Actualizado
Vertido de pélets: La jueza abre diligencias por un posible delito contra el medio ambiente
El Juzgado de Instrucción número 2 de Noia ordena a la Guardia Civil que remita un informe que identifique al propietario del Toconao, describa las circunstancias en las que perdió los contenedores y delimite el alcance del vertido
La Justicia inicia la investigación por la marea de plástico que ha alcanzado la costa de Galicia, Asturias y Cantabria. El Juzgado de Instrucción número 2 de Noia ha incoado diligencias por un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente relacionado con los millones de bolitas que el mercante Toconao perdió frente al litoral de Viana do Castelo el 8 de diciembre y que la marea empujó hacia las playas gallegas.
En un auto fechado este mismo miércoles, la jueza ordena a la Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil remitir un informe al juzgado el que se consignen “los datos recabados en relación con la titularidad de la embarcación Toconao, las circunstancias en las que se produjo la pérdida de la carga, el contenido de dicha carga, la composición y posible toxicidad de los pélets vertidos, así como el alcance del vertido y la delimitación del área afectada”.
La titular del Juzgado, Andrea Cernadas Lado, explica que no están determinadas “la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido”, por lo que entiende que es procedente incoar diligencias previas y practicar las esenciales, encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el órgano competente para el enjuiciamiento.
Denuncias de Podemos y ecologistas
La apertura de diligencias se produce tras la denuncia presentada por Podemos, a la que se ha sumado otra interpuesta conjuntamente por la Fundación Montescola, Ecologistas en Acción y la Plataforma pola Defensa do Mar da Comarca Muros-Noia. La jueza ha admitido la personación de todas estas entidades en la causa.
Asegura, en otro auto, que que los denunciantes “se encuentran legitimados para intervenir en el proceso como acusación popular dado que, a pesar de los intereses particulares que puedan resultar afectados, los hechos objeto de investigación en el presente procedimiento podrían ser indiciariamente constitutivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, en el que entran en juego intereses supraindividuales o institucionales que legitiman su intervención”.