La Xunta abre la puerta a la intervención de los precios del alquiler pese a recurrir la Ley de Vivienda

La Xunta abre la puerta a declarar en Galicia zonas tensionadas, el requisito para limitar los precios del alquiler previstos en la Ley de Vivienda del Ejecutivo estatal. La vicepresidenta segunda y conselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez, ha asegurado que el Gobierno gallego «no se niega» a la declaración de zonas de alquiler tensionado, aunque «no lo va a hacer de oficio», y ha pedido a los ayuntamientos que «avalen con documentos» la solicitud. Hasta ahora solamente Santiago y A Coruña han mostrado interés en obtener esta declaración.

La Xunta está dispuesta a estudiar estas solicitudes y declarar zonas tensionadas a pesar de su oposición a la normativa estatal, que dijo que recurriría ante el Tribunal Constitucional por, entre otras cuestiones, invadir competencias autonómicas. En una visita al Biopolo de A Sionlla, Vázquez ha apuntado que no les ha llegado por ahora solicitud alguna de Santiago y que el Concello de A Coruña remitió «una instancia» a la que han respondido solicitando documentación que todavía no ha llegado a la Consellería.

Sobre la postura de la capital gallega, Ángeles Vázquez ha insistido en que «lo que tiene que hacer la alcaldesa», Goretti Sanmartín, es «trabajar». «Si ella quiere dar respuesta al mercado tensionado, lo primero que tiene que hacer es solicitarlo. No hay solicitud en la Xunta, no existe instancia ni solicitud, lo único que existe es una declaración de intenciones que se hace a viva voz», ha criticado. Vázquez ha reiterado que «hay que cumplir la ley», que puede parecer «más o menos estricta». Con todo, ha afirmado que esta normativa «consecuencias buenas no va a tener ninguna».

Menos de un 5% de grandes tenedores

La conselleira ha explicado que cada ayuntamiento tiene que «analizar qué zona quiere declarar como zona tensionada». Para ello, ha detallado, «tiene que saber el número de grandes tenedores en esa zona, y solo en aquellos pisos o viviendas que llevan más de 5 años sin alquilar se les puede topar el precio«. También ha recordado que hay que «perimetrar», facilitarle a la Xunta esa información y «planificar a lo largo de unos años cómo le va a dar solución», así como «destinar el 20% de suelo público a vivienda pública». «Eso es lo que tienen que hacer, no sé si les parece complicado o no», ha aseverado.

En esta línea, ha avanzado que en el caso de Galicia «menos del 5% son grandes tenedores«, mientras que «el 95% restante son personas de a pie, de los cuales de ese 95% el 35% de los propietarios de pisos que alquilan son jubilados». A partir de ahí, ha opinado, lo que hay que hacer es «dar seguridad jurídica, para que aquellos pisos que están vacíos puedan salir a alquilar». Es en ese punto en el que la vicepresidenta segunda entiende que hay que «trabajar, profundizar y agilizar las licencias para que los promotores no estén dos o tres años sin poder construir».