo de calidad – reducción horaria. El gobierno sigue la dirección opuesta: jornada laboral por decreto – incentivos fiscales a las pymes menos productivas para que se adapten – desincentivos al crecimiento – pobre demografía empresarial – productividad estancada.

Cuanto más gorda es la brocha que utiliza el Gobierno para diseñar sus políticas públicas, mayor es la necesidad de aplicar nuevos parches para tapar los errores. De esta forma entramos en el bucle de la sinrazón legislativa, donde cada regulación conduce a una nueva chapuza.