Óscar Puente cifra en unos 2.000 millones el coste de transferir la AP-9 incluso sin liberar los peajes

Una visita de Óscar Puente a las obras de la estación intermodal en Lugo sirvió para constatar que todo lo relacionado con la AP-9 es terriblemente caro, cuestión ya sospechada en Galicia a fuerza de pagar peajes. El ministro de Transportes volvió a referirse a la autopista después de que la mayoría del Congreso respaldara la trasferencia a la Xunta. Y puso de nuevo números sobre la mesa. “Transferir las competencias tiene un coste de entre 1.260 y 2.600 millones de euros; rescatar la concesión, unos 4.000 millones”, dijo Puente, que aprovechó para sugerir que si alguien pone los 6.000 millones que calcula, no va a poner ningún obstáculo. «Nosotros encantados de rescatarla y transferirla», zanjó.

Esa horquilla entre 5.260 millones y 6.600 millones es un dato nuevo respecto a la vía que conecta Ferrol con Tui, pues hasta ahora el ministro había hablado siempre de 4.000 millones refiriéndose al rescate de la AP-9, que explota la concesionaria Audasa. Según explican fuentes del Ministerio, ese elevado coste adicional se correspondería con «las obligaciones que establece para la Administración General del Estado la Proposición de Ley de Transferencia de la autopista» y que suponen un coste extra al propio rescate.

Las obligaciones del Gobierno

No está claro, sin embargo, cuáles son estos elementos adicionales. La proposición de ley se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 19 de enero presentada por el Parlamento gallego. El documento, efectivamente, mantiene obligaciones relevantes para el Gobierno central, como sufragar los compromisos financieros adquiridos con Audasa, lo que atañe a las compensaciones por las bonificaciones de peaje o al 1% adicional de encarecimiento de las tarifas para costear las obras de ampliación del puente de Rande y de la circunvalación de Santiago.

Además, el texto también prevé una ampliación de las rebajas a cargo de las arcas del Ejecutivo central. «La Administración del Estado dotará a la
Comunidad Autónoma de Galicia de los medios económicos necesarios para ampliar las bonificaciones a las personas usuarias recurrentes, aumentándolas para todas las categorías de vehículos pesados, y extendiéndolas a familias numerosas y a viajes nocturnos».

Junto a estas obligaciones, también se establece que el Estado será el responsable de los litigios derivados del periodo en el que es titular de la autopista, lo que incluye la posible anulación de la concesión por exigencias de Bruselas, que considera que la prórroga de 25 años otorgada por el Gobierno de José María Aznar es ilegal. La extinción de la concesión y la indemnización a Audasa también correría a cargo del Estado.

«La Administración del Estado asumirá, con cargo a los presupuestos generales del Estado, cualquier consecuencia económica derivada de decisiones o situaciones que no fuesen responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Galicia y que tengan consecuencias en el contrato de la concesión», dice la Proposición de Ley.

Obras en la autopista

Finalmente, el texto también establece que la Administración general del Estado asumirá, con cargo a los presupuestos generales, «el cumplimiento de todas aquellas actuaciones e infraestructuras ya comprometidas, así como de aquellas que fuesen necesarias en el futuro para el cumplimiento de normativa, para una explotación adecuada o para que el nivel de servicio de la autopista se mantenga en un rango adecuado». Estas inversiones en la vía sí que parecen estar al margen de un hipotético rescate.

Del mismo modo, el Gobierno también asumiría la obligación de dotar a la Xunta de «los medios materiales, humanos y presupuestarios necesarios, de acuerdo con las previsiones contenidas en la presente ley, incluyendo en el acuerdo de traspaso los compromisos de inversión en actuaciones e infraestructuras, las compensaciones económicas derivadas de convenios y los compromisos de gasto derivados de las medidas para bonificación de los peajes».

En esos elementos, Óscar Puente estima un coste adicional próximo a los 2.000 millones que se añadirían, según trasladó, a los 4.000 millones del rescate. Dicho de otra manera, la transferencia de la autopista a Galicia conllevaría un gasto mínimo de entre 1.260 y 2.600 millones, y con ese dinero no se liberarían los peajes ni se rescataría la concesión, pues para ello harían falta otros 4.000 millones más, según el ministro.