Pistoletazo de salida a la eólica marina con subastas y concesiones hasta 30 años

El Ministerio para la Transición Ecológica ha presentado al fin en sociedad el decreto que regulará las subastas de eólica marina, la pata que faltaba para el desarrollo de esta tecnología tras la aprobación de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, donde se fijan las zonas para el desarrollo prioritario de los parques. La normativa, que se abre ahora a alegaciones, llega con el sector pesquero alarmado por el impacto que las instalaciones puedan suponer para su actividad y con una importante masa crítica en Galicia en contra de los POEM, incluyendo el BNG, el primer partido de la oposición en la Xunta.

El proyecto de Real Decreto fija las subastas, denominadas «procedimiento de concurrencia competitiva», como el mecanismo para poner en marcha las iniciativas, que promotores del tamaño de Iberdrola, Ferrovial o Cobra, entre otros, ya han manifestado su interés en desarrollar frente a la costa gallega. Estas subastas adjudicarán de manera simultánea el régimen económico de energías renovables, la reserva de la capacidad de acceso a la red y la concesión de uso del dominio público-marítimo terrestre por un periodo máximo de 30 años.

Garantías para la actividad pesquera

En este procedimiento, los criterios para valorar los proyectos incluirán aspectos como la minimización del impacto ambiental, la creación de empleo e industria local y la compatibilidad de las instalaciones con otros usos del mar. Es uno de los mecanismos que fija el departamento de Teresa Ribera para mitigar el impacto sobre el medio y sobre la pesca, junto a otros como la inclusión de una fase de dialogo público-privado para la participación de los sectores afectados por las instalaciones renovables marinas posterior a la convocatoria de las subastas.

En esa fase, que el Ministerio podrá abrir o no de manera opcional, podrán abordarse aspectos como las áreas donde se ubican los aerogeneradores, el cupo de potencia o «aspectos que deban tenerse en cuenta en el diseño, construcción, explotación y desmantelamiento de las instalaciones que puedan incrementar su compatibilidad con otros usos del mar, entre otros, el sector pesquero, la actividad portuaria o la seguridad marítima», según dice el proyecto normativo.

Además, también se establece como «criterio» para los proyectos de eólica marina las medidas de compatibilidad que establezca con la actividad pesquera. En un comunicado, el Ministerio se pronuncia sobre este aspecto al señalar que «los concursos que servirán para otorgar dichos derechos, además de criterios económicos y técnicos –precio de la energía, cupo de potencia a otorgar, solvencia de los participantes, características y requisitos de la tecnología, etcétera– se podrán tener en cuenta otros criterios, como la ocupación de espacio, la minimización del impacto ambiental, planes para desmantelamiento de los equipos al final de su vida útil, creación de empleo e industria locales, participación de pymes, o la incidencia sobre la navegación, o el apoyo a otros sectores económicos, como la pesca».

A priori, el enfoque que dibuja el equipo de Ribera no será suficiente para tranquilizar al sector. Los llamados criterios no económicos, entre los que estarían todos estos aspectos, podrán pesar un máximo de un 30% a la hora de las adjudicaciones. El resto de la valoración estará determinada en su mayor parte por el precio ofertado por la energía generada.

El Gobierno mantiene su hoja de ruta

La presentación de la nueva regulación ha servido al Ejecutivo para reafirmar su hoja de ruta, que pasa por alcanzar hasta 3 GW de eólica marina y hasta 60 MW de otras fuentes renovables marinas en 2030. «Este desarrollo, ordenado, respetuoso con el medio ambiente y compatible con otros usos y actividades en el mar, generará una importante actividad económica y permitirá crear unos 40.000 puestos de trabajo», asegura el Ministerio en su comunicado.

Respecto a los POEM, recalca que son un instrumento «de zonificación» para los distintos usos del mar, incluyendo la pesca, la navegación o la producción energética. Recuerda que incluyen 19 Zonas de Alto Potencial (ZAP) para la instalación de aerogeneradores marinos, «con 5.000 kilómetros cuadrados de superficie, el 0,46% de las aguas territoriales».