¿Un concierto vasco para todos? 

El concierto económico vuelve al centro del debate en Cataluña. ERC ha optado porque el modelo de financiación autonómica se convierta en la llave de las contrapartidas que exige para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El pacto fiscal catalán, reivindicado desde hace ya más de una década, se asimila al concierto económico vasco: la Generalitat catalana recaudaría todos los impuestos que los contribuyentes pagan en Cataluña (IRPF, IVA, Sociedades, etc.) y, posteriormente, le abonaría un cupo al gobierno central por el coste monetario de los servicios que esta administración ha prestado en la región. 

Según los datos oficiales de las balanzas fiscales calculados por el Ministerio de Hacienda (los cuales datan de hace una década), aproximadamente el 5% del PIB catalán, una vez considerados los servicios que presta el gobierno central, terminaba siendo redistribuido hacia otras comunidades. De mantenerse hoy ese mismo porcentaje, estaríamos hablando de alrededor de 13.000 millones de euros al año o 1.700 euros por catalán. El País Vasco, con una renta per cápita superior, recibe 1.547 euros por ciudadano vasco. 

A diferencia de lo que sucede en el País Vasco, Esquerra ha aceptado, sin embargo, incrementar la cuantía del cupo para financiar una cierta redistribución de la renta hacia los residentes en otras autonomías más pobres. 

«ERC ha optado porque el modelo de financiación autonómica se convierta en la llave de las contrapartidas que exige para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat»

La literatura económica pone énfasis en los beneficios que puede conllevar la competencia y descentralización fiscales, siempre que el diseño institucional sea el adecuado. La cercanía de las administraciones aumenta la eficiencia asignativa del sector público, al permitir ofrecer bienes y servicios públicos que se adecuan mejor a las preferencias heterogéneas de los ciudadanos. Por otro lado, la competencia interjurisdiccional o por comparación incentiva al político a promover mejores políticas, con el fin de atraer bases imponibles, de tal forma que se reduce su autoridad discrecional. 

En España, si bien más del 50% de los recursos del sistema proceden de tributos en los que las comunidades tienen cierto grado de capacidad normativa, éstas tan sólo gestionan directamente el 16.3%.  

Algunos creemos que sería interesante profundizar, y no restringir, los elementos de federalismo competitivo que existen en nuestro ordenamiento jurídico, y reforzar la competencia administrativa con el fin de ofertar bienes y servicios públicos a un coste fiscal inferior. La competencia fiscal entre regiones actúa como un mecanismo para disciplinar a los gobiernos regionales y permite votar con los pies a los contribuyentes, ofreciéndoles una pluralidad de regímenes fiscales a los que acogerse.  

Esta tesis no sólo se ha divulgado desde Cataluña, País Vasco o Navarra. Voces próximas al PP de Madrid, como Daniel Lacalle, o a la Fundación FAES como el catedrático de Economía Aplicada Francisco Cabrillo, ya han reclamado en el pasado generalizar el concierto vasco a todas las autonomías y avanzar hacia un sistema de federalismo fiscal. 

Un informe reciente del Instituto Ostrom, a cargo del investigador postdoctoral en Esade Santiago Calvo, plantea algunas reformas que podrían ayudar a remar hacia esta dirección. En primer lugar, propone actuar en los Impuestos Especiales y en el IVA.

La normativa comunitaria dificulta que las comunidades autónomas puedan ejercer una mayor autonomía tributaria, pero no impide que las decisiones sobre los rendimientos de los que disponen puedan tomarse en coordinación con el gobierno central. El Senado o el Consejo de Política Fiscal y Financiera son buenos candidatos para establecer el marco de negociación entre ambos niveles de gobierno. 

«Con distintos niveles de gobierno, la tarea de identificar al responsable de según qué política o impuesto se difumina»

En segundo lugar, recomienda crear un impuesto sobre la renta (IRPF) diferenciado para las comunidades autónomas, como ya sucede en Estados Unidos. Dicho sistema dotaría de mayor transparencia al modelo de financiación. Con distintos niveles de gobierno, la tarea de identificar al responsable de según qué política o impuesto se difumina. Con una buena identificación del responsable de cada tributo, los electores podrán premiar (castigar) a los buenos (malos) gestores. 

Finalmente, debe considerarse que el coste de prestación de servicios no es igual en cada territorio, por lo que el esfuerzo fiscal para obtener un mismo nivel de servicios debe ser mayor en unos que en otros. Con una nivelación fiscal parcial, seguirá existiendo un residuo fiscal distinto en función del territorio.

Esto conduce a una situación de inequidad horizontal interpersonal. Una manera de mejorar la autonomía financiera sería ofrecer una nivelación total de recursos por unidad de necesidad, calculando mediante recaudaciones normativas los recursos fiscales del sistema.  

Una vez nivelados los recursos, se podría ofrecer a las comunidades autónomas la posibilidad de gestionar sus recursos de manera autónoma, pero siendo conscientes que cualquier desviación en el margen sobre los tributos que gestionen tendrá efectos sobre su índice de financiación.

Si, por ejemplo, una comunidad autónoma decide bajar los impuestos, ello deberá ser a costa de un menor gasto público. Con este punto de partida, las comunidades podrían desviarse en el margen tanto como deseen, haciéndose responsables del coste económico y electoral de las bajadas o subidas de impuestos que apliquen. 

Ahora que se reabre el debate sobre el modelo de financiación autonómica, sería un buen momento para aprovechar la ocasión de acercar las administraciones tanto como sea posible al ciudadano y, al mismo tiempo, corresponsabilizarlas de su autosuficiencia tributaria. Avanzar hacia el concierto fiscal para todos.