La Xunta permitirá instalar eólicos fuera del plan sectorial si venden el 80% de la energía en Galicia a bajo precio

La ley que regula el aprovechamiento de los recursos naturales de Galicia ha llegado este lunes al DOG con la vocación de garantizar que la implantación de instalaciones renovables o la apertura de explotaciones mineras genere un retorno positivo en el territorio, el mismo que sufre los impactos negativos de su implantación. La ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia es una de las herramientas que ha ido incorporando el Gobierno de Alfonso Rueda como respuesta a la proliferación de proyectos en la comunidad vinculados al proceso de descarbonización, y a la que se suman otras ya creadas, como la sociedad público-privada Recursos de Galicia, y otras futuras, como el nuevo plan sectorial eólico.

La nueva norma, ya publicada en el Diario Oficial de Galicia, anticipa algunas de las medidas anunciadas por la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, y que han provocado las quejas de las empresas, como la obligatoriedad de que los nuevos proyectos eólicos destinen el 50% de la energía producida por los aerogeneradores a empresas ubicadas en Galicia mediante contratos de suministro a largo plazo (PPA). En este caso, la norma no establece dicha obligatoriedad, que según Lorenzana se incorporará en una disposición transitoria, pero sí que vincula la tramitación prioritaria y acelerada de los proyectos a que lo hagan.

Además, también permite que las repotenciaciones y actualizaciones tecnológicas de parques ya operativos puedan ser considerados proyectos de especial interés, reduciendo los plazos de sus tramitación a la mitad. Para ello, sin embargo, deberán cumplir dos condiciones que van en la misma dirección que la mencionada anteriormente: reducir al menos en un 50% los emplazamientos de aerogeneradores previamente existentes, manteniendo al menos la potencia instalada; y destinar al menos un 10% de su producción al suministro «a título gratuito» a comunidades energéticas locales, administraciones locales o empresas ubicadas en la comarca.

Excepciones al plan eólico

La Xunta también permitirá instalar parques eólicos fuera de las áreas establecidas en el plan sectorial. El Gobierno gallego prevé crear un nuevo plan sectorial eólico próximamente que actualice el que está vigente y que procede de la etapa de Manuel Fraga en la Xunta. Alberto Núñez Feijóo hizo el suyo, aunque nunca llegó a desarrollarse, por lo que en la práctica quedó vigente el anterior.

La nueva ley determina, sin embargo, que podrán implantarse proyectos fuera de demarcación, siempre y cuando cumplan una serie de condiciones, entre ellas, la de ser ambientalmente viables. Además de esto, deberán establecer contratos de compraventa de energía a empresas o comunidades energéticas de Galicia que abarquen el 80% de la producción del parque y, además, justificar un impacto socioeconómico en Galicia, «especialmente, en las zonas situadas dentro del ámbito de influencia del proyecto y en sus habitantes». Cumpliendo estas dos condiciones, podrán conseguir la declaración especial de interés público, que acorta el proceso de tramitación a la mitad.

La receta para las minas

Igual que sucede con los proyectos eólicos, tanto off-shore como terrestres, la minería es otra de las actividades que ha generado preocupación y protestas de la ciudadanía por el posible impacto ambiental de los proyectos. También como pasa con los aerogeneradores, varias explotaciones han acabado paralizadas en los tribunales tras las denuncias de colectivos ambientalistas.

La ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales pretende que el reparto de derechos mineros esté condicionado a que las empresas justifiquen los beneficios sociales y económicos de cada proyecto. «La valoración de los criterios de calidad social y ética, así como del impacto socioeconómico en la zona de implantación, representará al menos el 40% de los criterios de selección en la baremación de solicitudes de derechos mineros en concursos públicos», dice la regulación.

La Xunta también se reserva el derecho a tumbar aquellos proyectos que «no comporten beneficios sociales y económicos que compensen su impacto en las zonas afectadas».

Minerales estratégicos

En el sentido contrario, el Gobierno gallego facilitará la apertura de explotaciones que justifiquen su impacto social positivo y podrá crear una lista de «minerales estratégicos gallegos», que se sumarán a los ya establecidos por la UE y que tendrán prioridad a la hora de conseguir la autorización de nuevas explotaciones.

Este carácter prioritario, dice la ley, se extenderá también a la tramitación de proyectos de autoconsumo de energías renovables y de sus redes de suministro para abastecer a la explotación minera.