Barcelona, los pisos turísticos y el lobby hotelero 

El Ayuntamiento de Barcelona no concederá más licencias para uso turístico a viviendas residenciales y no renovará las existentes en noviembre de 2028. En menos de cinco años, los 10.101 pisos turísticos de la ciudad perderían esa condición. Jaume Collboni anunciaba la semana pasada su Plan Viure para eliminar antes de 2029 las denominadas VUT (Viviendas de Uso Turístico) en aplicación del decreto ley aprobado por la Generalitat el pasado noviembre, que regula el sector. 

«La ciudad no puede permitirse una cifra tan elevada de pisos turísticos en un contexto en el que la dificultad de acceso a la vivienda y los efectos negativos de la masificación turística son evidentes y compartidos», anunciaba el edil socialista al exponer la propuesta del Gobierno municipal. La revisión del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) deberá ser aprobada por el pleno del Consistorio municipal. 

El turismo es una de las actividades económicas más relevantes en Cataluña, con una contribución cercana al 12% del PIB. Genera más de 350.000 puestos de trabajo. Sin embargo, la actividad turística está asociada a externalidades negativas como el incremento de la polución y la congestión, el incremento del vandalismo y del incivismo o la presión sobre algunos servicios públicos provistos por las administraciones. El descontento con el turismo es palpable en algunas zonas de la ciudad. 

En algunos casos, la oferta turística también puede generar una presión alcista en el precio del mercado del alquiler residencial, aunque la evidencia disponible parece indicar que, a pesar del discurso político, no es uno de los factores determinantes. Según el propio Ayuntamiento, existen 10.101 VUTs en Barcelona, y éstas se han reducido desde 2015, algo no sorprendente teniendo en cuenta el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT).

«El turismo es una de las actividades económicas más relevantes en Cataluña, con una contribución cercana al 12% del PIB»

Por tanto, representan poco más del 1% del total de viviendas. Según datos del INCASÒL, los contratos de alquiler incrementaron un 23% entre 2015 y 2017, por lo que no parece observarse una relación causal entre ambos fenómenos. 

Sin embargo, la distribución de las VUTs no es homogénea. La evidencia empírica disponible sugiere que la presencia de VUTs puede haber incrementado los alquileres en un 1.9% de media, y hasta un 7% en las zonas con mayor presencia. Otros análisis en otras ciudades y países muestran resultados heterogéneos, pero parecen apuntar que no son un factor determinante para explicar el incremento de los alquileres. 

Uno podría sospechar que detrás del movimiento del gobierno municipal juega un papel relevante el lobby hotelero, como ya sucedió con la moratoria de 2015. Un estudio reciente (Bel, Joseph & Mazaira-Font, 2021) analiza el impacto de la moratoria en los precios, a partir de la técnica del control sintético, utilizando más de 200.000 observaciones diarias de precios de hoteles durante el período 2011-2017.

El efecto más relevante de la moratoria en la construcción de nuevos hoteles fue un fuerte aumento de los precios, de hasta 34 puntos porcentuales más de lo que lo habrían hecho sin la moratoria.  

Ninguna otra ciudad europea experimentó un crecimiento tan elevado respecto a la tendencia esperada. Este incremento se tradujo en un aumento de la rentabilidad de los hoteles existentes y, por tanto, en una apropiación privada de los excedentes creados por la medida.

«El consistorio barcelonés ha apostado por restringir el alquiler turístico, beneficiando al resto del sector hostelero»

La industria hotelera local, que había acogido favorablemente la prohibición de creación de nueva competencia en 2015, es la que recogió los beneficios materiales de la intervención política. Es el efecto habitual de las barreras de entrada: menos competencia, mayores precios. 

Los decisores públicos deberían limitarse a corregir las potenciales externalidades negativas del turismo sin privilegiar o discriminar a un segmento del mercado. Cabe recordar, además, que cuando la regulación de los usos del suelo se utiliza para determinar la configuración comercial del territorio, ésta se erige como una importante restricción a la competencia, que podría ser incluso contraria a la Directiva de Servicios. Así pues, existen alternativas más proporcionales como pueden ser el recargo en la tasa turística. 

Barcelona está planteando subir la tasa turística de los 3,25 euros por pernoctación hasta los 4 euros. Amsterdam cobra el 12.5%, de 15 a 21 euros por noche. En Venecia, durante la temporada alta también se cobran 5 euros por entrar en la ciudad. Este tipo de medidas tienen la ventaja de que el excedente generado acaba en la hacienda local, en lugar de aumentar la rentabilidad privada del sector. 

Independientemente de la cantidad, carece de racionalidad que el 70% de la recaudación de la tasa turística en Barcelona se destine a la promoción turística y no a gestionar las externalidades negativas que produce el turismo, por ejemplo a la mejora de servicios y vigilancia. Tampoco tiene lógica que la financiación de la promoción turística recaiga mayoritariamente en el sector público. 

El consistorio barcelonés ha apostado por restringir el alquiler turístico, beneficiando al resto del sector hostelero. La pregunta obvia es si esta barrera anticompetitiva responde al interés general o al interés del incumbente y si realmente será efectiva para mitigar los problemas que pretende subsanar.