Antes sospechar y prohibir que gobernar

Unai Sordo, líder de CCOO, se apresuró a lanzar un halo de sospecha sobre los empresarios: “Muchos aplican ERTE y despiden sin necesidad”, dijo. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, rápido, con impropia velocidad de la administración, anunció que los despidos durante la cuarentena quedan prohibidos.

Queda muy feo acusar a quienes, después de los enfermos y quienes les cuidan, más están sufriendo de forma directa las mayores consecuencias de una crisis en la que no tienen responsabilidad alguna: las empresas.

En esta España, más fragmentada que un trencadís de Antoni Gaudí, las comunidades autónomas se han lanzado a una carrera por decretar normas económicas dispares todas ellas resumibles en dos categorías: la más relevante es la que afecta al pago o aplazamiento de tributos propios de las comunidades o cedidos por el Estado.

No ha habido coordinación alguna y hay tantas normas como comunidades tiene nuestro país: 17. Una empresa que tenga implantación nacional y que, por ejemplo, gestione bingos, deberá afrontar diecisiete normas excepcionales distintas… como si el estado de alarma no le generara suficientes problemas.

La otra categoría de acuerdos económicos anunciados por las comunidades autónomas son aquellos que tienen que ver con materias que no son de su competencia como las ayudas a los autónomos, de las que se informa con gran autobombo, pero tienen una letra pequeña que hacen que casi todo se quede en papel mojado.

A todo esto hay que añadir las decisiones sobre aplazamientos o no del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y otros impuestos que están tomando, cada uno a su bola, los 9.000 ayuntamientos españoles.

El Gobierno adolece de desconfianza hacía la sociedad civil en general y hacía las empresas en particular

Un galimatías para el que la afirmación de Pedro Sánchez del día de la declaración de la alerta, cuando dijo que el Gobierno central asumía todas las competencias que fuera preciso para gestionar la crisis, no cuenta.

Una de las frases de manual que no hay de decir ni escribir jamás por tópica y manida es “estamos entrando en terreno inexplorado”, pero esa es la realidad: nunca jamás las empresas habían experimentado un parón prácticamente unánime ni por tanto tiempo.

En la crisis precedente, la del 2008, cuando Mariano Rajoy accedió al Gobierno en 2012 se hicieron algunas cosas bien y otras mal, para resolver la catástrofe que había dejado José Luis Rodríguez Zapatero. La peor fue la de subir impuestos para mantener la estructura de la administración del Estado.

Ese mismo error lo cometerá, con mayor motivo, el actual Gobierno, que no obstante es de izquierdas, y por lo tanto, adolece de desconfianza hacía la sociedad civil en general y hacía las empresas en particular.

La diferencia entre esta crisis y la anterior es que en este caso no hay una caída sostenida de ingresos que se vaya a notar progresivamente, sino que hay un parón de golpe y unánime. En la crisis precedente el sector público pudo decidir cómo realizar recortes progresivos; en este caso no va a suceder tal cosa.

La decisión estará en: ¿mantener el ministerio de Irene Montero y sus asesoras de la cuchipandi o no pagar pensiones? El verdadero feminismo dejará de ser el postureo impostado para ser el de pagar las pensiones de viudedad porque ya no habrá dinero para malgastar.

La lucha de clases se ha ido substituyendo por los privilegios del sector público

La vieja lucha de clases, la que retrataba Charles Dickens o series como East Enders, es pasada y se ha ido substituyendo con el paso del tiempo por los privilegios del sector público.

Privilegios sostenidos por el esfuerzo de las empresas privadas y sus trabajadores, con peores convenios y peores salarios debido a tener menos capacidad de presión y menor sindicación pseudo mafiosa.

Unai Sordo y Yolanda Díaz ya nos han dejado claro que el camino de servidumbre, que marcó Friedrich Hayek, lo será para el sector privado en beneficio de la elite pública.