El mapa local gallego cumple 200 años en pleno debate sobre la fusión de concellos
Pese a los intentos en los últimos años de impulsar fusiones entre ayuntamientos, la falta de consenso político y el arraigo dificultan los cambios administrativos
El actual mapa administrativo gallego aprobado entre 1836 y 1840, durante el reinado de Isabel II, cumple casi 200 años sin apenas cambios en el número de ayuntamientos pese a los intentos de impulsar la reducción de municipios como vía para combatir la despoblación y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios.
En declaraciones a Europa Press, el profesor del departamento de Geografía de la USC Alejandro Otero recuerda que la estructura municipal de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense data de 1836; mientras que la de Lugo sería aprobada cuatro años más tarde, en 1840, toda vez que la estructura presentada inicialmente no reunía los requisitos que se exigían.
El catedrático de Análisis Geográfico Regional de la USC y uno de los autores del estudio sobre el impulso de las fusiones presentado por la Xunta recientemente, Rubén Lois, explica que con la creación de los ayuntamientos en este nueva mapa se buscaba eliminar las «unidades parroquiales» en un contexto de sublevación carlista en el que el poder «temía que una entidad que tenía tanta vinculación con la iglesia sirviese para montar estructuras de contrapoder contra el Estado liberal».
Un mapa estable y atomizado
Desde aquel momento hasta la actualidad, señala Alejandro Otero, «se puede decir que el mapa municipal gallego es estable casi en su totalidad». Así, precisa que si bien hubo cambios como fusiones, anexiones y segregaciones de ayuntamientos en estos años «fueron pequeños y afectaron sobre todo a las ciudades».
Así, el siglo XIX fueron frecuentes los acuerdos y desacuerdos entre administraciones locales, unas fricciones que llevarían a la independencia de varias localidades para crear nuevos ayuntamientos que, en muchos casos, no se llegarían a consolidar con el tiempo.
Un caso curioso es el de O Rosal, que se independizó de A Guarda en 1847, pero cuatro años después, en 1851, se volvería a integrar en el municipio de origen para, tres años más tarde, en 1854 volver de nuevo a segregarse. Lo mismo ocurrió con Vilarmaior, que durante un breve periodo de tiempo se anexionó a Pontedeume.
En este siglo en el que el movimiento más frecuente fue el cambio de parroquias entre ayuntamientos, solo se produjo una fusión: Caramiñal y A Pobra de Deán. Por su parte, las anexiones, más 12, fueron numerosas.
Los cambios del siglo XX
Ya en el siglo XX, los principales cambios, señala Alejandro Otero, tendrían lugar alrededor de las grandes urbes. Las ciudades acabaron incorporando municipios adyacentes, como el caso de Oza en A Coruña; de Canedo en Ourense; de Serantes en Ferrol; de Enfesta y Conxo en Santiago; Lavadores y Bouzas en Vigo; y Xeve y Ponte Sampaio en Pontevedra –la ciudad ya había anexionado en el siglo pasado a tras municipios colindantes–.
Además de las citadas absorciones en las ciudades, solo se produjeron algunas segregaciones como, entre otros, los casos de A Illa de Arousa, Mondariz-Balneario, Pontecesures y Rábade. Todos ellos surgen marcados por un ambiente conflictivo y turbulento entre la parroquia que se desmiembra y el ayuntamiento matriz.
En este tiempo se registró la fusión de municipios como Celanova y Acevedo de Río, en Ourense; o A Pontenova y Villaodrid. Al respecto, el profesor Rubén Lois explica que los casos de fusiones fueron «muy salteados y excepcionales» ya que lo más habitual fue «intentar asociar ayuntamientos periféricos con las ciudades para que estas tuviesen más población». Esta agrupación que se llevó a cabo en «plena urbanización» de España, especialmente en las primeras décadas del siglo XX, a veces respondía a «decisiones un poco peregrinas» como el hecho de que Enfesta acabase formando parte de Santiago de Compostela por la construcción del aeropuerto de Lavacolla.
