Barcelona, una rave okupa

Ayer, en Barcelona, tuve la oportunidad de participar en la concentración organizada por APROVIJ, una asociación que representa a pequeños propietarios de viviendas que sufren la angustiante realidad de la inquiokupación. Están desesperados ante la inacción de las administraciones públicas y la hostilidad de los actuales gobiernos.

Este fenómeno, que afecta a miles de familias en Barcelona, Cataluña y toda España, es fruto de las malas políticas y, no nos engañemos, también de las malas intenciones. En lugar de buscar soluciones reales, estos gobiernos parecen más interesados en buscar chivos expiatorios y en fomentar una guerra social entre propietarios e inquilinos.

Lejos de respetar los derechos de unos y otros, la izquierda, con las leyes y los relatos, ha provocado un desequilibrio y una inseguridad jurídica que va a perjudicar a todos. Debemos recordarlo continuamente: la propiedad privada no es solo un derecho fundamental; es también una garantía indispensable de la libertad de las personas y una condición necesaria para la prosperidad de la sociedad.

Sin embargo, las políticas impulsadas por los gobiernos socialistas en todos los niveles (local, autonómico y nacional) han atacado este derecho con medidas que protegen al okupa y castigan al propietario.

Sin ir más lejos, en Barcelona, se registran ya más de 2.000 viviendas okupadas ilegalmente, una cifra alarmante que refleja el fracaso (o el éxito) de este socialismo tan poco social. Y es que el problema no solo afecta a los propietarios directamente involucrados; también es una causa directa de la falta de vivienda asequible en nuestra ciudad.

La inseguridad jurídica desincentiva a los propietarios a ofrecer sus inmuebles en alquiler, reduciendo así la oferta y deteriorando la calidad del mercado inmobiliario.

«Experimento» social

En este sentido, la capital catalana se ha convertido en un laboratorio populista que experimenta con un material tan delicado como es la vivienda. La reserva del 30%, los topes al alquiler o la compra de inmuebles como la Casa Orsola son ejemplos claros de lo que podríamos llamar políticas del «perro del hortelano»: ni construyen ni dejan construir.

No incentiva la oferta. Al contrario, le ponen todas las trabas posibles y agravan el problema. Crean un clima de inseguridad jurídica que beneficia a quienes actúan fuera de la ley y perjudica a los ciudadanos que la respetan.

Ciertamente esta es una realidad compleja. Nos encontramos con mafias empoderadas que hacen de la permisividad de las leyes un lucrativo negocio, pero también existen casos de familias vulnerables que no encuentran trabajo y no llegan a fin de mes. Hay que saber distinguir y, por esta razón, es un acierto que el Partido Popular haya propuesto un registro de afectados por la inquiokupación. Servirá para ofrecer asesoramiento jurídico, pero también para conocer el alcance del problema y sus variantes.

«El problema no solo afecta a los propietarios directamente involucrados; también es una causa directa de la falta de vivienda asequible en nuestra ciudad»

En los casos de fraude, todo el peso de la ley debería caer sobre el okupa o el inquiokupa. Debería ser desalojado en la mayor brevedad posible y el propietario debe recuperar el fruto de su trabajo y sus ahorros. En los casos de vulnerabilidad real, no como en la Casa Orsola, la administración debe actual ofreciendo subsidios o vivienda social, pero nunca descargo la responsabilidad en el propietario, y menos aún como se hace en la actualidad: sin compensación alguna.

El rol de Collboni

Por otra parte, este problema debe ser visualizado y los gobiernos deben mostrar firmeza en las soluciones. No es, por tanto, lógico que al ayuntamiento le preocupe la oficina móvil del Partido Popular que promueve la campaña “Fuera Okupas” y no se ocupe en constituir la oficina antiokupación que se aprobó en el consistorio hará ya un año.

Tampoco es ejemplar la pasividad de Jaume Collboni ante los 21 inmuebles municipales okupados ilegalmente. Allí se organizan fiestas sin ningún tipo de permiso. En Can Vies, símbolo de las conquistas antisistema, se han montado un bar y una terraza. No pagan impuestos. No cumplen la normativa. La fiesta la pagamos el resto de la sociedad, es decir, los que sí cumplimos.

Así pues, el mensaje que lanza al mundo el gobierno socialista no puede ser más negativo. Es un efecto llamada en toda regla. Si seguimos por ese camino equivocado, la fiesta de las mafias y los antisistema irá a más, y Barcelona se convertirá en gran una rave okupa.