La contaminación de los acuíferos por nitratos procedentes de la ganadería, en el punto de mira de la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en marzo de este año que España ha incumplido la normativa comunitaria de protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, estimando parcialmente el recurso presentado por la Comisión Europea (CE) en diciembre de 2022, y alegando, además, que no ha adoptado «medidas adicionales o acciones reforzadas» contra esta contaminación.

Por ello, es necesario que España tome medidas para evitar la acumulación de nitratos en sus masas de agua y para reducir la contaminación en el corto plazo. La directiva, que deben cumplir todos los Estados miembros de la UE, se centra en la contaminación por nitratos que generan las actividades agrarias y ganaderas y obliga a los países a controlar sus aguas e identificar las zonas afectadas por este problema o que son susceptibles de ser afectadas.

Así, la Justicia europea subrayó que, para considerar que un Estado miembro ha cumplido las obligaciones de la norma europea no basta sólo con adoptar medidas adicionales o acciones reforzadas, sino que es necesario, además, que estas sean «suficientes» para alcanzar los objetivos de reducción de la contaminación de las aguas por nitratos y prevenir nuevas contaminaciones de esa clase.

La Comisión Europea ha señalado que la ganadería es la principal responsable de la contaminación del agua por nitratos en la Unión Europea, especialmente, la intensiva. Según datos de la Comisión, el 81% de la aportación del nitrógeno agrícola a los sistemas acuáticos proviene de la ganadería. España debería aplicar estrategias efectivas a nivel nacional.

Galicia es la región que lidera, según Greenpace, el ranking y es la comunidad autónoma donde más mediciones han superado el límite legal de presencia de nitratos en aguas subterráneas. Pero hay otras regiones con esta problemática debido a la importancia de la industria ganadera, como el caso de Cataluña, que según el informe anual del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, es la segunda Comunidad Autónoma con el mayor censo porcino de España: 7,9 millones (2022). Es decir, en Cataluña hay más cerdos que habitantes (7,6 millones). La provincia de Lérida lidera el censo con 4.648.645 cabezas, representando el 58 % del total catalán. También es la segunda región con más macrogranjas, un total de 856, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2022).

Además, según los datos recogidos por Greenpeace, Cataluña es la comunidad autónoma con mayor generación de gases de efecto invernadero provocadas por la ganadería (el metano supone el 30% del total). Y de los territorios que más nitratos vuelca a sus cuencas. Ya que, por lo general, la cantidad de excrementos que genera una macrogranja supera la capacidad que puede absorber el suelo agrícola, lo que crea un problema de contaminación por nitratos de los suelos y de las aguas subterráneas.

BIOGÁS

Las plantas de biogás representan una herramienta para reducir el impacto ambiental de la ganadería intensiva. Además de reducir el impacto ambiental de instalaciones ganaderas, permiten la producción de biometano, un producto que puede reemplazar al gas natural de origen fósil.

Este gas se puede utilizar para producir energía eléctrica mediante turbinas o plantas generadoras a gas, en hornos, estufas, secadores, calderas u otros sistemas de combustión a gas, debidamente adaptados para tal efecto. La producción de biogás por descomposición anaeróbica es un modo considerado útil para tratar residuos biodegradables, ya que produce un combustible de valor, además de generar un biofertilizante que puede aplicarse como acondicionador de suelo o abono genérico.

La captación de biogás procedente de plantas de compostaje y vertederos evita olores y además protege la atmosfera del metano que es 30 veces más nocivo que el dióxido de carbono para el efecto invernadero.