Cercle d’Economia: ¿institución económica o política?

Hace dos semanas el gobierno y la Generalitat pactaron una condonación de deuda del Fondo de liquidez autonómica (FLA) por valor de 17.104 millones de euros. Se argumentó que así se reducía la deuda de la Generalitat y se incrementaba la capacidad financiera de la misma, así como se abría la puerta a que la administración autonómica accediera a los mercados crediticios. Una semana más tarde la Generalitat pide al FLA 8.497 millones, el 49,68% de lo que le fue condonado.   

La deuda no ha desaparecido dado que la Generalitat es una parte del Estado y ahora es dicho Estado el que se queda con ella. En resumen, a este ritmo en 2026 la Generalitat deberá lo mismo que en 2025 pero el estado habrá perdido capacidad financiera, de inversión y calidad de calificación de deuda. El negocio de Roberto y las cabras.  

Desde la Generalitat se han excusado: “debemos recurrir al FLA porque la condonación aún no está aprobada”. La realidad es dramática, de los 8.497 millones, el 94,15%, o sea, 8.000 millones se dedicará a pagar bonos y préstamos, en absoluto se usará para hospitales, ni dependencia, ni la mejora de la red ferroviaria, ni para vivienda social.  

Pagamos impuestos para que la administración pague intereses de lo que ha gastado por encima de sus capacidades, Sánchez absorbe deuda para mantenerse en el gobierno, aunque eso haga de España un país mucho menos solvente y más endeudado. 

Mientras la Generalitat se hacía con un préstamo revolving, el Cercle d’Economia, encabezado por el exdirector general del Sabadell, Jaume Guardiola, ha salido a defender, como habitualmente sucede, el argumentario del agravio, con una nota que bajo el título: ‘La reforma de la financiación: una oportunidad social, económica y política’ afirma que la reforma de la financiación debe servir para que Cataluña haga un «salto adelante» en autogobierno. La institución no parece caer en la cuenta que a más deuda menos capacidad de autogobierno.   

Siguiendo el guion de La Moncloa y la Generalitat desde el Cercle se considera que con la nueva financiación “todas las CC.AA se verían beneficiadas”. El Cercle escribe sobre “colaboración leal y constructiva entre administraciones” obviado que el objetivo de ERC y Junts, impulsores del nuevo sistema de financiación aceptado por Sánchez, no se basa en la “colaboración leal entre administraciones” sino en el objetivo confeso de tener recursos económicos e instrumentos legales para separarse de España ¿Es el documento del Cercle un ejercicio de ceguera o una indisimulada complicidad?  

La llamada financiación singular, en realidad es la autorización a que el que más tiene se lo quede casi todo y deje sin casi nada al que menos tiene. ¿Dónde ve el Cercle el beneficio para todas las CC.AA en dicho modelo insolidario e insólito?  

«La institución no parece caer en la cuenta que a más deuda menos capacidad de autogobierno»

El documento usa, una vez más, el habitual espantajo nacionalista de la desafección, siempre útil en el argumentario que sirve para ir arrancando al gobierno de España todo lo que se tercie al insaciable apetito nacionalista. Dice el papel del Cercle: “la frustración de las expectativas generadas podría convertirse en un nuevo motor de desafección”, dicho en román paladino “o nos dais lo que queremos o volvemos a la calle”.

La pregunta que debemos hacernos es evidente: ¿Ha servido alguna de las miles de cesiones realizadas al nacionalismo para frenar su desafección? Es más, la pregunta definitiva es: ¿Cuándo asumiremos que el debate con el nacionalismo económico, social y político no es sobre el autogobierno, ni la calidad de los servicios públicos, si no sobre la independencia? 

Finalmente, el Cercle califica de insignificantes los riesgos de desgajar al AEAT (Agencia Estatal de administración tributaria) y ceder competencia a la ATC (Agencia tributaria catalana). Sin duda el papel o es cómplice de la estrategia nacionalista o está hecho sin tener en cuenta las declaraciones de Puigdemont quién al recibir la competencia de fronteras e inmigración hablo, sin ambages, de que esa nueva cesión de competencias son propias de un estado.  

Y remata el Cercle: “La ATC no significa la desaparición del Estado de Cataluña”. ¿Quién da más?