«¿Y como iba a estar el aeropuerto fuera de Santiago? Entonces anexionaron todo un ayuntamiento para hacer el aeropuerto dentro del municipio de Santiago», ha señalado Lois, que explica que se seguía el modelo de Madrid, que absorbió 14 pequeños ayuntamientos de la periferia para temer más habitantes que Barcelona en la posguerra.
Pese a la madurez de esta estructura administrativa, el experto señala que «se fue adaptando» y «goza de una buena valoración ciudadana», en la que los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, «están arraigados».
Dificultades de los pequeños ayuntamientos
Pero este arraigo, apuntan los expertos, no evita que empiecen a «observarse problemas», especialmente entre los municipios más pequeños del rural, unas dificultades que pueden «agravarse» con la despoblación y dar lugar a «administraciones muy débiles para hacer frente a la prestación de servicios: el inframunicipalismo».
Ante este hecho, conforme señala Rubén Lois, se plantea la idea de «agruparse, comarcalizarse, mancomunarse o fusionarse», un debate que se impulsó en épocas de crisis, la más reciente la de 2007. «Es mucho más eficiente un ayuntamiento de 5.000, 8.000 o 20.000 habitantes que uno de 1.000 o 1.500», ha indicado para sostener que en este contexto «la escala supralocal» o «comarcal» funciona «más de lo que se quiere reconocer.
«Lo que nos dicen es que con 50 o 60 unidades –en el conjunto de Galicia– se podría gestionar mejor», señala para precisar que estas unidades podrían ser comarcas, ayuntamientos o bien áreas metropolitanas. «Hay varias opciones», una de ellas «la fusión». «Pero hay otras alternativas como pueden ser mantener los servicios a escala comarcal», indica.
En este punto, el catedrático de Derecho Administrativo de la UDC, Francisco Sanz Larruga, sostiene que la actual legislación contempla como vías tanto las fusiones, a las que da todas las garantías, como otras fórmulas como la colaboración interadministrativa como las áreas metropolitanas –para las zonas de especial densidad urbana–, las mancomunidades o los consorcios.
Falta de consenso político
La falta de consenso político y social es para los expertos políticos la principal causa de que el mapa administrativo de Galicia no registrase más cambios, unas modificaciones que, excepto en casos excepcionales, solo se producen cuando se dictaminan «por decreto».
«Hace 200 años había que constituir un estado liberal y moderno, después de Fernando VII e Isabel II y se hace un mapa nuevo, pero la misma Constitución de 1978 pudo eliminar las provincias o eliminar los ayuntamientos e ir a otra división y lo hizo, se superpuso el mapa de hace 200 años a nivel local y provincial con uno completamente nuevo, que era el de las comunidades autónomas», señala Rubén Lois.
En este punto, reflexiona sobre el hecho de que las propias estructuras de los partidos políticos se mueven en función de un mapa municipal y «hay mucha reticencia a cambiar el sistema de organización» pese al pequeño impulso que sufrió el debate con el estallido de la crisis económica del 2007.
De hecho, tal y como apunta el catedrático de Derecho Administrativo de la UDC, Francisco Sanz Larruga, este debate llevaría a que en la reforma de 2015 de la Ley de Régimen Local se optase por fomentar las fusiones. Sin embargo, pese al impulso, sostiene que «casi no hubo ninguna» y en Galicia se reducen a los casos de Oza-Cesuras y Cercedo-Cotobade.
«El balance ha sido muy pobre porque hay un tema de sentimiento de vecindad por su municipio, que aunque fuese más lógico unir esfuerzos en esos municipios, perder un poco esa identidad, es muy fuerte y eso es lo que lleva a un rechazo general a las fusiones». «Y no olvidemos también las razones políticas, porque perder cargos políticos para los partidos y para los políticos es muy duro, y eso también es un componente muy importante», añade.