La Xunta mantiene el nivel de alerta por los plásticos en la costa y rechaza la comparación con el ‘Prestige’

Nuevo capítulo de enfrentamiento entre Gobierno central y Xunta por la aparición de bolas de plástico en las costas gallegas. La administración autonómica ha indicado este lunes que no tiene previsto elevar el nivel de emergencia activado, al menos, hasta no tener nueva información. Asegura el presidente Alfonso Rueda que el Estado no está aportando datos. Además, afea a la oposición que trate de “hacer campaña” con este asunto, comparando la situación con la de la catástrofe del Prestige.

Al margen de las declaraciones de Rueda, este lunes, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, cifró en 30 las playas afectadas “con presencia testimonial” del vertido de plástico que llega a las costas gallegas procedente de un barco que perdió varios contenedores frente a la costa portuguesa el pasado mes de diciembre.

En declaraciones a los medios este lunes, Vázquez ha señalado que los análisis realizados por el Cetic confirman que se trata de «pet no tóxico», pero «sí es plástico», por lo que ha apuntado que las administraciones deben realizar una recogida «controlada, consensuada, organizada y con ‘sentidiño'».

En este sentido, ha señalado que en zonas de Red Natura o de Parque Natural, los voluntarios deben hacerlo «a través del permiso necesario de Parques o de Patrimonio». En todo caso, ha asegurado que pueden dirigirse a los ayuntamientos y «hacer la coordinación».

Batalla por las competencias

Por otro lado, la Xunta ha pedido al Gobierno central que concrete “el número de toneladas que vertió el barco”. Insiste en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe trasladar esta información porque el transporte marítimo es su responsabilidad.

Sobre la posible activación del Nivel 2 de emergencias del Plan de Contingencias de Contaminación Marina de Galicia (Camgal), la vicepresidenta ha manifestado que es el Gobierno quien tenía que haber activado «el protocolo para frenar la contaminación marítima». «Primero en una fase de prealerta y ahora en normalidad nosotros no tenemos por qué incrementarlo, porque los técnicos y científicos no lo ven necesario», ha explicado.

Así, ha instado al Gobierno a que «si la disculpa es no poner medios, lo mejor que pueden hacer es ser claros». «Lo que no puede ser es que la vicepresidenta ofrezca medios y el ministro Puente diga que tenemos que elevar el nivel. Eso lo tenían que haber hecho ellos en el momento en mar, ahora en tierra tenemos un nivel que es el adecuado. Disculpas no; embarrar no; trabajar juntos sí, que es lo que nos pide la sociedad y los ecosistemas», insistió.

Debate por el nivel de alerta

Mientras tanto, el Gobierno central sigue insistiendo en que es preciso que la Xunta aumente el nivel de alerta para que pueda actuar.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha insistido en que la Administración central tienen listos los medios para actuar ante el vertido de pellets plásticos en la costa gallega pero que, para ello, la Xunta debe elevar el nivel de alerta por contaminación.

«Nosotros no podemos entrar en una casa si no nos abren las puertas, esto es una competencia de la Xunta de Galicia y es una competencia que tiene que saber ejercer», ha señalado Pedro Blanco este lunes en Coles (Ourense), donde ha incidido en que el Gobierno «está preparado» para el momento en que la Comunidad autónoma «pulse el botón y eleve el nivel».

«No podemos más que esperar a que la Xunta de Galicia llame. Cuando lo hagan estaremos allí, como no podría ser de otro modo», ha añadido para, a continuación, recordar que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantuvo un encuentro por vía telefónica el domingo con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para abordar este asunto.

También se ha referido a las declaraciones de la vicepresidenta segunda de la Xunta, Ángeles Vázquez, en las que afirmó que el material fue analizado y «no es ni tóxico ni peligroso», algo que Blanco ha valorado como positivo pero que no esconde que se trata de «un problema para el medio ambiente» que, además, «puede entrar dentro de la cadena alimenticia».