Galicia sigue a Madrid y mueve ficha tras el varapalo judicial al impuesto de grandes fortunas

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, anuncia un cambio legislativo mientras siga vigente el impuesto estatal para que la recaudación se quede en Galicia y sirva para financiar servicios públicos

Miguel Corgos, conselleiro de Facenda / Xunta

Miguel Corgos, conselleiro de Facenda / Xunta

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La Xunta sigue los pasos del Gobierno madrileño y modificará su normativa para que la comunidad recaude el impuesto de las grandes fortunas estatal. Así lo ha anunciado este viernes el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien ha apuntado que el objetivo es que el dinero se quede en Galicia para financiar los servicios públicos. 

El anuncio se produce después de que el pasado martes el Tribunal Constitucional avalase el impuesto, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros, al rechazar el recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz-Ayuso. 

«Mecanismo» temporal

Según ha explicado Corgos, se tratará de un mecanismo de carácter «temporal» que estará en vigor mientras siga vigente el impuesto estatal, mientras que ha reafirmado que la Xunta, por su parte, mantendrá la bonificación que ha establecido del 50 % al impuesto de patrimonio en la comunidad.

El cambio legislativo se llevará a cabo a través de una enmienda presentada por el PPdeG a la ley de medidas de acompañamiento de los presupuestos del año que viene, que inician el lunes su tramitación en el pleno para entrar en vigor el 1 de enero.

Corgos ha indicado que el mecanismo que articulará la Xunta consiste en que «aquellos sujetos pasivos del impuestos sobre las grandes fortunas no paguen ese impuesto porque pasan a tributar por todo su patrimonio en la comunidad autónoma», con lo que esa cuantía que pagarían por el tributo estatal «se pasa a pagar en Galicia». Así, ha asegurado que van a pagar lo mismo pero, en lugar de a la hacienda estatal, a la autonómica.

Además, ha considerado que no tiene por qué ser causa de litigio con el Estado, ya que si el Constitucional «dio visos de constitucionalidad a la invasión de competencias autonómicas» y a modificar el impuesto de patrimonio, no ve que ahora «le parezca mal» que la comunidad lo haga al «contrario

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