El artículo 155 y los nacionalismos vasco y catalán
En el momento que un gobierno tiene que aplicar un artículo como el 155, eso significa que ha hecho una dejación completa de su obligada implicación en todas las regiones o comunidades autónomas que conforman el Estado
Mientras escribo este artículo nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha embarcado en un episodio del más rancio populismo, haciéndonos partícipes a todos los españoles, mediante una insólita “carta”, de su amor (dice que está muy enamorado de su mujer, como si eso le concediera un plus político) y lealtad conyugal, que le pueden hacer hasta tener que dejar la alta magistratura que ocupa, con tal de que sus enemigos (la ultraderecha) no siga azuzando la honorabilidad de su amada esposa.
No deberíamos perder ni un segundo con esta vuelta de tuerca del presidente más tóxico de la democracia española y dejarle que se cueza en su propia salsa. Tras las últimas elecciones autonómicas vascas, ya han salido los dos partidos nacionalistas mayoritarios, que han obtenido 27 escaños cada uno, total 54, para un parlamento de 75 asientos, diciendo que hay que reunirse para ver cómo se articula un nuevo estatus para el País Vasco, lo cual quiere decir, en lenguaje nacionalista, dar un paso más en la desconexión con el resto del Estado.
Los nacionalistas vascos, no obstante, saben que tienen mucho más que perder que ganar en una situación como la actual, si forzaran los límites y quisieran salir de la zona de confort en la que viven actualmente. Pienso que, hoy por hoy, nunca se arriesgarían a que el gobierno del Estado interviniera la autonomía vasca como hizo en Cataluña en 2017 con la aplicación del 155.
El artículo 155 de nuestra Constitución Española de 1978 nos parece un tema muy importante en estos momentos, por lo que revela no solo de la estructura jurídico-política que conforma el armazón de nuestro Estado de derecho, sino sobre todo por lo que deja al descubierto: el reconocimiento de que hay una falla profunda que amenaza su cohesión y la defensa de su unidad.
Porque desde el momento en que se deja a ciertas autonomías, donde la presencia de partidos nacionalistas es ostensible, el control de la educación, te expones a que se refuercen unas dinámicas centrífugas que luego son, a mi modo de ver, imposibles de controlar mediante una intervención del Estado central, que lo único que provoca es la reacción contraria y más aventada aún, de esos nacionalismos.
Los partidos de ámbito nacional español no deberían considerar la aplicación del 155 como una salvaguarda de la unidad del Estado, porque en realidad lo que puede ocurrir con este artículo es que su aplicación no sea más que la antesala de su efectiva disgregación. Dicho de otro modo, los riesgos y debilidades del Estado que el 155 plantea como posibles y que llevarían al gobierno de turno a su aplicación pueden convertirse en una trampa de la que no resulte fácil salir. Dicho en castizo, que sea peor el remedio que la enfermedad.
El reconocimiento de que hay una falla profunda que amenaza su cohesión y la defensa de su unidad
Como sabemos, la primera, y hasta ahora única vez que se aplicó este artículo, fue por el gobierno de Mariano Rajoy el 28 de octubre de 2017, con motivo de la declaración de independencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de aquel año y que llevó consigo la asunción de las competencias autonómicas por parte del ejecutivo central.
Para ello se hizo precisa la mayoría absoluta del Senado (a la que contribuyó entonces también el PSOE) y la suspensión, con un límite temporal, de las competencias de la Generalitat, fijando para ello una convocatoria electoral con fecha de 21 de diciembre de 2017.
El artículo 155 estuvo vigente hasta que se formó, tras un intento frustrado por el encarcelamiento del primer candidato Jordi Turull, el nuevo gobierno catalán encabezado por Quim Torra el 2 de junio de 2018. Un día antes, el 1 de junio, Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno, tras salir triunfante de la moción de censura a Mariano Rajoy, apoyado por todos los partidos nacionalistas.
La única vez que se aplicó este artículo fue por el gobierno de Mariano Rajoy el 28 de octubre de 2017
Así fue como terminó el gobierno de Mariano Rajoy salido de las elecciones generales de 2016. La aplicación del artículo 155, vista en perspectiva, resultó un absoluto fracaso para las intenciones del gobierno central, puesto que las nuevas elecciones polarizaron mucho más el ambiente a favor de la causa nacionalista, con Puigdemont huido a Bruselas y todo su gobierno en la cárcel y lo más sangrante fue que el parlamento catalán salido de aquellas elecciones, aun con la inhibición de la CUP en la votación de investidura, sacó adelante la candidatura del energúmeno de Quim Torra, aunque fuera por un solo voto de diferencia.
