Lorenzana denuncia la “persecución” del Gobierno a Lugo por su trato a Altri: “Es intolerable”
La conselleira de Economía, que también califica como insuficiente la respuesta que da el Ejecutivo central a la situación de Alcoa, sostiene que la Xunta “no va a consentir” que se pongan en riesgo hasta 3.500 puestos de empleo en la provincia
“Persecución genuina”. De esta forma califica la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, ha definido la actitud del Gobierno contra la provincia de Lugo por su trato a Altri, la compañía portuguesa que proyecta un planta de fibras textiles sostenibles en Palas de Rei. En esta línea la conselleira también ha cuestionado la respuesta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ofrece a la situación de Alcoa, mediante las ayudas a las electrointensivas, que considera insuficiente.
Así, en declaraciones sobre las palabras del ministro de Industria, Jordi Hereu, Lorenzana ha lamentado que se traducen en «muy malas noticias» tanto para el proyecto de Altri, como para la factoría de Alcoa en San Cibrao. «Me parece intolerable, además de bastante reprochable, que un ministro diga que no conoce un proyecto de estas dimensiones, un proyecto que va a generar miles de empleos en la provincia y que lleva más de un año esperando financiación. Por supuesto, hace más de un año que lo conoce el Gobierno y el ministro tiene la desfachatez de decir que solo desde hace un mes», ha lamentado.
Al margen de la petición de financiación –que se ha demandado desde distintas instancias y que, ha contrapuesto, sí han recibido empresas de automoción o ArcelorMittal en Asturias, entre otras–, también ha incidido en que Altri necesita de una infraestructura de transporte eléctrico para la planta de biofibras que tampoco «se ha puesto sobre la mesa», pese a que el Ejecutivo autonómico lo ha «reclamado».
“Engaño” sobre las ayudas a las electrointensivas
Con Alcoa en el foco, tras el inicio ‘in extremis’ del proceso para arrancar las primeras cubas, Lorenzana también ha calificado de «engaño» la afirmación del ministro de que el Gobierno incrementará las ayudas a las empresas electrointensivas –en concreto, afirmó que se ampliarían hasta los 300 millones las ayudas por los costes indirectos del CO2 que asumen–.
La conselleira ha argumentado que, en realidad, estas ayudas «bajan» en relación al ejercicio anterior, toda vez que el Ejecutivo central, ha dicho, no agota el porcentaje de apoyo que le permitiría proporcionar la Unión Europea –y que el porcentaje que se destina, ha añadido, es inferior, proporcionalmente, al del año previo–.
«Parece mentira que se esté engañando así a los ciudadanos. Tienen que saber que la Unión Europea permite, de todo lo que se recauda por la emisión de CO2, destinar hasta un 25% de esa recaudación a ayudas a las electrointensivas. En los presupuestos del año anterior se destinó un 10%, no se llegó ni se acercó a ese 25%, pero es que este año se destina un 8,6%», ha explicado.
«Es decir, pudiendo haber llegado a apoyos a las electrointensivas por valor de 860 millones de euros, nos hemos quedado en 300 millones. Se han perdido 560 millones que podrían llegar a estas empresas, cuando ayer el precio energético que teníamos aquí cuadriplicaba el de Francia», ha agregado.
Asimismo, la conselleira se ha quejado de que el Gobierno tampoco haya dado «un ultimátum» para que «inmediatamente» Alcoa diga lo que va a hacer y que si no «se intervenga» por parte del Estado. Por ello, ha concluido que la actuación del Ministerio de Industria en relación a la factoría de Cervo se limita a «buenas palabras».
Las consecuencias: pérdidas de hasta 3.500 empleos
Esta coyuntura, según Lorenzana, da a entender a la Xunta que existe «una persecución genuina» del Ejecutivo central contra Lugo y contra Galicia que se podría traducir, en el peor de los casos, en la pérdida de hasta 3.500 empleos. No en vano, ha advertido que se podrían perder 1.000 empleos de Alcoa y otros 2.500 si el proyecto de Altri en Palas de Rei «no va para delante».
«Nosotros esto no lo vamos a consentir», ha advertido, y ha incidido en que prevé reclamar de inmediato una reunión que tenía pendiente con la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró. Hasta ahora, ha precisado que había actuado «con la prudencia» que, a su modo de ver, exige el tiempo limitado que el propio ministro llevaba en el cargo.
«Lo que reclamamos es que se mire por la industria y no se hagan perder más de 3.000 empleos en España y en la provincia de Lugo por una cuestión que ya parece un empecinamiento y una persecución contra Galicia», ha zanjado.