El PSdeG dice que la Xunta dio a la empresa de la hermana de Feijóo 1,6 millones en contratos menores en 2023
Los socialistas gallegos denuncian el abuso de los contratos menores que que representan un elevado porcentaje del gasto público de la Xunta” y se han convertido en “un caldo de cultivo para el fraude y la corrupción”
El PSdeG afirma que Eulen, la empresa en la que trabaja la hermana del expresidente de la Xunta y actual jefe de filas del PP, Alberto Núñez Feijóo, recibió 124 contratos menores “a dedo” por un importe de 1.6 millones en 2023. También señalan los socialistas que desde 2018 el grupo acumula más de 1.300 contratos menores con un valor próximo a los 5 millones de euros, “representando una adjudicación casi diaria”.
El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha comparecido este jueves en la comisión de investigación del Parlamento sobre los contratos de la Xunta. En su intervención, la diputada del grupo socialista Patricia Iglesias ha denunciado que el abuso de los contratos menores “que representan un elevado porcentaje del gasto público de la Xunta” ha convertido este instrumento en “un caldo de cultivo para el fraude y la corrupción”.
Según los datos que ha expuesto la diputada del PSdeG “en el último año más de 800 millones fueron asignados mediante contratación menor, permitiendo una adjudicación discrecional”.
“Las cifras son alarmantes. Contratos menores fraccionados, entregados a dedo, que beneficia sistemáticamente a empresas próximas al círculo personal y familiar del señor Feijóo y de otros altos cargos del PPdeG. Esto no es una casualidad y la forma de actuar en los 16 años de gobierno del PPdeG”, ha subrayado Iglesias.
Contratos en pandemia
La diputada socialista también ha señalado la «oportunidad» que representaba la pandemia para continuar con estas prácticas. Según los datos facilitados, casi la mitad de los más de 80 millones de euros asignados en 2020 mediante compras de emergencia beneficiaron sólo a 11 empresas. Un año más tarde esta concentración se “agravó”, recibiendo 4 empresas dos tercios del total contratado por esta vía.
Uno de los “casos más graves” fue el de Universal Support S.A., una empresa sin experiencia previa, dirigida por el cuñado de Feijóo, que consiguió contratos por valor de 15 millones de euros para servicios de seguimiento. «No contrataba con el Sergas antes de la pandemia, pero, de repente, aparece como destinatario de contratos millonarios. Ésta es la fórmula mágica de la discrecionalidad política y el fracaso de los controles en la Junta del PPdG», afirmó Iglesias.
Por otro lado, la diputada también ha puesto de manifiesto la “deliberada opacidad” del sistema de contratación pública de la Xunta. «No existen vasos comunicantes entre el Registro de Contratos, la Plataforma Gallega de Contratos y el portal de transparencia. Esta fragmentación de la información dificulta el control y el Gobierno gallego evita ofrecer datos claros y accesibles a la ciudadanía».
Falta de transparencia
Iglesias ha criticado la falta de herramientas como «red flags» o sistemas contables modernos que detecten y corrijan el fraccionamiento de los contratos. En este sentido, ha destacado como ejemplo la labor de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que identificó irregularidades similares y abrió diligencias penales en contratos fraccionados de asistencia sanitaria.
Patricia Iglesias acusó directamente al gobierno de Feijóo y de Rueda de ignorar la transparencia y obstaculizar cualquier intento de esclarecimiento de los hechos. «El PPdG no quiere que se investigue nada. No sólo bloquea la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, sino que perpetúa una cultura de opacidad y falta de responsabilidad política», ha afirmado.
La diputada socialista ha cerrado su intervención destacando que estas irregularidades no son anecdóticas, sino estructurales, y están ligadas a un modelo de gestión del PPdG que prioriza los intereses privados por encima del bien público. «Los contratos menores y las adjudicaciones de mano son el reflejo de una forma de gobernar centrada en los privilegios y no en el interés general. En pleno siglo XXI esto es inadmisible en una democracia avanzada».