Acoso a los jueces

Lo que hizo la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera con el juez García Castellón fue mucho más que un señalamiento, fue un acoso al acusarle de ‘lawfare’ por insistir en investigar al prófugo Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo. Fue tan burdo su ataque contra el juez que desde la Moncloa se vieron en la necesidad de salir al paso para insistir en lo que debería ser real pero que solo forma parte de la propaganda de la Moncloa. Que este gobierno siempre respeta las decisiones del poder Judicial, aunque en ocasiones no comparta alguna de ellas. Quién lo diría. Porque la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica insinuó en que el juez Castellón prevarica en su toma de posiciones.  

No son buenos tiempos para la independencia judicial en nuestro país, ni para la separación de poderes. El Tribunal Constitucional, con su mayoría de izquierdas, ha decidido suplantar al Tribunal Supremo enmendándole dos sentencias en 24 horas.  

García Castellón tiene que moverse en un campo minado

Y García Castellón tiene que moverse en un campo minado para no desistir de su celo profesional . Al reafirmarse en investigar a los responsables de los actos vandálicos con intencionalidad política que protagonizaron los CDR y, sobre todo, los de ‘Tsunami democrátic’, ha topado con la Fiscalía.

¿De quién depende la Fiscalía? La misma que el pasado mes de julio- antes de las elecciones- había dicho que las actuaciones de los CDR y Tsunami, en los episodios violentos de las calles de Barcelona, el asalto al aeropuerto del Prat y el puesto fronterizo de la Junquera, había que considerarlos actos de terrorismo pero se desdijo dos meses después, cuando Sánchez estaba en plena negociación con Junts, para precisar que las consideraciones de su dictamen habían sido formuladas “por error”.  

Pero el juez de la Audiencia Nacional está ya acostumbrado a resistir a las presiones. Y tras sus últimas diligencias se reafirma en las tesis del terrorismo para calificar a los actos violentos con intencionalidad política que se desarrollaron en la Barcelona del ‘procés’. En su auto no ha podido ser más claro al referirse a “la gravedad de los delitos y la clara afectación que tuvieron a los intereses generales y a estructuras esenciales del Estado”. 

Tal como se está desarrollando el pulso entre la Justicia y el poder ejecutivo, si la amnistía finalmente alcanza a Puigdemont, el juez quiere dejar constancia, al menos, de que se van a borrar los delitos de un acusado de corrupción que malversó dinero público, que desobedeció vulnerando la ley, se fugó de la Justicia y fue promotor de actos violentos. 

Son los jueces quienes deciden si plantean un proceso prejudicial ante Europa

Aún así, si el juez puede plantear una cuestión prejudicial ante la Unión Europea, se paralizaría el proceso de aplicación automática de la amnistía. Que es lo que están intentando evitar tanto Junts como ERC. Lograron pactar con el PSOE la retirada del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil (43 bis) para ver si así, se evita que los procedimientos prejudiciales ante la Justicia de Europa no paralicen los procesos de aplicación de la ley de impunidad.

Difícil que esto ocurra, a pesar de esta reforma, porque la cuestión prejudicial está prevista en el Derecho comunitario y siempre suspende la aplicación de la ley cuestionada. Sea la que sea. No lo puede cambiar ningún Estado miembro. Por lo tanto, son los jueces quienes deciden si cabe presentar, o no, un procedimiento ante los tribunales europeos. De ahí la presión que están sufriendo. Desde el ámbito de los secesionistas y desde el propio gobierno.   

Junts confía en poder doblegar a Pedro Sánchez

Ahora más que nunca Junts necesita aprobar las enmiendas relativas a la amnistía a los condenados por terrorismo, si el juez García Castellón persiste en su investigación. Aunque en las últimas horas Junts ha bajado el diapasón de la escena forzada, van a ser unos días de intensa negociación hasta el próximo martes, cuando las enmiendas a la ley de amnistía se vayan a discutir en la comisión de Justicia.

De hecho, Junts confía en poder doblegar a Pedro Sánchez para dar una vuelta de tuerca y blindar la amnistía. Quieren que se suprima toda referencia a los delitos de terrorismo. Pero la investigación del juez está abierta. Y no la van a parar algunas declaraciones intimidatorias de los ministros de la Moncloa.

Pero, una vez que Pedro Sánchez ha aceptado entregar la impunidad a los delincuentes del ‘procés’ a cambio de su apoyo político, que desde el gobierno se hable de sus “líneas rojas” no tiene mucha credibilidad. Si, de momento, dicen que no cederán en esas pretensiones de Junts es por miedo a que Bruselas les tumbe el decreto. No hay otra razón. Pero las enmiendas transaccionales pueden romper moldes con Pedro Sánchez. Lo veremos la próxima semana.