Barcelona, aquí no hay quien viva
Mientras las izquierdas que nos gobiernan continúen comportándose como chamanes irresponsables, el acceso a la vivienda será un problema cada vez mayor. Pronto no habrá quien viva en Barcelona
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La inseguridad es el principal de los barceloneses; y la falta de vivienda asequible, el segundo. Si en el origen de la primera cuestión encontramos un irresponsable “laissez faire, laissez passer” de los gobiernos respectos a los delincuentes; en la segunda, por el contrario, hallamos la causa de la crisis en el exceso de intervencionismo político.
En general, nuestras izquierdas prometen soluciones regulando y acaban indefectiblemente ahogando. Prometen cantidades ingentes de pisos para jóvenes y acaban por hacer de la vivienda un bien de lujo solo al alcance de unos pocos. Dicen que Winston Churchill dijo que, si ponías comunistas a cargo del desierto del Sáhara, en cinco años habría escasez de arena. Pues eso: el socialismo regula y Barcelona se ahoga.
En 2015, Víctor Lapuente publicó un magnífico libro sobre “los charlatanes que amenazan el bien común”, El retorno de los chamanes (editorial Península). Estos nos prometen grandes políticas, mágicas transformaciones sociales competitivas, pero a la hora de la verdad aplican políticas ineficientes, asfixiantes o contraproducentes.
La izquierda española, a diferencia de la nórdica, tiende al chamanismo, a despreciar de la compleja realidad y a apelar a una simplista emotivididad, a rechazar el reformismo de las mejoras posibles para abrazarse a una retórica tan pomposa como paralizadora.
Ni se analizan los resultados, ni se corrige cuando se hierra. Con el prejuicio por bandera, se dobla la apuesta con el dinero de los ciudadanos. Cuando algo no funciona, esta estrecha mentalidad política no busca la innovación, y mucho menos la libertad, simplemente nos obliga a beber dos tazas de su mala política.
El alquiler en Barcelona bate récords olímpicos y alcanza una media de 1.200 euros al mes. Si la demanda crece y la oferta cae, el resultado no puede ser otro. Así, la declaración de zona tensionada es muy probable que acabe siendo un más de lo mismo, sacando del mercado los pisos con una mejor relación calidad-precio y encareciendo las peores opciones.
Una vez más el resultado del socialismo irresponsable es el de siempre, a saber, pagar más para vivir peor. Faltan políticas serias. Y sobra demagogia. El alcalde Jaume Collboni, sin ir más lejos, promete eliminar todos los pisos turísticos en un futuro en el que probablemente ya no será alcalde.
Controlar los pisos turísticos
Es el típico mensaje populista en el que el político se inventa un enemigo y no ofrece una solución eficaz. Mucho sectarismo y poco análisis. Se estigmatiza un sector turístico que supone el 15 % del PIB de la ciudad, pero el problema la vivienda seguirá vigente y creciendo. Ada Colau no lo habría hecho peor.
Es necesario poner orden en los pisos turísticos e incrementar las inspecciones para castigar la ilegalidad, pero la solución a la escasez de vivienda asequible no vendrá por ahí, sino por un contundente incremento de la oferta. En este sentido, será necesaria una mayor colaboración público-privada. Se trata de liberar suelo y eliminar burocracia para agilizar plazos. Se trata de construir y rehabilitar.
En Barcelona, imposiciones como la reserva del 30 % tuvieron un efecto no deseado, pero muy previsible. Redujeron sensiblemente la oferta. Y lo que no se entiende, desde un punto de vista medianamente racional, es que se mantenga esa medida que se ha demostrado un fracaso rotundo.
La okupación
Tampoco se entiende la pasividad de los gobiernos ante la okupación ilegal. En Barcelona los okupas violentos campan a sus anchas, convirtiendo barrios enteros en un infierno para los vecinos de toda la vida. Antes del verano, el gobierno municipal se comprometió con el Partido Popular a crear una oficina anti-okupación que ayudara a las familias víctimas de esta delincuencia inaceptable e inédita en el resto de Europa. Sin embargo, seguimos esperando.
El socialismo permite la okupación ilegal no sólo por su odio ideológico a la propiedad privada, sino por la falsa creencia de que así resolverá una parte del problema de la vivienda, cargando a los propietarios una responsabilidad exclusiva de la administración pública.
Por otra parte, impuestos elevados tampoco ayudan a las familias que ya sufren un terrible estancamiento de su calidad de vida. Barcelona aplica un tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 0,66 %. Madrid, por el contrario, se sitúa en un 0,44 %. La mala gestión tiene consecuencias. Las aventuras populistas nunca salen gratis. Por esta razón, en Cataluña los impuestos son más elevados que en el resto de España.
«Se trata de liberar suelo y eliminar burocracia para agilizar plazos. Se trata de construir y rehabilitar»
Es fruto de decisiones tomadas por los gobiernos catalanes. Los tripartitos y los separatismos han sido un excepcional autoboicot a nuestra competitividad. Han supuesto un enorme lastre a empresas y familias. Y, en este sentido, el ayuntamiento de Barcelona no ha sido un alivio. Al contrario, ha supuesto una carga extra.
Mientras las izquierdas que nos gobiernan continúen comportándose como chamanes irresponsables, el acceso a la vivienda será un problema cada vez mayor. Pronto no habrá quien viva en Barcelona. Son demasiados populismos castigándonos durante demasiado tiempo. Es hora de romper prejuicios ideológicos y enfrentarse a la realidad con diagnósticos serios.
Es necesaria una mayor seguridad jurídica y mayores incentivos para la oferta de vivienda. Es necesaria una administración que estimule y no frene. Es necesario un cambio de paradigma político en Barcelona, Cataluña y España, porque, si hacemos lo mismo de siempre, obtendremos los malos resultados de siempre.
