¿Aires de cambio en Europa?  

Treinta y dos años después de su nacimiento, el Mercado Único Europeo parece estar acumulando polvo. Así lo reconocía este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: “En los últimos 25 años, nuestro modelo de negocio se ha basado en mano de obra barata china, energía barata rusa y en la subcontratación de la seguridad a los Estados Unidos. Europa sigue por detrás en cuanto a crecimiento de la productividad y hay que resolverlo”. 

Entre 2009 y 2014, Estados Unidos aprobó 3.500 regulaciones; la UE, 13.000. Esta sobrecarga regulatoria, sin un análisis coste-beneficio uniforme, ha impuesto una carga significativa a las empresas tecnológicas emergentes. Las barreras regulatorias en Europa son especialmente gravosas para las empresas innovadoras, limitando su capacidad de crecimiento y obligándolas a buscar mercados más favorables. 

La situación es grave. Desde 2008, un tercio de las empresas emergentes (unicornios) hicieron las maletas por las dificultades para crecer en casa. Solo 4 de las 50 mayores compañías tecnológicas del mundo están en la UE y las inversiones extranjeras directas en el bloque se han volatilizado, pasando del 36% al 4% de la cuota mundial desde 2019.  

Ahora, la nueva Comisión Von der Leyen 2.0 tiene todo listo para arrancar en esta nueva legislatura, que se presenta turbulenta y decisiva para el futuro de la Unión. La dirigente germana, tal y como prometió que haría en sus primeros cien días, presentó la semana pasada su Competitive Compass en forma de ley ómnibus.

La nueva propuesta, cuyo detalle se presentará el próximo 26 de febrero, recoge el guante de los informes encargados a Mario Draghi y Enrico Letta. Von der Leyen llama a una reducción “sin precedentes” de la burocracia para impulsar la tambaleante economía del bloque en los próximos cinco años.  

El plan de la Comisión tiene como objetivo reducir hasta un 25% las cargas de reporting (auditoría). El ahorro estimado para las empresas será significativo, ascendiendo a 37.000 millones de euros anuales. Aborda cuestiones relativas a cómo, cuándo y sobre qué han de proporcionar las empresas información sobre sostenibilidad.

También enmienda la Taxonomía de la UE, que establece un sistema de clasificación de las actividades de las empresas según criterios de sostenibilidad. Finalmente, aboga por una mayor coordinación económica entre las instituciones comunitarias, los estados miembros y las empresas privadas. 

Hasta aquí las buenas noticias. Sin embargo, no deja de resultar irónico que el anuncio de la Comisión llegue un mes exacto después de que la Directiva de información corporativa sobre sostenibilidad (CSRD) se extienda a todas las grandes empresas de la UE, obligándolas a publicar informes de sus actividades con impacto ambiental.

Según datos del Grupo Asesor Europeo de Información Financiera, el EFRAG, los costos de auditoría oscilarían entre el 0,013% y el 0,026% de los ingresos. Es decir, implementar la regulación les costará a las grandes empresas unos 218 millones de euros el primer año y 152 millones los años siguientes, con unos costes administrativos recurrentes de media de 89.500 euros anuales, de los cuales alrededor del 40% pueden atribuirse a costes legales.  

Por otro lado, los tiempos quedan aún en el aire. La Comisión no ha detallado cómo va a convivir esta propuesta con el resto de las iniciativas. ¿Se pararán las transposiciones en marcha? ¿Se pospondrán las cláusulas de revisión previstas, por ejemplo, en la Directiva sobre Diligencia debida en materia de sostenibilidad (CSDDD), relacionadas con los servicios financieros? ¿Se modificarán los planes de trabajo de EFRAG en relación, por ejemplo, a los estándares sectoriales? Son cuestiones clave que deberán aclararse cuanto antes. 

Tampoco estaría de más que los burócratas comunitarios consultasen a las compañías que llevan ya unos años aplicando el marco regulatorio de finanzas sostenibles. Empresas que tienen perfectamente identificadas las debilidades, las inconsistencias y las duplicidades de la regulación europea. Este input sería importante para que la Ómnibus cumpliera con su objetivo de simplificación, en lo que debería ser una revisión integral de la normativa comunitaria.  

«La victoria de Trump y el nuevo tablero geopolítico ponen a Europa en una situación de vulnerabilidad, al ser un área con una intensa participación en las cadenas de valor global y una gran dependencia exterior de productos estratégicos»

Los ministros de Finanzas del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) ya avisaron a la Comisión que el anuncio es insuficiente. “El mensaje es claro: Europa debe ser una superpotencia económica, no una superpotencia reguladora”, sentenciaba el ministro polaco, Andrzej Domański, pidiendo “una flota de simplificaciones”. 

La victoria de Trump y el nuevo tablero geopolítico ponen a Europa en una situación de vulnerabilidad, al ser un área con una intensa participación en las cadenas de valor global y una gran dependencia exterior de productos estratégicos. Todo ello, en un contexto económico en el que la UE arrastra una pérdida de productividad desde hace más de dos décadas. Bienvenidos sean los aires de cambio en la Comisión y los anuncios de desregulación, pero del dicho al trecho… hay un techo.