La Casa Orsola, un peligroso precedente

La adquisición de la Casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona marca un peligroso precedente en las políticas de vivienda de la ciudad. Lejos de solucionar el grave problema del acceso a la vivienda, se inaugura una nueva política que crea incentivos perversos y que, por lo tanto, agravará la crisis habitacional.

En el caso que nos ocupa, algunos inquilinos se habían negado a abandonar las viviendas a pesar de que su contrato había finalizado. La Justicia, como es lógico, ya que los contratos están para cumplirse, había dado la razón al propietario, por lo que el problema, en los casos de vulnerabilidad, debía afrontarlo la administración pública.

Pero debía hacerlo de manera razonable, ni dilapidando el dinero público ni lanzando un mensaje irresponsable a la sociedad. De hecho, esta intervención recuerda al pago de un rescate: alimenta la voracidad de potenciales secuestradores. Al comprar este edificio por 9,2 millones de euros, cuando su precio en 2021 era de 6 millones, el ayuntamiento premia el incumplimiento de contratos y fomenta la peor desigualdad entre ciudadanos, la que es fruto de los privilegios otorgados por un poder arbitrario.

Porque cabe preguntarse qué criterio se ha seguido para actuar en la Casa Orsola en concreto y no en los miles de casos similares que podemos hallar en Barcelona. ¿Se ha reaccionado así solo por el ruido mediático provocado por las asociaciones del colauismo subvencionado? Si es así, a partir de ahora será la extrema izquierda quien decida quién merece seguir disfrutando de un alquiler bajo en una zona “alta”. Y ya saben ustedes que en esas franjas ideológicas es más importante premiar al amigo que proteger al necesitado.

«Con el precio de esta operación propagandística podrían haber ayudado a decenas de familias realmente vulnerables»

Todos los barceloneses pagaremos esta irresponsabilidad política. La adquisición se realizará entre el Ayuntamiento (49 %) y una entidad, Hábitat 3 (51 %), que también recibe cuantiosas subvenciones públicas. Es decir, casi todo el coste de la operación recaerá sobre el erario.

Y cabe apuntar que, con un coste promedio de 300.000 euros por vivienda, los recursos destinados a esta compra podrían haberse empleado en construir o incentivar la construcción de un número significativamente mayor de viviendas asequibles.

Es, por lo tanto, un derroche. Con los mismos recursos podrían ofrecerse muchas más soluciones. Con el precio de esta operación propagandística podrían haber ayudado a decenas de familias realmente vulnerables. El coste de oportunidad pone en evidencia la cacicada de Jaume Collboni.

Así pues, esta mala decisión es claramente cortoplacista, prioriza resolver una crisis mediática inmediata pero sus resultados serán tremendamente negativos, a saber, se incentivará la okupación en una Barcelona que ya es el paraíso europeo de los antisistema, incrementará la inseguridad jurídica para los propietarios que ya están huyendo de la ciudad y desincentivará la inversión en vivienda de alquiler. En resumen, reducirá aún más la oferta en un mercado ya tensionado.

«La compra de la Casa Orsola no es la solución, es un falaz paliativo que ignora las causas fundamentales de la crisis habitacional en Barcelona»

Este episodio se suma, de este modo, a toda una serie de políticas que han exacerbado la crisis en una Barcelona que lleva demasiado tiempo siendo el laboratorio de los peores experimentos populistas.

Las administraciones de Ada Colau y Collboni no han cumplido con sus promesas de construir vivienda protegida, mientras que medidas como la imposición del 30 % de vivienda asequible en nuevas construcciones han desalentado a los promotores privados. Ni construyen ni dejan construir. Por su parte, la limitación de precios de alquiler ha reducido la oferta, agravando aún más el problema.

El fracaso es evidente, pero algunos parecen no aprender la lección. Es especialmente preocupante que, a pesar de los funestos resultados, partidos como PSC y Junts sigan votando en contra de la derogación de estas medidas. Mientras tanto, los barceloneses continuaremos pagando de nuestro bolsillo las pésimas políticas de vivienda de Ayuntamiento, Generalitat y Estado.

En definitiva, la compra de la Casa Orsola no es la solución. Será parte del problema. Es un falaz paliativo que ignora las causas fundamentales de la crisis habitacional en Barcelona. En lugar de gastar millones de euros en operaciones simbólicas, el Ayuntamiento debería centrarse en incentivar la construcción de nuevas viviendas, facilitar la colaboración con promotores privados y garantizar una mayor seguridad jurídica para los propietarios.

El acceso a la vivienda es un derecho básico, pero su garantía exige políticas responsables y eficaces, no medidas populistas que empeoran el problema. Es hora de una clara rectificación. La ciudad no puede seguir en manos de lobbies estridentes y subvencionados como el Sindicat de Llogateres. El colauismo ya hizo suficiente daño a Barcelona. Cambiar es una urgencia. Necesitamos un nuevo enfoque que fomente la oferta de vivienda asequible y aporte soluciones reales.