Los atajos legales del PSOE siempre salen caros 

Tenemos un Gobierno que quiere hacernos creer que los terroristas, como las setas, se dividen en dos grandes grupos: las venenosas y las comestibles. Las que sirven para hacer un buen revuelto y las que te mandan al otro barrio. Y nada mejor ni más eficaz que aprobar una ley para distinguirlas. Un proyecto de ley de amnistía del Gobierno que dirá que la ponzoñosa Amanita muscaria no se parece a la letal Amanita phalloides y que por lo tanto se puede consumir con total tranquilidad.

Algo así es lo que ha hecho el ministro Félix Bolaños, después de maquillarse con cemento, para convencernos de que nada tiene que ver la sanguinaria actuación de ETA a lo largo de varias décadas con lo que hicieron los más violentos en Cataluña durante el proceso independentista.  

El esfuerzo que hace el Gobierno para distinguir un terrorismo inequívoco de otro que viene acompañado de siete votos contrasta con el brochazo interesado a la hora de llamar ultraderecha a cuantos se oponen a su política. Todos sabemos que solo las cautivas necesidades de Pedro Sánchez han generado un discurso sin credibilidad: no puede ser que desde el Ejecutivo se insista sin rubor en las diferencias que separan a ETA de los CDR catalanes, en una comparación tan interesada como absurda, mientras se atemoriza a la sociedad española con la llegada de la peor ultraderecha, no solo de la historia de nuestro país, sino de toda Europa. Demasiadas explicaciones para amnistiar a unos y ninguna que impida seguir descalificando a otros.  

La ley de amnistía que quiere aprobar el Gobierno, a la medida de Carles Puigdemont y los suyos, no es más que uno de los muchos atajos a los que nos tienen acostumbrados los socialistas cuando quieren arreglar las cosas a su manera. A lo largo de su dilatada historia el PSOE ha caído varias veces en la tentación de tomar vías de dudosa legalidad, cuando no radicalmente fuera de la ley.

El resultado, como no podía ser de otra forma, ha terminado siendo por lo general un desastre, pero no solo para el PSOE, también para el resto de los españoles. Sus erróneas decisiones las ha acabado pagando la sociedad española en su conjunto. Porque los atajos han terminado por dejar indefensas muchas de las estructuras del Estado de derecho en el que confían la mayor parte de los ciudadanos. 

La ley de amnistía está generando un choque frontal entre el Gobierno y la Judicatura. Y lo que menos necesita ahora nuestro país es una guerra abierta entre los poderes Ejecutivo y  Judicial. Pedro Sánchez está obligado a ofrecer plenas garantías al fugado Carles Puigdemont para que pueda regresar a España sin riesgo de ser detenido y lo mismo le pasa con la docena larga de imputados por terrorismo en la causa del “Tsunami Democràtic”.

“La ley de amnistía que quiere aprobar el Gobierno no es más que uno de los muchos atajos a los que nos tienen acostumbrados los socialistas cuando quieren arreglar las cosas a su manera”

Así que la ley se adapta estos días como un chicle las veces que haga falta con tal de dar satisfacción a los delincuentes que llevan las riendas de este país. Para ello  se llama terroristas únicamente a quienes hayan incurrido en “violaciones graves de los Derechos Humanos”, algo que queda premeditadamente sin definir.  

El problema que tiene el Gobierno en estos momentos se llama Manuel García Castellón. El magistrado que está cortando todos los atajos que el sanchismo busca desesperadamente con la ley de amnistía. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional deja claro que la violencia por las protestas del 1-O, que todo el mundo pudo ver por televisión, supusieron una grave alteración de la paz y el orden social y provocaron graves lesiones a varios agentes de la Policía. Las setas venenosas no pueden declararse comestibles por decreto ley. 

La Judicatura española, que como otros muchos estamentos tiene puestas sus esperanzas en los tribunales de la Unión Europea por entender que esta maniobra choca con el Derecho Comunitario, se convierte así en el único y último dique de contención que le queda al sanchismo por derribar.

Su voraz estrategia ha sido descrita por quien fuera vicepresidente socialista, Alfonso Guerra, como “la táctica del salchichón”. Una manera gráfica, sencilla pero eficaz, de entender cómo el Gobierno avanza en sus intenciones, cortando rodaja a rodaja, sin que la sociedad sea consciente de que dentro de poco solo le quedará la cuerda del embutido.