Casa Orsola, el epítome del populismo barcelonés 

Después de días de movilización y protesta, el Ayuntamiento de Barcelona anunciaba la semana pasada la compra de la Casa Orsola. De esta forma, el Consistorio desactiva el inminente y mediático desahucio del profesor Josep Torrent, por el que paga mensualmente 700 euros. 

El Ayuntamiento de Barcelona se gastará, junto con la Fundació Hàbitat 3, un total de 9,2 millones de euros para adquirir este edificio modernista. Según Collboni, es un precio un 30% inferior al precio de mercado. Sin embargo, el precio final de compra supera con creces los seis millones que pagó el fondo que tenía la propiedad del edificio. Recordemos que en 2021 el gobierno municipal rechazó la opción de comprar la finca por esta misma cantidad. Ahora, cuatro años después, la operación sale un 50% más cara. 

El contribuyente ha pagado nueve millones por 26 viviendas al propietario, que obtiene una rentabilidad del 70% en tres años, para subvencionar a los actuales inquilinos y ofrecerles alquileres por 700€ en pleno corazón del Eixample. En otras palabras, el resto de ciudadanos de la ciudad pagarán varios millones de euros para garantizar que algunos ciudadanos de clase media sigan viviendo por debajo del precio de mercado. 

El conflicto en Casa Orsola parece haber terminado por la vía rápida. Pero, ¿qué pasará con las demás? Se calcula que en Barcelona puede haber hasta 4000 edificios con una situación similar a la que vivían los vecinos del edificio modernista. Sólo en el Eixample hay 200 edificios como la Casa Orsola. Comprarlas todas equivaldría al 47% del presupuesto municipal para este año.

Es imposible e inviable repetir la fórmula utilizada, pero no han tardado en aparecer las protestas de vecinos de otros barrios. La operación tiene un enorme coste de oportunidad. ¿Cuántas viviendas de alquiler social en Nou Barris se podrían haber subvencionado con esos nueve millones? 

El Sindicato de Inquilinas (que ni es sindicato ni representa el interés de la mayoría de inquilinas) ha acaparado el foco mediático en Cataluña durante semanas para que, finalmente, su gran enemigo (la propiedad de la casa) se hiciera de oro ganando más de tres millones de euros más de los que invirtió a la hora de comprarla. ¿“Justicia social” o “igualitarismo de la suerte”? De la suerte del arrendatario que llegó antes y tiene el respaldo de un sindicato, varios medios de comunicación y profesores universitarios que teorizan el derecho humano al arraigo. 

Jóvenes sin posibilidades de vivienda

El activismo de parte, si bien tiene un diagnóstico totalmente equivocado sobre el problema de la vivienda, parece haber capturado al gobierno, y está resultando en un enorme fiasco de política pública. Un fiasco que va a seguir agravándose y que va a perjudicar, especialmente, a los nuevos entrantes en el mercado y a los colectivos vulnerables a los que supuestamente esgrimen defender desde la izquierda. Es más: en Cataluña estamos avanzando hacia un sistema dual donde los jóvenes que no vivan ya en zonas reguladas lo tendrán mucho más difícil para acceder a una vivienda.  

Más allá del ruido mediático, el problema de fondo persiste. En los últimos diez años, la población en Cataluña se ha incrementado en más de 500.000 personas, mientras que se han construido menos de 100.000 viviendas nuevas.

«El resto de ciudadanos de la ciudad pagarán varios millones de euros para garantizar que algunos ciudadanos de clase media sigan viviendo por debajo del precio de mercado» 

Y hay que tener en cuenta que hoy de media en los hogares catalanes viven unas 2,6 personas, lo que significa que se necesitaría casi el doble de viviendas de las que se han construido. Existe, por lo tanto, un desajuste entre crecimiento de la demanda y nueva oferta disponible de casi 100.000 viviendas. Esta escasez se agrava en un contexto de fuerte presión demográfica y migratoria.  

En un entorno en el que necesitamos multiplicar la escala a la que estamos construyendo, se necesitan más – y no menos – inversores inmobiliarios con músculo financiero para superar la enorme incertidumbre regulatoria existente en el sector. Si el debate sobre la vivienda sigue capturado por aquellos quienes propugnan más inseguridad jurídica, mayor regulación de precios y más restricciones a la oferta, no le auguro nada bueno a la ciudad de Barcelona y a sus jóvenes.