La propiedad de Casa Orsola denuncia "la prolongación ilegal" de contratos y la "presión" del Sindicat de Llogateres

La propiedad del edificio Casa Orsola, situado en Barcelona, denunció este miércoles «la prolongación ilegal» de la estancia de varios inquilinos cuyos contratos han finalizado y la «creciente inseguridad jurídica» que afrontan los propietarios de viviendas en Cataluña, así como la «presión» del Sindicat de Llogateres.

Según informó en un comunicado, «pese a obtener sentencias judiciales favorables, los desalojos han sido retrasados por la lentitud de los procedimientos legales». Uno de estos desalojos está previsto para el viernes 31 de enero.

“Desde junio de 2022, la finca ha padecido varios episodios de ocupación y la prolongación ilegal de la estancia en viviendas cuyos contratos habían finalizado”, aseguró la propiedad. Además, subrayó que pese a haber obtenido sentencias judiciales favorables, “muchos de estos procesos se encuentran estancados en procedimientos dilatados, retrasando la restitución de la posesión legítima”.

Asimismo, denunció que el Sindicat de Llogateres y grupos afines «han promovido campañas de presión, incluyendo la colocación de pancartas ofensivas y la ocupación de oficinas de la propiedad, con el objetivo de forzar negociaciones colectivas en condiciones ajenas a la realidad del mercado». “Se han emprendido campañas de desprestigio mediante pintadas, colocación de pancartas ofensivas y la ocupación de oficinas de la propiedad”, afirmó la empresa gestora del edificio.

Negociaciones individuales

En su comunicado, la compañía apuntó que “todas las personas que se han puesto en contacto directo para negociar de forma individual han logrado un acuerdo satisfactorio”. Sin embargo, indicó que “cuatro inquilinos, no vulnerables, que siguen la directriz del Sindicat de Llogateres de exigir una negociación colectiva, se niegan a aceptar propuestas razonables y en firme”.

En este contexto, la propiedad reiteró la importancia de garantizar un sistema judicial ágil que permita ejecutar en plazos razonables las resoluciones que avalan la restitución de los inmuebles. “Instamos a las administraciones competentes a dotar de más recursos al sistema judicial para que los procedimientos de desalojo y reclamación de la vivienda se resuelvan en plazos razonables, evitando que se perpetúen situaciones ilegales”, señaló.

Los primeros desahucios derivados de estos procedimientos están previstos para esta semana, con «la incertidumbre de si se podrán ejecutar en el tiempo establecido debido a las estrategias de resistencia promovidas por los colectivos de inquilinos» en el edificio.