El Estado quiere protegernos

La nueva plataforma de registro hotelero de viajeros y conductores que alquilan  vehículos a motor; esa plataforma denominada SES (Sistema de Entradas y Salidas), desarrollada por el Ministerio del Interior, que exige el registro de las personas físicas y jurídicas, de acuerdo con el Real Decreto 933/2021, ha nacido –dicen- para protegernos. En el mejor de los casos, una verdad a medias.   

No puede negarse que el registro de datos facilita la labor de la policía frente a cualquier tipo de delincuencia. Pero, también es cierto que dicho registro abre el camino para El Gran Hermano de George Orwell y la biopolítica de –entre otros- Michel Foucault.  

Así nos protege el Estrado   

Para hacer realidad la ‘protección de la seguridad ciudadana‘, el viajero hospedado en un hotel ha de facilitar datos como el nombre, los apellidos, el sexo, el DNI, el pasaporte, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, la residencia habitual, la dirección, el teléfono fijo y el móvil, el correo electrónico, el número de viajeros que se hospedan si se trata de un grupo, la  relación de parentesco entre los viajeros si hay menores de edad, la fecha y la hora de entrada y salida y el tipo del pago (efectivo, móvil, tarjeta de crédito, plataforma de pago, transferencia, IBAN, cuenta bancaria, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha de pago).  

Algo similar ocurre con el alquiler de vehículos a motor sin conductor.  Añadan el nombre de la compañía que alquila, el tipo del vehículo, la matrícula, la marca, el modelo, el color, el número del bastidor, el carnet de conducir, el número de kilómetros en la entrega y en la devolución del vehículo así como los datos del GPS.    

El Estado dice que está obligado a protegernos  

El Estado no solo quiere protegernos, sino que está obligado a ello. Cosa que se percibe en la introducción del ya citado Real Decreto cuando apela a la Constitución de 1978 que reconoce y garantiza como derechos fundamentales de todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física (artículo 15 CE) así como la libertad y la seguridad personal (artículo 17 CE). A lo que hay que añadir otros artículos que hablan de la seguridad ciudadana (artículo 104.1 CE) y de la seguridad pública (artículo 149,1.29 CE).     

El Estado está obligado a protegernos, no solo por la Constitución y la Ley Orgánica 4/2015 de protección ciudadana,  sino también por los convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por España como, por ejemplo, el SEIAV (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes) y el ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes).

Unos convenios que controlan los datos personales de los nacionales de países no miembros de la Unión Europea que cruzan las fronteras exteriores del espacio Schengen, unos convenios que controlan el flujo migratorio y la seguridad interna europea.  

El Gran Hermano de George Orwell   

La novela ‘1984’, de George Orwell, es una distopía aterradora de una futura sociedad mundial que, según parece, se inspiró en el comunismo. De hecho, se trata de una crítica del totalitarismo y de las perversiones que generan ideologías totalitarias como el comunismo y el nazismo.

También, una crítica del lenguaje con sus abusos retóricos y neologismos que ocultan la realidad. Un lenguaje –dice el auto- “diseñado para que las mentiras suenen a verdad y para dar aspecto de solidez a lo que es puro humo”.    

«El Estado está obligado a protegernos, no solo por la Constitución y la Ley Orgánica 4/2015 de protección ciudadana,  sino también por los convenios y tratados internacionales»

El BOE no puede competir con el británico –aunque, nacido en la India- que firma ‘1984’.  George Orwell escribe que “nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos de su cráneo”.  Y el BOE, digamos que tiene aspiraciones más modestas. Se conforma con “regular las obligaciones de registro documental e información previstas en la normativa de protección de la seguridad ciudadana para las personas físicas o jurídicas”.    

Cierto es también que estamos ante géneros distintos: la distopía orwelliana frente al decreto administrativo-político del BOE. Por un lado, “la patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas” de George Orwell. Por otro lado, la “protección de la seguridad ciudadana” que se obtiene rellenando un formulario de carácter personal. Control y vigilancia, al fin y al cabo. La diferencia: una cuestión de grado.  1984 impone  el “no pensar” y el Real Decreto “dispone” lo que se debería cumplir.   

La biopolítica de Michel Foucault    

Cierren la obra de George Orwell y abran la de Michel Foucault deteniéndose en ensayos como ‘La voluntad de saber’ (1976), ‘Seguridad, territorio y población’ (2004), ‘Nacimiento de la biopolítica’ (2004) y los  Cursos del Collège de France de los 70. Un pensador complejo que resulta  útil para entender el quid del Real Decreto que establece el dichoso SES.  

El Real Decreto puede interpretarse como una estrategia de poder –la biopolítica como una tecnología de poder- cuyo fin es el control, gestión o regulación de la población. De sus opiniones, hábitos, temores o prejuicios. O de sus movimientos.  

«1984 impone  el ‘no pensar’ y el Real Decreto ‘dispone’ lo que se debería cumplir»

Una biopolítica que quiere intervenir -“a distancia”, diría Michael Faoucault- en la vida de las persona con el objeto de adaptarla a la teoría y práctica del poder. Vale decir que la intervención en la vida de la persona puede ser en ámbitos diversos como la salud, la alimentación o el envejecimiento. En el caso que nos ocupa, la intervención es en el ámbito del control y vigilancia del movimiento.  

Concluye nuestro filósofo que “todo ese control es lo que hoy podemos denominar salud pública y beneficio colectivo” (‘Hay que defender la sociedad’. Curso en el Collège de France, 1975-1976). 

De la literatura y la filosofía a la práctica  

Es cierto –como se decía antes- que el registro hotelero con todos sus datos –lo mismo vale para el alquiler de vehículos- es, policíacamente hablando, eficiente. Pero, resulta que ahí está el individuo y su privacidad que hay que respetar. El SES, literalmente hablando, desnuda al ciudadano. ¿Quién custodia los datos? ¿Acaso los formularios no facilitan el trabajo de la delincuencia cibernética? ¿Quién garantiza la privacidad y la seguridad?  

Al socaire de la seguridad ciudadana, el Estado –quiérase o no- aprovecha la ocasión para “fichar” al ciudadano. Es decir, para controlarlo y vigilarlo. Si las cámaras de ciertos lugares públicos –quiérase o no- controlan y vigilan nuestros movimientos; si eso ocurre, también sucede que el Estado, vía registro de datos, controla y vigila nuestros movimientos, la familia, las cuentas bancarias, las tarjetas, los móviles, los vehículos y demás. Un granero para los técnicos especializados en tratamiento de datos.  El Gran Hermano y la biopolítica van a la par y trabajan en el mismo despacho o gabinete.