De modo que lo que resulta ser, en teoría, un poderoso mecanismo de reforzamiento del Estado, frente a los posibles desvaríos de las comunidades autónomas, en su primera aplicación provocó el mantenimiento de la mayoría secesionista en el parlamento catalán y la formación de un gobierno más burdo todavía que el que declaró la independencia.
Quiere esto decir que el resultado de aplicar el artículo 155 fue muy contraproducente para el Estado, puesto que el nacionalismo catalán no salió perdiendo del envite, sino que se enconó más si cabe. No obstante, el Estado lo último que debería hacer es confiarse en las virtudes del 155 para restablecer la situación deteriorada en una de sus autonomías.
Primero porque ya hemos visto los resultados que tuvo en Cataluña en 2017-2018, y segundo porque los partidos de ámbito nacional, el PSOE y el PP, tienen que comprender que aplicar el 155 no es más que un parche momentáneo que encona más todavía la situación y que no resuelve nada.
Competir contra los nacionalistas
Para resolver el problema, ambos partidos no tienen más remedio que entrar a competir con los nacionalistas en su propio terreno. Y eso se hace de cuatro maneras principales (hay otras secundarias o coadyuvantes): 1ª, teniendo clara una interpretación propia de las historias vasca y catalana, de modo que los nacionalismos respectivos no impongan la suya, que siempre es falsa e interesada, y que es lo que está ocurriendo en las últimas décadas; 2ª, implicándose en el conocimiento, sobre todo en el conocimiento, y en la medida de lo posible también en el uso de las lenguas autóctonas respectivas, de manera que los nacionalistas no las monopolicen.
Cuando en primer lugar pongo el conocimiento es porque muchas veces los representantes de los partidos no nacionalistas, y sobre todo me refiero al ámbito vasco, cuando muestran un desconocimiento absoluto de las lenguas autóctonas, se sitúan al margen de una parte muy importante de la realidad de sus territorios y quedan desplazados de muchos ámbitos donde esas lenguas son protagonistas (cultural y festivo, sobre todo).
Como 3ª mamera: evitando siempre y en todo lugar el puenteo que es algo que siempre intentan practicar los partidos nacionalistas, con la connivencia y muchas veces la complicidad de los partidos de ámbito estatal respecto a los partidos sucursalistas de estos últimos en sus respectivos territorios. Ha habido episodios sangrantes al respecto, de líderes de ámbito nacional que visitan el territorio vasco o catalán y se van a reunir con los líderes nacionalistas sin que los representantes de sus partidos en esos territorios estén presentes.
Teniendo clara una interpretación propia de las historias vasca y catalana, de modo que los nacionalismos respectivos no impongan el suyo
Y al revés, representantes de los partidos nacionalistas que buscan siempre reunirse con los líderes de ámbito nacional de los partidos estatales evitando y exigiendo incluso la no presencia de los líderes regionales de estos partidos, con lo cual los partidos nacionalistas se erigen en representantes exclusivos de sus respectivos territorios, se codean de igual a igual con los representantes nacionales de los partidos de ámbito estatal y marginan en sus propios territorios a los representantes regionales de estos últimos partidos.
Y de 4ª, dado que los partidos nacionalistas controlan casi todos los municipios tanto vascos como catalanes, y en el caso del vasco también las diputaciones forales, que son las que recaudan los impuestos, y de donde obtienen unos recursos, tanto de tipo económico y logístico como en forma de presencia institucional, que no tienen los partidos de ámbito estatal, a estos últimos sus partidos nodriza les tienen que suplir con ayuda y recursos por lo que no obtienen, de momento, en sus propios territorios.
Tiempo habrá, cuando consigan más presencia, de ir reduciendo esas ayudas, pero de momento es imprescindible que lo hagan, y generosamente además, habida cuenta la diferencia de recursos entre unos y otros.
El último recurso
Si estos principios quedaran meridianamente claros siempre y en todo lugar, se iría atenuando la enorme distancia que separa a los partidos nacionalistas de los no nacionalistas en sus territorios respectivos, lo cual evitaría muchos riesgos de radicalización y, llegado el caso, la necesidad de aplicación del 155, que siempre debería considerarse un último recurso, que además no está claro que resuelva los problemas que llevan a su implementación.
Porque en el momento que un gobierno tiene que aplicar un artículo como el 155, eso significa que ha hecho una dejación completa de su obligada implicación en todas las regiones o comunidades autónomas que conforman el Estado.