Boom de promesas de vivienda pública ante el 18-F: 12.000 del BNG, 4.000 del PP y 2.500 anuales del PSdeG

La vivienda pública se ha convertido en una de las grandes protagonistas en las promesas electorales de PP, PSOE, BNG y Sumar de cara a los comicios que se celebrarán el próximo 18 de febrero. La escalada en los precios de los alquileres en las ciudades gallegas, sumada al debate abierto sobre la Ley de Vivienda que puso en marcha el Ejecutivo de Sánchez en la anterior legislatura, han situado al parque público residencial en el centro del debate en la campaña electoral.

Este miércoles la candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha presentado en Vigo las principales líneas de su programa de gobierno en materia de vivienda, y ha anunciado la puesta en marcha de un proceso de compra de pisos vacíos, para poner a disposición de los gallegos 12.000 viviendas públicas de alquiler a precio tasado.

Pontón ha incidido en que el PP, en los últimos años, «dinamitó» las políticas de vivienda, sin preocuparse de las dificultades de miles de familias para acceder a ese derecho fundamental.

Al respecto, ha anunciado un programa «muy ambicioso» del BNG para triplicar el actual parque de vivienda pública, poniendo a disposición 12.000 viviendas en 8 años, y «blindando por ley» que se destinen a alquiler a precio asequible. Se trata, ha explicado, de una medida de fácil y rápida ejecución, porque el proceso de construcción es mucho más complejo y lento, y permitiría empezar a poner en el mercado parte del cerca de medio millón de viviendas vacías que hay en Galicia.

Las 8.000 viviendas de Rueda

El pasado sábado Alfondo Rueda, candidato popular a revalidar cargo al frente del Gobierno gallego, presentó su programa compuesto por 870 medidas. Entre ellas se incluye el compromiso de duplicar el parque público, área que se mantuvo estancada durante la etapa de Alberto Núñez Feijóo.

El objetivo de los populares es que en 2028 el parque público residencial se eleve hasta las 8.000 unidades. Para conseguirlo será necesario habilitar 4.200 viviendas públicas más ya que en Galicia hay actualmente 3.800. En todo caso, supondría perseverar en la apuesta que ya avanzó en marzo de 2023 y que pretende aumentar en un 50% el parque público hasta 2026.

Por otro lado, el plan de Rueda es que el sector privado apoye el nuevo impulso de acceso a la vivienda, por lo que, en caso de repetir como presidente de la Xunta, pondrán las medidas para que haya 20.000 viviendas protegidas cuando finalice la siguiente legislatura. 

El compromiso de Besteiro

Los socialistas gallegos también se suman al impulso del parque público. José Ramón Gómez Besteiro, candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, se ha comprometido a impulsar unas 2.500 viviendas protegidas anuales en Galicia con medidas como la prevención de las viviendas vacías y la rehabilitación.

El PSdeG también apuesta por duplicar las ayudas que se dirigen al bono alquiler para jóvenes y, sobre todo, afrontar directamente las zonas tensionadas para permitir que los alquileres sean más baratos y accesibles.

El banco de pisos de Sumar

Por su parte, la candidata de Sumar a la Presidencia de la Xunta ha propuesto la creación de un banco de pisos en Galicia. El objetivo es que la administración ayude a los propietarios en la remodelación y mejora de las viviendas a cambio de que los inmuebles sean puestos en alquiler, eso sí, con precios tasados. 

Según ha señalado Lois, “es la fórmula para que se cedan pisos y se  favorezca el acceso a miles de familias y jóvenes que buscan alquiler”.  La formación pretende hacer “un giro de 180 grados” en lo que a vivienda se refiere tras 14 años de “parálisis” que ha provocado que más de “18.000 personas quieran vivienda de protección autonómica, pero no puedan acceder”. 

Otra de las medidas que quieren impulsar los de Yolanda Díaz es la creación de una conselleria única de vivienda que trabaje en coordinación con los ayuntamientos. Así mismo, también proponen establecer controles sobre la proliferación de residencias de uso turístico debido a su “fuerte impacto” en la subida de los precios de alquiler.