El ascenso del fiscal del caso Angrois al Tribunal Supremo indigna a los familiares de las víctimas
La Plataforma Víctimas Altia 04155 considera que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "premia" a Mario Piñeiro con un puesto en el Tribunal Supremo tras retirar la acusación contra Adif
Varias personas son vistas en las inmediaciones de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela donde tiene lugar el juicio del accidente del Alvia. EFE/ Lavandeira Jr
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La Plataforma Víctimas Alvia 04155 clama contra el ascenso del fiscal del caso, Mario Piñeiro, al Tribunal Supremo. Los familiares de las víctimas consideran que mediante este movimiento el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le «premia» por haber retirado durante el juicio la acusación contra Adif, a pesar de que previamente pedía cuatro años al director de seguridad en el momento del siniestro de tren, Andrés Cortabitarte.
A través de un comunicado, las víctimas del Alvia reprueban la propuesta de García Ortiz para que Piñeiro pase a formar parte de la sección penal de la Fiscalía del Supremo. En este sentido recuerdan que, justo hace un año, el fiscal Mario Piñeiro retiró la acusación contra Adif «sin ninguna razón de peso». Apuntan que él mismo dijo en sede judicial a los presentes que «probablemente» no había «conseguido» trasladar por qué «antes decía una cosa y ahora otra», y añadió que le había «costado hacerlo».
La versión de las víctimas
«La explicación que dimos a este giro de guion era sencilla, el fiscal general, cuyo jefe es nombrado por el Gobierno, estaba acusando a un organismo (Adif) que pertenece al Estado, y al que precisamente defiende la propia Abogacía del Estado, cuyo jefe también lo nombra el Gobierno», relata la Plataforma.
«Por lo tanto, fue una llamada corporativa del fiscal general la causa directa del cambio de criterio del fiscal (Mario Piñeiro), y así lo señalamos, antes de que dijera que no se le entendiera y que le costó hacerlo. Faltaba un dato importante, y es que seguramente en aquella llamada corporativa, Álvaro Ortiz, le prometió el cargo que ahora le otorga, para que le costara menos cambiar de decisión», sostienen los allegados de las víctimas del siniestro ferroviario en el que fallecieron 80 personas, ocurrido en Santiago en 2013.
Los familiares de las víctimas enmarcan esta situación en lo que denominan «pacto de la curva» de los diferentes gobiernos para «señalar al maquinista como único culpable». Todo ello mientras los ejecutivos «no han cumplido con la obligación de llevar a cabo una investigación técnica independiente tal y como ha venido reclamando la UE».
