En estos 92 concellos gallegos se podría intervenir el precio del alquiler

La Xunta encargó un informe para conocer qué municipios podrían ser declarados como zonas tensionadas en base a la Ley de Vivienda estatal y, en consecuencia, podrían limitar o topar los precios del alquiler siguiendo los criterios de la nueva normativa, que entró en vigor en mayo de 2023. El Gobierno gallego, a quien correspondería la iniciativa de declarar una zona como tensionada, ya expresó en diversas ocasiones que no contemplaba hacerlo, ya que considera que la intervención de los precios es una medida ineficaz y que los criterios que fija la ley están faltos de rigor y de fiabilidad, en palabras de la conselleira de Vivenda y vicepresidenta segunda de la Xunta, Ángeles Vázquez.

De hecho, este informe, que se presentó el 13 de diciembre en el Observatorio da Vivenda de Galicia y se hizo público este martes, pretende incidir en este aspecto al mostrar datos muy dispares en función del criterio que se utilice entre los dos contemplados en la normativa; y afectando además a municipios de pequeño tamaño y con escaso dinamismo en el mercado de la vivienda, tanto en compraventa como en alquiler, pero que podrían ser considerados tensionados en base a los parámetros que fija la ley.

Los tensionados y los dudosos

Uno de los criterios para declarar una zona tensionada es que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales por encima del IPC de la comunidad autónoma. En el año 2021, según el informe, habría 92 municipios, es decir, el 30% de los concellos de Galicia, que podrían considerarse tensionados. Para el cálculo, el Observatorio da Vivenda utiliza el índice de alquiler del Ministerio de Transportes y los datos del INE respecto al IPC.

El segundo criterio de la Ley de Vivienda establece para declarar una zona tensionada que el coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta de los hogares en esa zona. Curiosamente, siguiendo este parámetro, no habría ningún municipio gallego que cumpliera los criterios para limitar los precios del alquiler, ni siquiera en las urbes que concentran los principales problemas en este materia: A Coruña, Vigo y Santiago.

Casi un centenar de municipios tensionados

Como la normativa señala que solo se ha de cumplir una de las dos condiciones para declarar tensionada una zona, en Galicia podría haber casi un centenar de municipios en disposición de hacerlo tomando como referencia el año 2021. Inevitablemente, muchos de ellos son de poco tamaño y población, pero registran encarecimientos tan llamativos como el de Begonte, del 84,6% en cinco años; o el de Rodeiro, del 59,7%, según el informe.

El 20% de los municipios, tensionados en 2022

El estudio aplica para el ejercicio de 2022 las fianzas de alquiler depositadas en el Instituto Galego de Vivenda e Solo para valorar si cumple el criterio del aumento de precio por encima del IPC que permite la declaración de una zona como tensionada. En este caso, los concellos susceptibles de tal condición son menos, un total de 68, aproximadamente el 20% de los municipios gallegos. Cabe recordar que tanto este índice, el basado en el IGVS, como el Indicador de Accesibilidad de la Vivienda estatal están previstos en la ley, a pesar de las diferencia que arrojan en sus resultados.

Finalmente, el informe realiza una taxonomía en función de los años que podrían haberse considerado tensionados los concellos, dividendo así entre los que habrían pasado tres años cumpliendo las condiciones fijadas por ley y los que pasaron dos años, uno o ninguno. El resultado es que 44 municipios cumplían los criterios para ser declarados como zonas tensionadas durante los últimos tres ejercicios.